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SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El 140 aniversario por el natalicio del General Emiliano Zapata, padre del agrarismo en México, reunió a tirios y troyanos en una misma causa. México se vio envuelto en una serie de manifestaciones de hombres y mujeres del campo, aglutinados en organizaciones campesinas que, dicho sea de paso, se han enfocado más en la política que en la producción, y operan a través de los partidos políticos.

No hay manera de soslayar eso. Desde siempre, las organizaciones sociales y sindicatos han sido la columna vertebral del PRI, y un modelo similar adoptaron también el PRD y el PAN. Este último partido, al carecer de una base social en las clases desprotegidas, a partir del gobierno de Vicente Fox utilizó los recursos públicos de programas sociales y productivos diversos, para aceitar una red de organizaciones civiles, comerciales, industriales y de servicios, para transferir a través de ellas los recursos a la población, creando una especie de cacicazgo “fifí”.

No estamos hablando aquí de que los reclamos de las organizaciones campesinas sean ilegítimos, sino todo lo contrario. Después de 27 años de la contrarreforma agraria en México, no podemos más que decir que todo fue ir en picada, y que hoy el campo de México está en picada.

Tal vez por eso algunas organizaciones campesinas, sobre todo de izquierda, se están pronunciando porque se vuelva a modificar la base constitucional del desarrollo agropecuario en el país, y que el Estado retome la rectoría de este sector, al que dejaron al garete en aras de una mal entendida política de mercados.

Pero la militancia ideológica sobre todo de los dirigentes, deslegitima cualquier manifestación y cualquier declaración, sobre todo cuando se está frente a una serie de cambios incómodos para todos.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puso durante la mañana de ayer algunos puntos y comas a la movilización campesina en torno a la figura de Zapata. Dijo que se trata de un intento por doblegar a su gobierno, en el asunto de eliminar el “guachicoleo” de recursos públicos, que antes se registraba vía precisamente las organizaciones campesinas.

Dijo que todo se daba a valores entendidos, al grado de que la Secretaría de Hacienda hacía bolsas especiales de recursos que transitaban escaleras debajo de la administración federal, vía las 7 principales organizaciones, provocando un saqueo de recursos que se iban quedando en el camino, hasta llegar lo menos a los campesinos.

Estos lo sabían también, y aceptaban su realidad, de hecho. Estaban acostumbrados a que sus líderes sirvieran de puente de sus peticiones, y en lugar de ir a gestionar apoyos a una ventanilla oficial, lo hacían en las oficinas de la CNC, CODUC, UNTA y otras.

Por lo tanto, el reclamo de más recursos y mayor atención al campo es legítimo. Pero éste debe darse en un marco de mayor transparencia, menor corrupción, para garantizar resultados.

Desde diciembre pasado, el Congreso Agrario Permanente (cuyas organizaciones que lo integran se movilizaron ayer), expuso su petición de incremento a los recursos de apoyo al campo, indicando que esto es un asunto de justicia social.

Pidieron concretamente un incremento de 10 por ciento al presupuesto del desarrollo agropecuario, lo cual implicaba que el gobierno federal destinara 32 mil millones de pesos adicionales a los ya programados.

Además, plantearon una treintena de propuestas para mejorar la actividad productiva, algunas muy interesantes, como reactivar algunos sistemas-producto que estaban prácticamente desmantelados, como el del amaranto, el ajonjolí, y rescatar también cultivos como el plátano y el café, que desde hace 6 años cayeron en un bache productivo, por plagas y envejecimiento de huertos.

Este año, la SADER manejó mediante el PEC (Programa Especial Concurrente), 366 mil 051.5 millones de pesos, de los cuales 0 pesos con 0 centavos pasó por las manos de los dirigentes de las organizaciones campesinas.

Éstas alegan que hay retraso en la entrega de los apoyos y piden que se les vuelva a tomar en cuenta en las gestiones. Pero el presidente dijo que no.

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