Dr. Trinidad Zamacona López
Para nadie es ajeno que a la iglesia se le permitió meterse en política, opinar y hasta sugerir que el actual gobierno de Evelyn Salgado se reúna con grupos fácticos para pacificar el Estado. Los dos arzobispos el de Acapulco y el de Chilpancingo, se han metido a mediar sin que nadie del gobierno se los pida, del otro lado los usan como mensajeros, de que se sienten a negociar antes de que la población sea aterrorizada con tantos descabezados y descuartizados que dejan en las principales ciudades de la entidad.
Las autoridades deben de tener muy claro para lo que fueron electas, basta que le den una leidita a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la del estado de Guerrero, para no cometer el error de la presidenta municipal de la capital al declarar que la seguridad no depende de las instituciones, sino de nosotros. La seguridad pública de acuerdo con el artículo 21 de la Carga Magna, es una función de la Federación, los estados y los municipios, y tiene como finalidad el de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Si esto no les queda claro, lo podemos entender de la siguiente manera: En ningún momento dice que para alcanzar la paz se va a utilizar a interlocutores con los grupos fácticos, o a la iglesia, jamás se ha hecho, por eso cada quien en su actividad y con las atribuciones que a cada quien la ley suprema les confiere, en ese sentido la seguridad pública comprende la prevención, (Municipio) investigación y persecución de los delitos, (Fiscalía General de la Republica y la de los Estados) así como la sanción de estos (Poder Judicial de los Estados) entonces la responsabilidad es compartida.
Pero tanto la Gobernadora, el secretario general de gobierno y el propio Senador Félix Salgado, ya se pronunciaron al respecto, cero pacto de impunidad en lo oscurito, están en lo correcto, reunirse con ellos es ceder o estar de rodillas ante unos grupos que realizan actos que están fuera de la ley, la estrategia de seguridad pública debe de dar frutos de manera inmediata, se podrá decir que llevan poco tiempo en el poder, pero el incremento de los delitos van a la alza y estos deben de parar, no es lo mismo el delito común que estos hechos criminales de sangre, o se aplican en lo que los faculta la constitución o se verán rebasados, y eso el pueblo lo ve, urge una sacudida para dar resultados.
En nuestro país se nos faculta estar armados para la legítima defesa en casa, pero también se nos prohíbe hacer justicia por propia mano, como ven no es cuestión de que estemos todos armados, es cuestión de que la autoridad nos brinde la seguridad pública y la paz social, para eso fueron electas y están facultadas para hacer todo lo que esté a su alcance para lograrlo.
De ahí que el Estado de Derecho debe de prevalecer ante cualquier sugerencia de quienes no representan al estado. Por el contrario, esos interlocutores están corriendo un grave riesgo, porque están haciendo acuerdos sin tener ninguna responsabilidad con las instituciones.
El gobierno anterior nunca les hizo caso con esas ocurrencias de sentarse a dialogar con esos grupos fácticos. Porqué no piden que el gobierno se siente a platicar con las víctimas de los delitos, con los familiares de los desaparecidos, eso no lo piden porque no es de su interés. La iglesia su función principal es la transmisión de valores e ideologías, fomentar el servicio a la comunidad, la enseñanza de la teología pastoral, que se deriva en sus tres vertientes, función docente, pastoral y sacerdotal, entonces su función como intermediarios para alcanzar la paz con esos grupos no está dentro de sus funciones.
El Estado de Derecho se debe de entender como un principio de gobernanza, es decir que quien aplique el orden jurídico esté legitimado para hacerlo. Fueron electos con el voto popular, esa es la legitimidad, que exista un orden jurídico. Sus facultades están establecidas en la constitución y en la leyes, que a los gobernados se les respeten los derechos humanos y las garantías de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, equidad y propiedad, pero también comprende la separación de poderes.
Por lo tanto, todos debemos de vivir en un Estado de Derecho, hasta el propio Estado, los funcionarios públicos solo deben de hacer lo que les permiten las leyes, y el gobernado someterse al orden que establecen las mismas con respecto a sus derechos humanos, para que ese estado de derecho se haga realidad.