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Editorial

La justicia de la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere una justicia a modo de la llamada 4T. De sobra son conocidas sus confrontaciones con el Poder Judicial de la Federación (PJF), desde hace más de una década, cuando en el gobierno de Vicente Fox le aplicaron la máxima juarista de “a los enemigos, justicia” y fue despojado del fuero constitucional por desacato de una resolución judicial.

Desde entonces, su inquina hacia los jueces ha sido más que notoria y se ha servido de los excesos e históricas deficiencias de la aplicación de la justicia en el país para descalificar al PJF que en los últimos 25 años, con altibajos, se ha reivindicado como el tercer Poder del Estado y no el poder de tercera que fue durante el régimen del PRI del siglo pasado.

Indefendibles son los altos ingresos y prerrogativas de la cúpula judicial, el nepotismo, el influyentismo, la opacidad y otros graves problemas de la justicia en México. Pero no es con jueces a modo, leales a un régimen, como se puedan superar. Al contrario.

Todavía López Obrador no asumía el Ejecutio Federal cuando su operador en el Senado, Ricardo Monreal advirtió que para el régimen de la llamada 4T se necesita “una sacudida” al PJF.

La LXIV Legislatura, que comenzó en septiembre del año pasado, ha registrado desde entonces una veintena de iniciativas, encabezadas por el propio Monreal, para reformar al sistema judicial en el país, no solo en lo que toca al PJF, sino también a los poderes judiciales estatales.

Impulsadas por el gobernante Morena, las propuestas parten del propósito de acabar con aquellos males tan acusados.

Lo que está en juego es el necesario equilibrio de Poderes del Estado mexicano para no retornar a lo que fue el poder judicial en el régimen autoritario priista.

El gobierno de López Obrador lleva prisa y en las próximas semanas podría presentar su propia agenda de reformas al sistema judicial del país para ser aprobadas en el actual periodo ordinario del Congreso.

A diferencia de lo ocurrido en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando aprovechó el receso judicial de diciembre de 1994 para desaparecer durante 15 días al Poder Judicial que venía del priismo y lo organizó a su diseño actual -lo que fue interpretado como un golpe de Estado técnico-, López Obrador ha optado por la búsqueda de aliados en el PJF para su reforma; además de su mayoría legislativa.

Su principal aliado es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el minstro Arturo Zaldívar, quien en enero pasado fue electo cabeza del PJF con el apoyo del nuevo régimen.

La lógica de su elección fue quitarle la rectoría a la llamada “familia judicial”; es decir, a los hombres y mujeres de carrera judicial que habían dominado en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el poderoso órgano de control de los jueces y magistrados federales.

Lo que pueda pasar con el PJF y poderes judiciales de las entidades bajo la 4T podría ser resultado de decisiones tomadas no por quienes son los de carrera judicial, sino por los llamados externos al Poder Judicial y los actores políticos dominantes del momento.

Nadie duda de la necesidad de reformar al sistema judicial. Es necesario, por ejemplo, establecer de forma técnica los ingresos de los jueces y magistrados, y no meramente por decisión presidencial. El principio constitucional de que en México nadie debe ganar más que el presidente debe ser aplicado con criterios técnicos establecidos por el Congreso.

El presupuesto, las formas de gobierno y la administración también deben estar garantizados en cualquier reforma si lo que se busca es la autonomía e independencia del Poder Judicial.

La designación de los ministros de la Suprema Corte y de los integrantes del CJF, la estructura y funcionamiento de la propia Corte y del Consejo de la Judicatura, la paridad de género, la transparencia, la carerra judicial y la designación de jueces son, entre otros, temas cruciales para una reforma de la justicia en México.

La administración y aplicación de la justicia definen a un país y su calidad democrática.

Durante el cuarto de siglo pasado pasado, México ha gastado mucho tiempo y dinero en reivindicar a ese tercer Poder. Lo que haga o deje de hacer la 4T tendrá repercusiones para la justicia en México más allá de su gobierno. Ahí la oportunidad, pero también el peligro.

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