Guillermo Arteaga González.
El Estado de Guerrero ha sido históricamente un recipiente de culturas, riquezas naturales y oportunidades, sin embargo, en años recientes, ha emergido también como un doloroso símbolo de la violencia que aqueja a México, las huellas de grupos delincuenciales en regiones como la Costa Grande, Tierra Caliente y la Zona Norte, aunque lamentablemente ningún rincón del estado se salva de esta situación, han dejado una estela de muerte, desesperación y desplazamiento forzado, sumiendo a cientos de familias en la incertidumbre de abandonar lo que una vez fue su hogar, en el panorama de crisis que acechan a nuestra sociedad, hay tragedias que se gestan en silencio y en sombras, lejos del escrutinio mediático, estas tragedias son las que viven cientos de familias en el Estado, que presas de una violencia incesante y aparentemente implacable, han tenido que abandonar sus hogares y su tierra en busca de un refugio donde puedan vivir con un mínimo de paz y seguridad.
El desplazamiento forzado por violencia es una tragedia que no solo implica el dejar atrás bienes materiales, sino también raíces, tradiciones, identidades y el tejido social que sustentaba a estas comunidades, las familias que huyen de sus lugares de origen en busca de seguridad se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, enfrentando nuevos retos en lugares desconocidos, a menudo sin acceso a servicios básicos o fuentes de ingresos, la dimensión del desplazamiento forzado en Guerrero es un reflejo de una falla sistémica a múltiples niveles, la incapacidad del estado para garantizar la seguridad, sumado al crecimiento y fortalecimiento de grupos delincuenciales, ha dejado a comunidades enteras en una posición de extrema vulnerabilidad, el abandono de un hogar lleva consigo pérdidas inimaginables, pérdida de la tierra, pérdida de bienes materiales, pérdida de la comunidad y de la identidad cultural, y, lo más doloroso, la pérdida de seres queridos. Las familias desplazadas no solo enfrentan el trauma de haber vivido episodios de violencia extrema, sino también el reto de empezar de cero en lugares desconocidos y, a menudo, hostiles.
Esta compleja realidad socio-política, ha estado durante mucho tiempo en el epicentro de la crisis de desplazados por la violencia en México, en este contexto, la gestión de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda enfrenta una de las tareas más titánicas en términos de gobernabilidad y derechos humanos, desde su toma de posesión, ha sido evidente la preocupación de la titular del poder ejecutivo estatal por la situación de los desplazados, no es para menos, considerando que el drama humano detrás de cada familia que deja su hogar es un testimonio palpitante de una realidad que urge transformar.
Las acciones emprendidas por el gobierno estatal para atender a los desplazados han sido notorias, se han establecido albergues temporales con condiciones dignas, se han creado programas de asistencia alimentaria y se ha promovido la integración de los desplazados en las comunidades receptoras, aunado a esto, la Gobernadora ha buscado el diálogo con líderes comunitarios y otros actores clave para entender a fondo la problemática y generar soluciones conjuntas.
Sin embargo, la atención a las víctimas, aunque esencial, es solo una cara de la moneda, la otra cara, y quizás la más desafiante, es la prevención y erradicación de las causas subyacentes de este desplazamiento, aquí es donde, a pesar de los esfuerzos, aún queda un largo camino por recorrer, el bienestar y la seguridad de los guerrerenses no solo se garantizan ofreciendo refugio a quienes ya han sido víctimas, sino también asegurando que las futuras generaciones no tengan que huir de sus hogares, es imperativo fortalecer las instituciones de seguridad, promover la justicia y el estado de derecho, y desmantelar las estructuras delincuenciales que han permeado varias regiones del estado.
Aunque la tarea de Salgado Pineda en este frente ha sido proactiva, es evidente que las dimensiones del problema superan la capacidad de acción de una sola administración estatal, se requiere una colaboración estrecha con el gobierno federal, la sociedad civil y las comunidades locales para articular una estrategia efectiva y de largo plazo, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha mostrado una genuina preocupación y ha emprendido acciones tangibles para atender a los desplazados por la violencia en Guerrero, a pesar de la magnitud del problema nos recuerda que aún hay mucho por hacer, los guerrerenses merecen no solo respuestas inmediatas, sino también soluciones sostenibles que les garanticen un futuro de paz y prosperidad.
Guerrero, con su rica historia y diversidad cultural, no merece ser sinónimo de violencia y desplazamiento, es hora de que, como sociedad y nación, volquemos nuestra atención y recursos hacia esta crisis, garantizando que las familias afectadas no solo recuperen la normalidad, sino que también se les restituyan sus derechos y dignidad, un estado que merece paz, y sus habitantes deben gozar de una vida sin temor, es responsabilidad de todos asegurar que las voces de los desplazados sean escuchadas y que se les garantice un futuro donde sus derechos no sean solo una promesa, sino una realidad vivida día tras día.