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SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este fin de semana, Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la comisión especial para el Caso Ayotzinapa, presentó avances a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace 5 años en Iguala de la Independencia, y lo que les dijo es todo un jugoso filón que, lamentablemente, apunta de un lado hacia el Ejército, y del otro a los funcionarios que ya señaló en su informe del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Encinas dijo que después de analizar 84 millones de llamadas telefónicas que se generaron desde la tarde del 26 de septiembre, cuando comenzó la persecución contra los estudiantes, y los días siguientes, cuando se conoció la infausta noticia de que había 43 estudiantes desaparecidos, pasando por la primera noticia de una posible masacre en voz del padre Solalinde, defensor de los derechos humanos, quien se trasladó a Iguala para hacer las primeras indagatorias no oficiales del caso, y cuya conclusión fue espeluznante: “Los hicieron barbacoa”.

Desde entonces se supo que los muchachos habían sido asesinados, aunque las autoridades siguen buscando por protocolo a los estudiantes vivos, y aunque ya el gobierno federal dio un primer veredicto en el sentido de que, en efecto, los estudiantes fueron detenidos por policías estatales y entregados a un grupo delincuencial, quien los habría matado e incinerado en el basurero de Cocula, y posteriormente tirado los restos al río San Juan.

Los guerrerenses vivimos hace casi 5 años lo que sucedió después: el caos político y social se desató, y provocó la caída del régimen aguirrista, que intentó hasta el último minuto permanecer en el cargo, alegando que no era responsable de lo que sucedió en Iguala, cuyo alcalde José Luis Abarca y su esposa, fueron defenestrados, perseguidos, detenidos y encarcelados desde entonces.

El caso, sin embargo, dista mucho de estar resuelto. Los padres y sus abogados, no han quitado del dedo del renglón hasta conocer lo que realmente sucedió esa noche, rechazando de antemano la “verdad histórica” que les presentó el ex procurador Murillo Karam.

Así transcurrió más de la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto y nadie duda de que el Caso Ayotzinapa aceleró su decadencia, pues aunque el mexiquense entregó el cargo en sus tiempos, su popularidad y poder político se vieron siempre mermados a tal grado de que los gobernadores y sus secretarios hicieron lo que les vino en gana, bañando al país con los casos más escandalosos de corrupción e impunidad, que hasta el día de hoy se están desahogando.

Durante su campaña política, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Caso Ayotzinapa sería una prioridad en su gobierno, y que “caiga quien caiga”, no descansaría hasta dar con lo que en verdad sucedió aquella noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Previo al fin del sexenio, la CNDH presentó su informe –con 4 años de distancia, hay que recordar-, y emitió una serie de recomendaciones para funcionarios federales y estatales, pero sin determinar a ciencia cierta dónde están los estudiantes o qué pasó con ellos. Únicamente se dijo que la Fiscalía Federal tiene en su poder restos humanos de por lo menos 19 personas que se recogieron en el río Cocula, que nunca fueron analizados para determinar si se trataba de una parte de los 43 desaparecidos, pues se planificó mostrar sólo una minúscula parte de la investigación, con la esperanza de que se cerrara y ya nadie indagara más.

El tiempo demostró, sin embargo, que fue una estrategia fallida. Más les hubiera valido decir plenamente la verdad en su momento, castigando a quien se tuviera que castigar, que mentir y cargar con la mentira.

Así llegó el 1 de diciembre pasó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y una de sus primeras acciones fue nombrar a la Comisión Especial para indagar el caso, y la puso en manos de Alejandro Encinas.

Éste ha avanzado  sin distraerse. Ya reunió al ex gobernador Aguirre con los padres de los 43 estudiantes; ya realizó cateos en fincas de Iguala que presumiblemente fueron usadas como casas de seguridad, con la esperanza de hallar pistas del destino de los jóvenes.

Y este fin de semana informó de que ya se tiene concluida la red de intercambios telefónicos, desde la cual se puede determinar cómo y cuándo fueron detenidos los estudiantes, y cómo se dio su desaparición.

Se adelanta algo de todo esto, algo sumamente importante, que tocará por primera vez a las Fuerzas Armadas del país.

Encinas anunció que citará a declarar a los elementos del Batallón de Iguala, y que ya lograron las bitácoras del personal militar correspondientes a ese día, algo que siempre estuvieron negando.

Por lo tanto, la cosa va en serio. Y de continuar en esta ruta, pronto se tendrá un claro escenario de lo que sucedió, y obviamente conoceremos dónde y en qué condiciones están los 43 estudiantes desaparecidos.

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