IRZA
CHILPANCINGO. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero está a punto de incumplir el acuerdo nacional para la entrada en vigor de la Ley de Justicia Laboral, cuyo plazo vence el próximo 31 de octubre.
De acuerdo con Carlos Marx Barboza Guzmán, presidente del Frente Nacional de Abogados Democráticos, delegación Guerrero, y secretario de Organización del Colegio de Abogados Laboralistas, los magistrados del TSJ exhibieron desinterés.
Por mandato constitucional, derivado de la reforma laboral del 2019, el 31 de octubre deben iniciar operaciones los centros de Conciliación, que dependen del Poder Ejecutivo, y los centros de Justicia Laboral que pertenecen al Poder Judicial.
“Desafortunadamente habrá un retraso, de por sí ya lo hay en cuestión de la administración de justicia”, dijo Barboza en entrevista.
Añadió: “el problema es que el año pasado no se presupuestó la cuestión de la infraestructura y personal que trabajará en ambos organismos, entonces este año no creemos que vaya a entrar en funcionamiento la Justicia Laboral”.
El líder del Frente Nacional de Abogados Democráticos informó que en esta entidad entrarán en funcionamiento 8 centros de Conciliación, los que dependen del Ejecutivo, como están actualmente distribuidas las juntas de Conciliación y Arbitraje.
Mientras que los centros de Justicia Laboral, en los que se realizarán audiencias de juicio oral, podrían operar en las salas que ya tiene el Poder Judicial.
Sin embargo, Barboza se quejó de la falta de interés del presidente del TSJ, Alberto López Celis, a quien se le invitó desde el año pasado para realizar diplomados, talleres, cursos, seminarios para actualizar a jueces y secretarios de audiencia “y ninguno llegó a las actividades”.
“Nos preocupa porque no sabemos cómo se actualizarán, porque ellos son más civilistas de juicio laboral, civil, mercantil y penal, pero estamos hablando de derecho privado y la justicia laboral es justicia social, es algo distinto”, expuso.
Señaló que el Poder Judicial tampoco ha dimensionado la cantidad de trabajadores que requieren para el funcionamiento de los centros de Justicia Laboral, así como en los centros de Conciliación, a los cuales varios expresidentes de juntas de Conciliación y Arbitraje ya se están “apuntando”, pese a que “no ha sido tan brillante su papel”.