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SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer su desacuerdo con que tome de nuevo las armas el fundador de los Grupos de Autodefensa en Michoacán, Hipólito Mora, quien el pasado lunes anunció que se alzaría nuevamente en armas, argumentando que la seguridad en el país está peor que nunca.

“No estamos porque haya ciudadanos que ocupen esa función que no les corresponde; no le corresponde a las personas garantizar la seguridad pública, es una responsabilidad del Estado Mexicano”, dijo el mandatario en

“Le informo al gobierno federal y estatal, que desde hoy traeré conmigo un rifle y una pistola, y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinar, porque vivo ni a la cárcel me llevarán, ni me desarmarán”, publicó en sus redes sociales.

También el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, reaccionó de inmediato a esto que llamó una provocación, y señaló que su gobierno no tolerará que los civiles vuelvan a armarse.

En el vecino estado, recordaremos que las autodefensas que se alzaron en la zona sobre todo de la Tierra Caliente michoacana, abarcando amplios territorios, terminaron e enfrentadas entre sí. Algunas incluso pactaron con el gobierno un falso desarme, mientras que el médico José Manuel Mireles fue encarcelado. Para detener a Mireles, el gobierno le tendió una celada y lo acusó de delitos graves para mantenerlo en penales de alta seguridad, mientras que en Michoacán se pactaba una paz ficticia, con la intervención directa del gobierno de Enrique Peña Nieto a través de un delegado especial, Alfredo Castillo, personajes que en realidad fue el poder tras el trono del podrido gobierno de Fausto Vallejo.

Castillo llegó con amplias facultades a Michoacán, en febrero de 2014, y en un mes ya había logrado reunir a todas las falanges de las autodefensas, con excepción de El Abuelo, Juan José Farías, uno de los creadores de las autodefensas de Tepalcatepec junto con Mireles, y señalado por el Ejército como miembro de un cártel.

Mucho se ha dicho que en materia de autodefensas todo se enturbia, pues la línea que separa a estos grupos de las bandas criminales es a veces muy difusa. Y así debe ser, porque estos grupos armados, al igual que los grupos delincuenciales que supuestamente persiguen, se mueven en el terreno de la ilegalidad, y actúan por encima de las autoridades locales.

A diferencia de lo que sucede en Guerrero, las autodefensas de Michoacán no quieren tratos con el gobierno de ninguna índole. Aquí, la CRAC-PC y la UPOEG, las dos principales fuerzas comunitarias y ciudadanas de la entidad, han logrado coordinar esfuerzos con el gobierno estatal, al grado de que tienen convenios con el Ministerio Público para transferir a los presos que reclama la justicia formal y que no puedan juzgar con base en los usos y costumbres indígenas.

En Michoacán, en cambio, los modelos de autodefensa que se retomaron no están regulados por nada, mucho menos por las asambleas de las comunidades, y lo que existe son gavillas de hombres armados que se mueven al garete, o bajo algún liderazgo local que puede hacer lo que le viene en gana.

Muchos han considerado que estas fuerzas ciudadanas y comunitarias pueden ser utilizadas en apoyo de la Guardia Nacional. De hecho, tanto la UPOEG como la CRAC-PC han manifestado su disposición para coordinarse con la Guardia, pero eso también implica que se sujeten a lineamientos mínimos, como el que se tengan reglamentos básicos mínimos, que a su vez sean sancionados por las asambleas de los pueblos. En cambio en Michoacán el asunto está verdaderamente disparejo.

Lo único bueno que derivó del Plan Michoacán, con Alfredo Castillo al frente, es que se concretaron acciones integrales de desarrollo para Michoacán. Fueron en total 206 acciones, proyectos y obras de infraestructura que permitieron destensar el clima de violencia, marginación y atraso en las zonas infestadas de delincuentes y también de autodefensas.

Nos preguntamos si un plan así necesita Guerrero, o si bastará con la presencia de la Guardia Nacional para cumplir metas de paz y desarrollo.

Según el gobernador, el índice de homicidios violentos sigue bajando y ya no somos el estado número 1 en este renglón. Poco a poco, Guerrero se aleja de las estadísticas negras; pero de ahí a que podamos cantar victoria, estamos lejos.

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