Armando Ríos Piter
Desde que terminaron las elecciones y se supieron los resultados finales, han surgido dudas sobre cómo funcionará la Cámara de Diputados durante los próximos años. Los presidentes del PRI, PAN y PRD han asegurado que esta vez no habrá diputados que se pasen de su bancada a la de Morena “ya que hay compromisos firmados”. También han dicho que mantendrán su unión para los siguientes años e incluso han abierto la puerta para repetir su alianza en los siguientes procesos electorales, incluído el de 2024 cuando se renovará la presidencia.
No obstante, aunque por el momento el presidente López Obrador no contaría con los votos suficientes para impulsar cambios a la Constitución Política del país, éste ha declarado en sus conferencias mañaneras que podría buscar acuerdos con el PRI para lograrlo. La polémica se ha profundizado aún más con el anuncio de que AMLO enviará al Congreso reformas constitucionales relacionadas con la generación de energía eléctrica, con el Instituto Nacional Electoral y con la Guardia Nacional. Aún cuando los líderes del PRI, PAN y PRD aseguraron que no permitirán la “militarización de la seguridad”, el control del gobierno en las elecciones ni el monopolio de la energía eléctrica, lo cierto es que persisten muchas dudas sobre la solidez que pudiera manterner el bloque.
Llama la atención lo publicado por el columnista Darío Celis, quien recientemente escribió que Alejandro Moreno, actual presidente del PRI, recibió un expediente realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera en el que se detallan “operaciones de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita”. En dicha publicación se señala que la oficina de Santiago Nieto documentó “transacciones con empresas factureras durante y después de su gobierno en Campeche”. Sobre esto comenta que “se la pusieron muy sencilla: o jalaba con AMLO o le judicializaban el expediente. Por esta razón se espera que cierren la pinza con el Verde y el PT para alcanzar la mayoría calificada”. Por lo pronto, ya fue elegido por unanimidad Rubén Moreira Valdés como el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados para la 65 Legislatura.
Sirvan estas consideraciones para reflexionar las graves limitaciones que mantiene nuestro sistema electoral. Aún cuando el voto de millones de ciudadanos fue para quitar la “mayoría calificada” al titular del Ejecutivo y garantizar que no se realicen más cambios constitucionales por parte del actual gobierno, lo cierto es que en los hechos esto es muy probable que ocurra. La vulnerabilidad que en lo personal tienen muchos integrantes de la clase política puede llevarnos a que con el fin de protegerse y tener impunidad, los nuevos diputados acuerden con las autoridades definiciones políticas distintas al mandato popular.
De acuerdo a nuestra legislación, “Los partidos políticos son entidades de interés público…que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”. Los partidos deben perseguir dichos fines de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo.
Si el objetivo es que los partidos políticos funcionen como “puentes” que impriman el sentir de los ciudadanos en las decisiones del Estado y que éste a su vez, actúe en consonancia con lo que estos esperan del ejercicio del poder político, es indispensable garantizar congruencia en el actuar público. La credibilidad de los votantes en nuestra democracia depende de ello. La #SociedadHorizontal deberá estar atenta y exigir que las fuerzas políticas actúen en congruencia con lo que les mandató el electorado. El interés colectivo debe estar por encima del de unos cuantos.
Una lectura adicional a la masiva participación ciudadana expresada el pasado 6 de junio. Los ciudadanos hoy reclaman cambios profundos a nuestro sistema de representación partidista. Más allá de declaraciones y compromisos por escrito, el PRI, el PAN y el PRD, deberían pensar seriamente en fusionarse, constituir una sola fuerza política de cara a los años que vienen y replantear su conexión con la sociedad. No basta con ser antagónicos a AMLO. Son demasiado costosos para los contribuyentes como para permitirles seguir con la inercia polarizante que poco construye.