Lilia Arellano
*AMO contra gobernadores
*“Ahorren”, responde a los mandatarios ante petición de más recursos
Las crisis simultáneas de salud, económica y de seguridad resentidas en el país, confrontan al gobierno Federal con los estatales, particularmente los surgidos de partidos de oposición, por su inadecuado manejo y la negligencia de las autoridades federales para afrontarlas. Los enfrentamientos se han agudizado los últimos días con motivo de la reapertura de las actividades económicas y el semáforo epidemiológico para tal efecto; la distribución de los recursos presupuestarios para enfrentar el incremento de la pandemia de Covid-19 y la propuesta de conformar un nuevo Pacto Fiscal federal; el manejo y contratación de nueva deuda pública para rehabilitar las arcas estatales ante el recorte de las transferencias y aportaciones de la Federación; la política energética actual ha puesto un freno a las inversiones privadas en el sector de las energías renovables. A eso debe agregársele la crisis de seguridad, en donde los dimes y diretes con los mandatos panistas a escalado en los últimos días, y se intenta retomar la coordinación en la gira del presidente a los estados de Guanajuato, Jalisco y Colima.
Ante el llamado de auxilio de gobernadores y alcaldes panistas, quienes propusieron a la Federación conformar un nuevo pacto fiscal para que las entidades obtengan mayores recursos y hagan frente a las crisis de salud y económica causadas por la pandemia de Covid-19, el presidente López Obrador respondió “no tenemos ninguna deuda con los gobiernos estatales: estamos al corriente. Si se les debiera, no se dejan: estarían ejerciendo su derecho de presentar controversias, diciendo que la Federación no les entrega lo que nos corresponde”. Y agregó: “La recomendación respetuosa (a los gobiernos estatales y municipales) es que todos ahorremos, que le cueste poco al pueblo mantener al gobierno y la mayor parte del presupuesto le llegue al pueblo”. Sin embargo, de acuerdo a un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el gobierno federal dejó de entregar a las entidades federativas 18 mil 456 millones de pesos de las aportaciones y participaciones federales durante los primeros meses de 2020. Se quedaron en el limbo 40 mil millones ofrecidos a finales del 2019 y, en abril, el tabasqueño prometió otros 60 mil millones y tampoco han aparecido asignados a las entidades para el sector salud.
La diputada federal Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, consideró: si bien la baja recaudación y la caída en el precio del petróleo explican la caída de las participaciones federales y las aportaciones a las entidades federativas, el verdadero problema de los estados es que carecen de todo apoyo del gobierno federal (…) No les están entregando recursos adicionales a los estados y entonces las entidades y municipios están saliendo delante de la pandemia con su recursos, sin ningún apoyo adicional (…) Los ingresos tributarios (IVA, IPES, ISR) han caído y eso entra a la bolsa de las participaciones de los estados, y además de esa caída recaudatoria, está la caída en el precio del petróleo y pues por eso no hay recursos para repartir”.
De acuerdo a la información difundida del análisis de la Cámara Baja, la mayor merma de recursos presupuestados para los estados fue por la vía de aportaciones federales. Las estimaciones de la Secretaría de Hacienda habían calculado una entrega de 335 mil 40 millones de pesos para los primeros cinco meses del año, pero sólo se repartieron 324 mil 784 millones, es decir, hay un faltante de 10 mil 256 millones. Las entidades más afectadas fueron la Ciudad de México, Hidalgo, Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas y Chiapas. La capital del país fue la más castigada. Originalmente se le calendarizaron 23 mil 573 millones de pesos por aportaciones, pero sólo se le entregaron 20 mil 952 millones, es decir, un déficit de 2 mil 621 millones.
El gobierno de Hidalgo, del priísta Omar Fayad, tuvo un faltante de 482 millones de pesos; la administración del morenista Jaime Bonilla en Baja California, registró un hueco de 121 millones de pesos, y el gobierno de Rutilo Escandón en Chiapas de 82 millones de pesos. Los gobiernos panistas de Martín Orozco de Aguascalientes y Francisco Javier Cabeza de Vaca de Tamaulipas, tuvieron un faltante de 38 millones y 53 millones, respectivamente. Respecto a las participaciones, de los 411 mil 128 millones de pesos que se programaron otorgar, sólo se destinaron 402 mil 928 millones, es decir, un faltante de 8 mil 200 millones. Un total de 21 entidades recibieron menos de lo estipulado: los gobiernos priístas en Zacatecas, Coahuila, Campeche, Sonora, Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo y Sinaloa; las administraciones panistas de Nayarit, Durango, Guanajuato, Chihuahua, Quintana Roo y Yucatán; las gestiones morenistas de Puebla, Tabasco, Ciudad de México y Chiapas; el gobierno perredista de Michoacán; el del PES de Morelos; y el de Movimiento Ciudadano de Jalisco, conforman el listado.
Seguridad
Se comprueba puede obtenerse alguna reacción del gobierno cuando cunden las críticas, cuando durante horas un tema es abordado con mucha seriedad, pero también haciendo ver los ridículos o las malas acciones. Reculó Alfonso Durazo ante la serie de interrogantes vertidas sobre su ausencia en la gira presidencial, cuando justamente se llegaría a la tierra del Mencho, pero también del Marro, en donde los carteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación han causado cientos de muertes en encontrones tanto con las autoridades como entre ellos por la pelea del dominio de las plazas. En el contexto de la más grave crisis de seguridad en México, con récords en los índices de homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto en todo el país, la administración de López Obrador se ha confrontado con mandatarios de partidos de oposición.
Es hasta ahora, en su visita proselitista al estado de Guanajuato, gobernada por el panista Diego Sinhué Rodríguez, y en donde se registra fuerte presencia del crimen organizado con la mayor incidencia de homicidios dolosos desde diciembre de 2018 a la fecha, que el presidente informó llegó a un acuerdo con el mandatario estatal para llevar a cabo una estrategia conjunta de seguridad, “independientemente de algunas diferencias que tenemos”. ¿Después de cuántos cadáveres habla el presidente de una estrategia conjunta con Guanajuato, cuando ésta debería estar presente en todo el país? ¿No se ha dado cuenta que van tres veces en las cuales solicita tiempo, éste ha concluído y los delitos van al alza? Por cierto, López Obrador celebró el que el gobernador guanajuatense cambiara su postura y aceptara presentarse diariamente a las reuniones de coordinación de seguridad, similares a las por él encabezadas en Palacio Nacional. Diego Sinhue confirmó va a rectificar, asistirá a las reuniones y hasta dijo que desde que se decidió a participar han mejorado los resultados. Lo dicho por uno y por otro es cínicamente asombroso. ¿De que sirven las reuniones palaciegas si el registro de delitos va al alza y la delincuencia parece incontrolable? ¿Los habitantes de Celaya, Irapuato, de León, estarán de acuerdo con los “mejores resultados”?
Indomable pandemia
Así como ha sido imposible determinar que es primero: la gallina o el huevo, en el caso de las culpas por el mal manejo de la pandemia se gira del gobierno federal a los estatales sin tomar en consideración el papel que corresponde a los municipales. La figura tan defendida de un López Gatell causante principal de la irregularidad en el comportamiento ciudadano al hacer declaraciones encontradas sobre la presencia y el curso de la pandemia, además de dar a conocer cifras comprobadamente falsas, aparece como el gran responsable a nivel federal, cuando esto debería ser directamente aplicado al titular de la Secretaría de Salud. Se resalta el gran error de haber borrado del mapa el Seguro Popular porque su sustituto, el INSABI, ni opera, ni aparece, ni se tiene conocimiento de cuál es su papel en la actualidad. Un esquema de protección para, en efecto, los carentes de servicios a través de institutos como el Seguro Social, el ISSSTE o sin alce económico para contar con los privados, se quedaron al garete y de ello no hace ninguna revelación el tabasqueño ni los de su equipo.
A nivel de gobernadores no es de extrañarse que, como sucede en cada tragedia ya sea causada por los embates de la naturaleza o como en este caso por la presencia de virus o bacterias, se hable de solicitar más deuda, de gastos excesivos, de no contar con dinero suficiente, etcétera. Tampoco es nuevo se soliciten fondos especiales.
Los alcaldes se han cruzado de brazos. Ahora, quienes pretenden una curul federal o reelegirse en algunos casos, entregan cubre bocas y caminan por las calles en calidad de merolicos haciendo llamados a la gente a protegerse. Pero de auxiliar con comedores, con medicamentos, haciéndose presentes en los hospitales, vigilantes de la seguridad, presentando alternativas para evitar sigan los menores sin la enseñanza debida, conciliando inclusive entre sectores o brindando apoyo a través de condonaciones tributarias, de eso… nada.