Lilia Arellano
*¿Por qué EU entregó a Cienfuegos?
¿Amarra Marcelo Ebrard su candidatura presidencial
*Cienfuegos no es militar retirado, es asesor de Sedena
Así como se generó una auténtica sacudida con la detención en territorio estadounidense del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, se presentó una segunda edición con la liberación de cargos hecha por el gobierno de Donald Trump. Viene ahora la etapa en la cual no solamente se conocerán las reacciones, sino también se harán los análisis correspondientes porque el asunto no es menor, es trascendental. Por principio habrá de anotarse, el militar no estaba en retiro sino en funciones al momento de ser detenido. Quienes terminan su periodo al frente de la Sedena se convierten en asesores del sucesor. Así, la privación de la libertad del general tiene connotaciones mucho más profundas.
Se supone es en un afán de borrar las declaraciones anteriores que presentan el festín de la liberación de cargos bajo la consideración de ser un triunfo de la diplomacia mexicana con el cual, además, se hace patente el respeto del gobierno norteamericano al de México y hacen valer hasta la soberanía. Pero, no se olvida fue a todas luces sorpresiva la detención. Ni el presidente López ni su canciller Ebrard atinaban a opinar. Para el primer mandatario era necesario conocer los cargos pero, agregó, es este un ejemplo del grado de corrupción de la era o las eras anteriores e inclusive habló de llevar a cabo una “limpia” dentro de las filas del Ejército. Eso ¿ya se le olvidó? Porque no pasaron 72 horas cuando al recular sostuvo se pediría información al gobierno del vecino del norte una vez quedara resuelto su conflicto postelectoral. En estas mismas líneas nos preguntamos cuál era la relación entre la situación sobre la derrota de Trump y lo relacionado con el general Cienfuegos.
En el inter, miembros de las fuerzas armadas dieron a conocer su determinación de llevar a cabo una colecta para reunir los tres o tal vez cuatro millones de dólares que costaría la defensa del general. Esto ante el silencio del gobierno de López, de su canciller, mediando entre las afirmaciones de desconocimiento de uno y otro, la declaración de la embajadora de México en EU señalando había sido informada 15 días antes de la detención, sobre la investigación llevada a cabo en ese país en contra del militar. La cortina de humo tendida a base de festinar la liberación no es suficiente para evitar surjan una y cien interrogantes. El texto del fiscal de Trump es claro: la entrega es para que el general sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas.
Pero resulta, según lo afirmó López Obrador, al ex titular de la Sedena no se le tenía ninguna investigación en este país. Pero, además, de llevarse a cabo una acción de tal naturaleza, debería ser emprendida por la Procuraduría Militar y no por la FGR. Cualquier detención lo llevaría a las instalaciones militares y no a las civiles y eso en caso de que, habiendo llevado a cabo un proceso de militarización en México, solicitando ayuda y apoyos de los militares en prácticamente todas las áreas de la vida nacional, decidiera el gran jefe de las fuerzas armadas actuar de lleno en contra de quienes le significan el apoyo más seguro y, después de lo visto en Morena y sus conflictos internos, el único que le queda, del que puede echar mano.
Detención y liberación se da en la era de Trump y justo en los tiempos en los cuales se ha escatimado el reconocimiento del triunfo de Joe Biden, justificando esta acción de manera suficientemente superficial y dañina. Es difícil creer las primeras filtraciones a la prensa en el sentido de que las autoridades judiciales de Estados Unidos cedieron a la presión del gobierno mexicano, quien amenazó con revisar toda la colaboración bilateral en materia de narcotráfico y restringir la movilidad de los agentes estadounidenses en territorio azteca, pero hasta el momento no hay una mejor explicación, aunque ésta saliera del fondo de una pareja de órganos tapada por los pantalones con el fin no de convencer a la opinión pública, sino de sobar el golpe dado al Ejército por parte del propio Ejecutivo federal y su afirmación de llevar a cabo una “limpia” en la institución.
En un comunicado conjunto del procurador general estadounidense William Barr y su contraparte mexicana, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, se informó: el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido retirar los cargos criminales contra el general Salvador Cienfuegos, para permitir que sea investigado por autoridades de México. Precisó que “en reconocimiento de la fuerte cooperación en la aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y en el interés de demostrar nuestro frente unido contra toda forma de delincuencia, el Departamento de Justicia ha tomado la decisión de buscar desechar los cargos criminales estadounidenses contra el ex secretario Cienfuegos para que puedan ser investigados, si es apropiado, acusado bajo la ley mexicana”.
Hasta el momento, en México, el general Cienfuegos no enfrenta ningún cargo criminal. Y, una vez llegado Biden al poder ¿seguirá el gobierno de EU opinando lo mismo? Y su vicepresidenta, quien ha mostrado un frente férreo contra los grupos delincuenciales ¿sostendrá iguales consideraciones? ¿Le exigirán a México juzgar al militar porque para eso dejaron constancia por escrito de haberlo entregado? El comunicado conjunto concluyó: “como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta asociación cercana incrementa la seguridad de los ciudadanos de nuestros países”.
Ninguna de las dos actuaciones, ni la de la detención como tampoco la de la liberación conoce antecedente alguno en la historia de las relaciones entre ambos países. Este ha sido un regalo de Donald Trump a su amigo López Obrador o ¿una trampa?
Fue el pasado 11 de noviembre cuando las autoridades de EU entregaron formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) más de 700 documentos donde supuestamente basaban la acusación penal por narcotráfico en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. De acuerdo a un escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito Este de Nueva York, el militar está implicado en la producción, tráfico y distribución de 1,000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y un kilogramo de heroína. Estas pruebas ¿serán tomas en cuenta por las autoridades mexicanas?
Hasta ese momento la ausencia de indagatorias en México prevalece y de acuerdo con funcionarios del Gabinete de Seguridad, se investigaron las cuentas y depósitos del militar sin encontrar irregularidades señalando la posibilidad de que hubiera sido suplantado ya que uno de sus escoltas se hacía cargo de contestar su teléfono y por lo tanto las grabaciones supuestamente hechas y en poder de las autoridades norteamericanas carecen de valor. Tras el arresto del militar, la FGR, la Sedena y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciaron sus propias investigaciones en torno a sus presuntos nexos con el crimen organizado, el resultado, en principio, no aportó mayores indicios, por lo cual se solicitó a la DEA entregara sus informes para complementar las indagatorias.
El caso Salvador Cienfuegos apenas comienza.
Privilegian
cooperación
En este caso se abre aún más el juego de la sucesión presidencial. ¿Reconocerá el Ejército en el canciller Ebrard a un aliado sin limitaciones? Porque el argumento de las presiones de México hacia EU nos hace ver lo difícil de ser el pato quien le tire a las escopetas y es aún más difícil de creer es en el pensamiento del actual titular del Ejecutivo federal se gesten estrategias o posiciones con las cuales se atreva a enfrentar al gobierno norteamericano y menos aún si su cuate Trump aún habita en la Casa Blanca. El entreguismo visto en este gobierno ha sido superior al de los anteriores y se ha presentado sin rubor alguno.
Las loas para Marcelo Ebrard son lanzadas bajo distintos argumentos y, de entre ellos, la desestimación en EU de los cargos imputados al ex secretario de la Defensa Nacional visto como un acto de respeto hacia el país y las Fuerzas Armadas mexicanas. En conferencia de prensa, el canciller aseguró el gobierno mexicano tomó la decisión de la fiscalía de EU como una muestra de respeto a la soberanía del país. Gracias a esa actitud, subrayó, ambas naciones podrán seguir con el acuerdo en torno a la cooperación en materia de seguridad.
El canciller informó que el general Salvador Cienfuegos llegará a México en calidad de lo que es: un ciudadano mexicano más, no con orden de aprehensión. Una vez llegado a nuestro país será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si se lleva a cabo un proceso en contra de Cienfuegos o no. O sea, muy puesto para un manejo en las relaciones exteriores de alto grado, de exhibir condicionamientos a los EU, pero arrastrando la ignorancia sobre la justicia militar, su organigrama, sus propios métodos de aplicación de justicia para sus elementos. Mientras tanto, el ex titular de la Sedena acordó con las autoridades estadounidenses permanecer bajo la custodia de los alguaciles de EU hasta su regreso a nuestro país.
Algunos analistas expertos en seguridad consideran que con la desestimación de cargos contra Salvador Cienfuegos se acabó el caso del ex secretario de la Defensa Nacional en Estados Unidos. Opinan esta entrega del general al gobierno mexicano para seguir aquí el proceso es sólo discurso, pues lo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a ser desestimado. “Cienfuegos, culpable o inocente es irrelevante, va a ser un general retirado de cuatro estrellas”, concluyeron. Aunque habrá de recordárseles no hay tal “retirado”, Cienfuegos es y seguirá siendo, como todos los ex titulares de Sedena un asesor del secretario actual.
De los pasillos
En efecto, a los de la cuarta transformación y a su progenitor les vino “como anillo al dedo” la pandemia. Siguen haciendo uso a su antojo de todo tipo de fondos, tanto públicos como los considerados, una vez convertidos en salarios, privados. Lo impuesto en relación a la reducción de aguinaldo ya cambió, es ahora aportación voluntaria de altos funcionarios y alcanzará la suma de 150 millones de pesos, los cuales serán utilizados para la compra de 150 ambulancias para el IMSS Bienestar. ¿Ese cuál es? Porque un Instituto es el Mexicano del Seguro Social y otra es la secretaría del Bienestar o ¿ya los fusionó AMLO? En tanto se aclara esta pifia mañanera, será bueno advertir ya usaron todo tipo de fondos y nada les llena…
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