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Editorial

Los rescoldos del peñismo

Desde que era presidente electo y luego ya en funciones Andrés Manuel López Obrador propuso un punto final con el pasado corrupto para no entramparse en litigios engorrosos y entorpecer su propuesta de la Cuarta Transformación basada en la austeridad y, paradójicamente, en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, la necesidad de mandar un mensaje contra la impunidad y la necesidad de mantener la aprobación ciudadana se le sobrepuso y ahora una vez más son retomados los casos de corrupción de Emilio Lozoya y Rosario Robles que son los rescoldos vivos de una administración que hizo de la corrupción un privilegio y una virtud pública del poder.

El gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo en la avaricia irrefrenable una característica muy particular del grupo político del Estado de México al que pertenece, conocido como el Grupo Atlacomulco, pueblo en el que nacieron varios de los fundadores de la corriente política del PRI que aún se mantiene viva con el gobernador Alfredo del Mazo.

Esta avaricia por el dinero y el poder, que no tuvo freno desde antes de que llegara a Los Pinos, se extendió desde lo más alto de la presidencia de Peña Nieto hasta los niveles burocráticos más bajos donde la famosa “mordida” se hizo parte de los trámites oficiales que se aceleraban o se atoraban si no se ofrecía dinero al funcionario en turno.

A pesar de que López Obrador quiso aplazar la exigencia social de que se aplique la justicia a los casos de corrupción del pasado como parte esencial de un cambio de gobierno, las pruebas cada vez más evidentes de desvío millonario del presupuesto público de personajes como Lozoya y Robles, y de otros como Carlos Romero Deschamps y Gerardo Ruíz Esparza, han empujado al gobierno actual a dar pasos que estaba obligado a dar para responder al reclamo social de justicia.

“No voy a proteger a nadie” ha dicho ahora López Obrador al referirse a estos casos de corrupción que llevan como título “la Estafa Maestra” y “Odebrecht” y que tienen alcances internacionales pues tanto Lozoya como Robles salieron del país para evitar cualquier detención.

Un cambio de régimen como lo propone López Obrador pasa necesariamente por actos de justicia y, sobre todo, aplicar la ley a quienes la violaron en el pasado protegidos por el poder presidencial.

No se puede entender un cambio de régimen si no se aplica la justicia y esta debe llegar hasta los más altos niveles. Esto es, hasta Enrique Peña Nieto, que encabezó uno de los gobiernos más corruptos en la historia del país.

No se trata de una “cacería de brujas” y menos de venganzas políticas como ya acusan los peñistas, sino simplemente de cortar de tajo cualquier viso de impunidad que ha sido otros de los graves problemas del país porque genera más corrupción, violencia e injusticia.

Estos rescoldos de la corrupción peñista siguen vivos y pueden revivir en otros personajes políticos formando una nueva cadena o red si no se desmiembra llevando a tribunales y castigando a quienes cometieron abusos aprovechando su posición dentro del poder público.

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