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Editorial

Los bienes de Elba

         La Fiscalía General de la República ha devuelto a Elba Esther Gordillo los bienes que le fueron asegurados tras su detención en 2013. El anuncio ha generado protestas airadas. La escritora y activista Lydia Cacho escribió en Twitter: “Es bestial que se premie a alguien que hizo tanto daño al país. Componendas políticas y judiciales con tufo a pasado. Regresan bienes a quien solo dejó males. Corruptocracia”.

         En la conferencia de prensa de este 22 de abril un reportero le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre “la percepción de partidos de oposición respecto [a] que hay un acuerdo del gobierno federal con un juzgado para regresar bienes a Esther Gordillo y que eso es parte de una corrupción”. La respuesta fue: “Esa es una volada del Reforma, de la prensa fifí. Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral. No hacemos acuerdos en lo oscurito”.

         La realidad es que Reforma publicó la primicia de la devolución de bienes a Elba Esther, cosa que nadie ha negado, por lo que no hay “volada” o difusión de información falsa. Posteriormente dio a conocer opiniones de líderes de la oposición, entre ellos Fernando Rodríguez Doval del PAN y Ángel Ávila del PRD, que cuestionaron la presunta “alianza entre López Obrador y Elba Esther”. Tampoco hay en ello volada, sino la simple expresión de posiciones críticas de líderes de la oposición, lo que la prensa libre difunde en cualquier país democrático. Tan generalizada es la crítica sobre una supuesta componenda que la ha denunciado también Lydia Cacho.

         La devolución de los bienes a la maestra, sin embargo, es jurídicamente inevitable. Cuando los tribunales exoneraron a Gordillo de las acusaciones presentadas por la Procuraduría de Peña Nieto, la nueva Fiscalía General no tenía más opción que devolver los bienes asegurados.

         Lo peor es que no se requería mucha sapiencia jurídica para entender que la maestra iba a ser exonerada y que los bienes asegurados tendrían que ser devueltos. La PGR demostró que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le había entregado a Elba Esther cerca de 2 mil millones de pesos que ella usó para gastos personales. Pero ante la negativa del SNTE de presentar una denuncia por fraude o malversación, el gobierno de Peña Nieto optó por recurrir a las acusaciones que se usaban para todo: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Mala idea. Los jueces las descartaron.

Hubiera sido mejor acusar a la maestra por defraudación fiscal, ya que recibió 2 mil millones de pesos para uso personal sin pagar impuestos. Pero la PGR solo presentó una acusación por defraudación fiscal por 4.3 millones de pesos y aun en ese caso los tribunales exoneraron a la maestra, por una situación de forma, ya que el SAT no le notificó la omisión antes de proceder jurídicamente contra ella.

         Por supuesto que es “bestial” que se le devuelvan a Elba Esther los bienes asegurados, pero no hay indicios de componenda. Lo que es claro es que el gobierno de Peña Nieto tomó malas decisiones al acusar a Gordillo. Si el SNTE se negaba a presentar una denuncia, entonces no había operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero sí ingresos multimillonarios por los que ella nunca pagó impuesto sobre la renta. El que hoy se le devuelvan los bienes que se le aseguraron por una acusación falsa no es componenda sino la simple aplicación de la ley.

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