Lilia Arellano
*Sin seguridad y sin dinero
*Resiente México la peor crisis de inseguridad
Todo parece indicar el gobierno de la auto denominada Cuarta Transformación no tiene recursos para enfrentar el gasto corriente y los principales programas de política asistencial por lo que resta del año. Tal vez tampoco pueda cubrir los gastos de sus mega obras: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Por supuesto, no tiene dinero para atender adecuadamente la crisis sanitaria por el Covid-19 ni la crisis económica derivada de ésta. De los “ahorros” de 400 mil millones que dijo AMLO tenía, no se sabe nada.
Los registros de la Secretaría de Hacienda indican el consumo se ha caído; el IVA se desplomó 36.5 por ciento, comparado con el periodo del año pasado; el IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a combustibles, cayó 26.9 por ciento, mientras los ingresos petroleros bajaron 65.3 por ciento. Diversos analistas, entre ellos Alejo Sánchez Cano de El Financiero, estiman que en mayo la caída de los ingresos presupuestales estará girando en 120 mil millones de pesos y en junio serán más de 30 mil millones de pesos. Estamos ante un déficit de al menos 150 mil millones de pesos.
Información de la SHCP revela: las medidas de confinamiento para evitar la propagación de Covid-19 generaron un impacto en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en diferentes bienes de consumo como la gasolina, comida chatarra, cerveza, cigarros y en juegos de apuestas y sorteos. Para el cierre de mayo se esperaba obtener ingresos por la recaudación del IEPS de alrededor de 211,940.3 millones de pesos y se percibieron 194,094.2 millones de pesos, lo que significó un faltante de 17,846.1 millones de pesos. Dicha recaudación significó una reducción anual de 1.9% en el acumulado enero-mayo. Si sólo se considera mayo se tuvo una caída anual de 25.7% y respecto al mes anterior, abril, la caída de la recaudación del IEPS fue de 20.8%, en términos reales.
La administración de AMLO ya se gastó 21 mil millones de pesos del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México; cuatro mil 800 millones de pesos del Fideicomiso de Estabilización de Entidades Paraestatales; otros 24 mil millones de pesos que la SHCP no clarifica de dónde salieron; casi cien mil millones de pesos del Fondo de Estabilización Presupuestaria, destacó Cano. La SHCP informó se pidieron prestados 2 mil 200 millones de dólares al Banco Mundial, organismo que aclaró los recursos prestados se deberían destinar para paliar los efectos de la pandemia, pero el gobierno los está destinando a otros programas, eminentemente de rentabilidad electoral para su administración y su partido, Morena.
El legislador perredista Antonio Ortega Martínez aseguró el gobierno del tabasqueño ya gastó los fondos y fideicomisos destinados a encarar la pandemia por Covid-d19 y ahora “busca dinero hasta debajo de las piedras”. En la Cámara de Diputados, la bancada del PRD propondrá la elaboración de un presupuesto alternativo, en lugar del ajuste que el presidente pretende realizar a los recursos aprobados para este año. Por eso, Morena empuja otro periodo extraordinario de sesiones para modificar la Constitución y le confieran con ello facultades de alterar la cuenta pública sin necesidad de pasar por el Congreso.
Inseguridad
El gobierno federal no ha logrado controlar ni contener la violencia heredada de las gestiones de sus antecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con el tabasqueño, México resiente su peor crisis de inseguridad, con delitos de alto impacto alarmantes y otros con tendencia a la alza, como el homicidio y la violencia familiar. AMLO llegó al poder con la promesa de pacificar al país, de disminuir los índices delictivos, especialmente los homicidios dolosos y las desapariciones de personas, pero ha fracasado estrepitosamente, y sigue culpando a los gobiernos del panista y del priísta, así como a los mandatos estatales. Cada vez que se le cuestiona sobre el tema, el mandatario se niega a cambiar o ajustar su estrategia de seguridad, cuya propuesta a corto plazo fue la construcción de la Guardia Nacional, pero ésta fue puesta al servicio del gobierno de Donald Trump y enfocada para disminuir la inmigración de Centroamérica a territorio estadounidense, en lugar de concentrarse en detener a criminales y en liberar ciudades y carreteras. Su plan a largo plazo es más inversión social para enfrentar las causas de violencia, lo cual no ha reducido el dominio de los cárteles criminales, por el contrario, los ha fortalecido y los ha llevado a retar al Estado en grandes regiones. La captura y posterior liberación en octubre pasado de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue prueba de ello. Su impunidad fue patente en la masacre de los miembros de las familias LeBarón y Langford en noviembre pasado.
Aunado a lo anterior surge otra ofensa para los mexicanos al considerar no somos capaces de interrogar, de adentrarnos en los problemas y las crisis que nos afectan. En un simple twitter, el encargado de la seguridad, Alfonso Durazo, informa le fue aprobada por el Ejecutivo federal, por el presidente, una semana de ausencia. Los motivos no se explican, los ciudadanos no merecemos ninguna explicación con todo y ser con nuestros impuestos con los cuales se paga el salario de un funcionario a todas luces incapaz de entregar buenos resultados de su encargo. Y justo no asiste a trabajar cuando el tabasqueño se dirige a zonas de alto conflicto, en donde se encuentran operando y asesinando dos carteles: Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, con el “Mencho” y el “Marro” a la cabeza y considerados de alta peligrosidad.
De acuerdo con la organización Causa en Común, durante los primeros 18 meses del sexenio de López Obrador se han registrado 71 por ciento más asesinatos que en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto. En un informe, reportó que entre diciembre de 2012 y mayo de 2014 (con EPN) se iniciaron 26 mil carpetas de investigación por ese delito, mientras que de diciembre de 2018 a mayo de 2020, se abrieron 45 mil 538. El estudio, titulado “Registros Delictivos: comparativos sexenales a 18 meses de gobierno”, agrega que la diferencia con respecto al sexenio de Felipe Calderón es aún mayor, de 181 por ciento, ya que en los primeros 18 meses del panista iniciaron 16 mil 179 carpetas. Ningún año en los gobiernos de cualquier otro presidente en casi un siglo fue tan violento como el primero de la 4ª Transformación en el poder y la tendencia sigue en 2020.
Los registros de asesinatos se mantienen con un promedio aproximado de 3 mil mensuales, desde la segunda mitad de 2018. Sobre este nivel inadmisible de crímenes, que el gobierno federal denomina “línea de contención”, el número de homicidios dolosos registrados en los primeros cinco meses de 2020 es el mayor desde que se tiene registro. Además, desde hace tiempo, hay un grave problema de subregistro (de delitos) en el país, principalmente por la desconfianza y las dificultades para denunciar, y debido a probables manipulaciones por parte de autoridades. A eso debe agregarse que el confinamiento obstaculiza la realización de algunos delitos, como el robo a casa habitación. Adicionalmente, la disminución de actividades laborales, probablemente ha tenido un efecto en las posibilidades para ingresar denuncias.
De acuerdo con la organización, el robo con violencia también registra un considerable crecimiento de carpetas de investigación en la presente administración, pues pasó de 313 mil 253 en el sexenio de Peña Nieto a 406 mil 571 durante la gestión de López Obrador. Una situación similar se registra con el delito de extorsión. En los primeros 18 meses del gobierno de AMLO se presentaron 12 mil 405 carpetas de investigación. En el mismo periodo del anterior sexenio sumaron 11 mil 652 carpetas. Una excepción a esta tendencia en aumento es el secuestro, ya que en los primeros 18 meses de la actual administración se detectan 1,831 carpetas de investigación de este delito, casi un 27 por ciento menos que las acumuladas el sexenio pasado.
Causa en Común admite algunos delitos han disminuido en los últimos meses, como el robo a casa habitación y el secuestro, pero dicha reducción es atribuible a factores de diversa índole asociadas principalmente a la pandemia por el Covid-19 y obviamente con el confinamiento.