Guerrero… Seis magistrados del TSJ ya terminaron sus períodos, pero no serán sustituidos

IRZA

– Hasta que se homologue la Ley local con la federal

Chilpancingo, Gro.- (IRZA).- Seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya culminaron su periodo, sin embargo, el Congreso local no podrá sustituirlos hasta que homologue la reforma local del Poder Judicial a lo que establece la Ley federal en la materia.

Los magistrados Gabriela Ramos Bello, Manuel Ramírez Guerrero y Félix Nava Solís, culminaron su periodo en septiembre del año pasado; y Norma Leticia Méndez Abarca, en octubre de ese mismo año.

Mientras que la magistratura de Julio Lorenzo García quedó sin efecto el pasado 9 de agosto al jubilarse por edad; y la de Rafael Fernando Ávila por fallecimiento.

Pero la diputada Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Congreso local, precisó que la falta de sustitución “no es una omisión legislativa”.

“No hicimos esa remoción porque había entrado en vigor la nueva reforma al Poder Judicial (federal). Ellos siguen permaneciendo en tanto la reforma al Poder Judicial no se ejecute en el estado de Guerrero”, explicó,

Además, recordó que el espíritu de la reforma al Poder Judicial de la Federación, derivada del “proyecto de nación” y del “Plan C” que impulsó el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Así, la reforma que impulsó López Obrador deberá ampliarse a los poderes judiciales de todas las entidades, a todos los organismos desde los cuales se imparte justicia, lo que incluye que los cargos judiciales deberán someterse al voto ciudadano.

Calixto Jiménez explicó que la elección de jueces y magistrados sólo podrá hacerse en este 2025 o en el 2027, porque la reforma a la Constitución federal, aprobada por el Congreso de la Unión, contiene un artículo transitorio que la prohíbe en 2026.

Desde su apreciación personal, aclaró, sugirió realizar en el año 2026 “un proyecto piloto” de elección partiendo de esas seis magistraturas que deben renovarse, lo que permitiría adquirir experiencia en cuanto a la elección de juzgadores, en caso de que no se realice en este año.

Comentó que la mesa técnica de trabajo instalada el jueves entre representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial determinará las directrices de la elección, del año a realizarse, la posible reducción de jueces y magistrados y el presupuesto a ejercer, entre otros aspectos técnicos.

Aunque precisó que el Poder Legislativo no contempló una partida presupuestal específica para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para realizar la elección este año, pero aclaró que el aspecto financiero no es el único aspecto a considerar.

Pero sí “juega papel importante para la fecha que pueda establecerse”. Informó que en 2024, año de elección constitucional, al IEPC le asignaron 393.12 millones de pesos, pero que luego el gobierno estatal le autorizó una ampliación por 104.51 millones.

Para este 2025 al IEPC le asignaron 351.41 millones de pesos, de los cuales, refirió el órgano electoral, 143 están destinados a gasto operativo y 197.95 para financiamiento público de partidos políticos, aunque aclaró que la elección de jueces y magistrados no tendría el mismo costo que la constitucional de autoridades.

En el caso del Congreso local, recordó, con una lista nominal de más de 2 millones 600 mil ciudadanos, fueron instaladas 5 mil 104 casillas en la elección de junio del 2024 en 28 distritos electorales, pero en el caso del proceso electivo de jueces y magistrados sólo hay 9 distritos judiciales.

Calixto Jiménez agregó, además, que el pasado 15 de enero venció el plazo para notificar al IEPC sobre la realización de la elección, y que el Poder Legislativo cumplió con ese elemento. La diputada del Grupo Parlamentario de Morena rechazó que en el proceso de reforma al Poder Judicial vaya a imponerse el aspecto político.

Porque, parafraseando a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que los diputados de Morena pudieron haber elegido a los jueces y magistrados de manera tradicional al tener el control del Poder Legislativo, federal y estatal, pero defendió el “proyecto de Nación” y el “Plan C” que prioriza la voluntad ciudadana.

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