Lilia Arellano
*Mortal desabasto de medicamentos
*Covid-19 cobra más víctimas entre los pobres
*Alianza Federalista intercambia medicamentos
En nada beneficia al país la estrategia de confrontación estimulada desde Palacio Nacional. México vive una situación de emergencia nacional en medio de la ola de violencia no controlada ni contenida por la ausencia de una estrategia de seguridad eficaz, y la pandemia del coronavirus Covid-19, con una peligrosa y mortal escasez de medicamentos. Este año habrá un exceso de 281 mil muertes más a lo esperado, y se calcula habrá más de un millón de decesos. A pesar de todo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no da señales de sensatez o de racionalidad en la conducción de la administración pública federal, sobre todo en materia de salud. Insiste en su austeridad franciscana y su parcial combate a la corrupción. Mejor en los gobernadores de la Alianza Federalista priva la racionalidad. El domingo, reunidos en Michoacán, insistieron en la necesidad del diálogo y respondieron al tabasqueño con acciones. Ante el envío tardío e insuficiente de medicamentos, acordaron el intercambio solidario de los mismos para atender a la población en sus respectivos estados.
Durante el segundo cuatrimestre del año, el desabasto de medicamentos oncológicos en el país se incrementó 188%, periodo en el cual la falta de insumos de salud se mostró mayor en los casos de enfermedades crónicas con gran prevalencia en el país, como diabetes, hipertensión y artritis. El último reporte presentado por el colectivo Cero Desabasto, en cuya elaboración colaboró Fundar Centro de Análisis e Investigación y diversas asociaciones, apunta: “se corrobora con evidencia la falta sistemática de medicinas, en los sectores público y privado, además de una docena de medicamentos oncológicos, con la gravedad que este desabasto puede tener en el progreso de dicha enfermedad en los pacientes con cáncer”. Y resalta: en ese incremento en casos de desabasto reportados por pacientes con cáncer entre mayo y agosto, cerca de 40% corresponden a mujeres con cáncer de mama quienes no han recibido oportunamente sus medicamentos y quimioterapias –Fulvestrant, Denosumab y Ciclofosfamida-, seguidos de casos de pacientes con leucemia linfoblástica aguda y mieloma múltiple –falta de Vincristina y Palonosetrón, respectivamente-.
De acuerdo a ese informe, no surtir las medicinas a quienes padecen enfermedades crónicas y de mayor prevalencia en el país, como diabetes (23%), hipertensión (15%) y artritis (31%), además de los males de alto costo, precisamente como cáncer (31%), VIH (15%), epilepsia (4%), Parkinson (3%), fallo o insuficiencia renal (3%), se ha hecho una práctica permanente con la cual se desnudan las mentiras mañaneras sobre millonarias adquisiciones de medicamentos. En cuanto a las instituciones de salud con más casos de este tipo en el segundo cuatrimestre de este año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) registró el mayor número de reportes, con 45%, seguido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 39%, y el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, con 11 por ciento –y eso por no estar funcionando como debiera en sustitución del Seguro Popular-. Por entidades, la Ciudad de México encabeza el primer lugar en materia de desabasto de medicamentos, seguida de Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Veracruz.
El desabasto obedece a problemas de corrupción registrados en el presente y no sólo a los referidos sobre el pasado. Las asignaciones directas y la cancelación de compras a laboratorios y distribuidores nacionales ha traído como consecuencia todo un caos dentro del cual los encargados de las compras están haciendo su agosto a causa de la salud de los ciudadanos y provocando su muerte. Además, se identificó la ineficiencia como otra causa que afecta la cadena de abasto de medicamentos e impacta de manera sustancial el acceso efectivo a los insumos de salud.
Ante este panorama, los gobernadores de la Alianza Federalista acordaron el domingo pasado el intercambio solidario de medicinas para atender a la población de sus respectivos estados. “Manifestaron su preocupación por el envío tardío e insuficiente de medicamentos de la Federación para atender la demanda de la población” y “acuerdan el intercambio solidario de medicamentos”, señala el comunicado de la reunión, de carácter extraordinario, en la cual participaron los mandatarios de Chihuahua, Javier Corral; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Coahuila, Miguel Riquelme; Jalisco, Enrique Alfaro; y Michoacán, Silvano Aureoles, además de representantes de los estados de Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Durango y Guanajuato.
El bloque de gobernadores opositores a la política de López Obrador en la materia, anunció se reunirán secretarios de Salud de los 10 estados para definir la ruta del intercambio “solidario” de medicamentos, a fin de permitir a las entidades subsanar el desabasto de medicinas. Durante al reunión en Michoacán, cinco de los diez gobernadores de la Alianza Federalista sostuvieron que sin politiquerías ni confrontación se avanzará en el diálogo hacia una nación más justa. Cabe recordar la semana pasada, el presidente López Obrador dijo estaba de acuerdo con el diálogo con los mandatarios siempre y cuando no hubiera “politiquería”. Los mandatarios le respondieron: “Ni conservadores ni neoliberales; somos representantes electos democráticamente por nuestros pueblos, y estamos comprometidos con el progreso y bienestar de México. Sin politiquerías ni confrontación avanzaremos en el diálogo hacia una nación más justa, equitativa y competente”.
Se mueren
los pobres
Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, destaca que la pandemia de Covid-19 ha cobrado más víctimas entre personas que viven en pobreza, con menor nivel educativo o parte de grupos vulnerables. De acuerdo con el análisis de los certificados de defunción, 90% de los fallecidos por el nuevo coronavirus eran amas de casa, jubilados o pensionados, empleados del sector público, conductores, no ocupados, ayudantes, peones, artesanos, trabajadores de fábricas y personas que se dedican a la reparación o al mantenimiento. Las actas de defunción revelan 85% de quienes han muerto a causa de la pandemia lo han hecho en hospitales públicos y fueron pensionados, obreros y trabajadores del sector público.
En total contraste, las ocupaciones con menos decesos son las de funcionarios, directivos, artistas, jefes y estudiantes, lo cual refleja entre los muertos por SARS-CoV-2 hay más personas que tuvieron que elegir entre quedarse en casa para preservar su salud o buscar los recursos necesarios para mantener a su familia. La escolaridad también es un factor destacado, ya que 75% de los muertos por Covid-19 tuvo estudios máximos de secundaria, lo que está asociado a empleos mal remunerados y escaso acceso a servicios de salud. Hernández Brigas subrayó: “los que primero murieron o los que primero han muerto han sido los pobres”.
Detrás de las 91 mil 895 muertes por Covid-19 en el país, están los rostros de los mexicanos más vulnerables. En México no toda la gente puede trabajar a distancia, las personas con estas características tienen la difícil disyuntiva de decidir entre quedarse en casa para preservar la salud propia y la de los demás y, por otro lado, conservar sus empleos o buscar los recursos necesarios para la manutención de sus familias. El 85 por ciento de las defunciones ocurrieron en los hospitales públicos. “En el IMSS, que justamente atiende a este tipo de trabajadores que tienen la fortuna de gozar de un empleo formal, aunque mal remunerado, y en la SSA, cuyos hospitales están destinados a la población abierta, es decir, muchos de los trabajadores informales que no tienen seguridad social”, señaló Hernández.
También la escolaridad pareciera ser un factor de riesgo más para morir por Covid-19. “El 50 por ciento de los muertos no tenía, o tenía cuando más, estudios de primaria, y si ampliamos un poquito más el rango, observamos que 75% tenía, cuando más, secundaria”. “Una baja escolaridad normalmente está asociada a empleos mal remunerados y a un escaso acceso a los servicios, particularmente a los de salud; también se relaciona con la capacidad de las personas para poder procesar la información que se nos ofrece y poder tomar decisiones oportunas y adecuadas en relación con el cuidado de la salud”, destaca el investigador.
De acuerdo al último reporte de la SSA, el 63.93% de los muertos son hombres y 36% son mujeres. Las edades en las que se registran el mayor número de muertes por Covid-19 para ambos sexos son entre los 55 y los 69 años de edad, la media está en los 63 años. Hipertensión, diabetes y obesidad son las principales comorbilidades asociados a los muertos por coronavirus. Cuatro de cada 10 muertos (45.11%) a nivel nacional padecían hipertensión, cuatro de cada diez (38.46%) eran diabéticos y dos de cada diez (24.09%) eran obesos.
De los pasillos
El combate a la corrupción en este sexenio no sólo ha sido parcial sino también sumamente deficiente. A lo largo de esta administración, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó más de 500 denuncias ante la Fiscalía General de la Repúbl9cia (FGR), por irregularidades y posibles actos de corrupción, pero ninguna ha sido llevada ante la justicia federal. De esas denuncias, 296 fueron presentadas entre abril y mayo contra funcionarios y ex funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La semana pasada, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, compareció ante la Cámara de Diputados para la glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde detalló hasta ese momento la dependencia había presentado 513 denuncias por corrupción ante la FGR, sin precisar si habían sido consignadas ante un juez ni el estado de las mismas.
De acuerdo a los datos otorgados por la propia SFP, ninguna de esas denuncias ha sido consignada ante un juez federal, pues todas están en etapa de integración de la carpeta de investigación.