Dolia Estevez
Abundan las razones de peso legal y ético por las que es altamente improbable que el Gobierno de Estados Unidos acepte la sugerencia de Andrés Manuel López Obrador de invitar a la periodista Anabel Hernández a colaborar con los fiscales en el caso criminal contra Genero García Luna, que se desarrolla en una corte en Nueva York (mañanera 05/05/2020).
Además, ni necesidad hay. Los fiscales que lo acusaron de aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa están haciendo bien su trabajo. Les sobran las pruebas y testimonios procesales para enjuiciar, y probablemente condenar, al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Un periodista difícilmente puede poseer más información y material probatorios que el gobierno estadounidense. Cuestión de recordar el impresionante caudal de evidencia y testigos que desplegó la fiscalía en el reciente juicio de “El Chapo” Guzmán.
En el caso de García Luna, la fiscalía ya entregó a Cesar de Castro, su abogado defensor, 30 mil páginas de pruebas para su revisión en anticipación a un posible juicio. El acervo incluye declaraciones del acusado, registros migratorios (petición de residencia y solicitud de ciudadanía estadounidense), registros escolares y de la propiedad, videos, fotografías y documentos relacionados a decomiso de drogas, armas y lavado de dinero, comunicaciones interceptadas y grabaciones (hechas por agentes estadounidenses en México y/o en Estados Unidos), y un disco duro con información descargada de los dispositivos electrónicos de García Luna (Misiva de Richard Donoghue a De Castro 20/02/2020).
La información proporcionada a de Castro hasta hoy, bajo acuerdo por escrito de mantenerla secreta, es tan solo la punta del iceberg. La fiscalía ha adelantado que tiene una extensa lista de probables “testigos cooperantes”, cuyos nombres no han sido divulgados, pero que son ex altos mandos de los carteles que darán testimonios de primera mano sobre la presunta entrega de sobornos millonarios a García Luna.
El código penal estadounidense prohíbe al poder judicial interrogar a periodistas sobre su trabajo o forzarlos a declarar judicialmente. Nos protege de revelar fuentes confidenciales que usamos en el trabajo de recaudar información.
La única excepción a la regla, que se usa en circunstancias extraordinarias, es cuando la autoridad agota todas las avenidas en acusaciones por homicidio o delitos que amenazan la seguridad nacional, y la información en poder del periodista es clave para alcanzar un veredicto condenatorio. En casos así, el periodista puede ser citado a comparecer. Reporteros y medios casi siempre combaten en las cortes esos citatorios. Hay reporteros que han preferido ir a la cárcel por desacato que colaborar con los fiscales.
Los periodistas no somos coadyuvadores ni fiscales. Nuestra misión es persuadir a la opinión pública no a un jurado. El periodista no se inmiscuye e implica en casos judiciales, reporta sobre ellos. Compartir con la autoridad información y datos obtenidos en el ejercicio de nuestro trabajo es violatorio de la ética profesional. Hacerlo, contraviene la separación entre el Estado y el llamado cuarto poder.
No nos toca hacer el trabajo de las autoridades. Nuestra tarea se limita a publicar y transmitir información. Traducir en evidencia la información y datos en el dominio público concierne exclusivamente a la autoridad jurídica. El planteamiento de López Obrador, por tanto, no es viable; no corresponde a la realidad ni es consistente con la forma en que se desarrolla la relación medios-gobierno en Estados Unidos.