Lilia Arellano
*Persiste crisis de derechos humanos
*Más cortinas de humo ante ola de violencia e impunidad
* AMLO reitera no presentará denuncia contra Peña Nieto
El segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza trágicamente y el tabasqueño continúa utilizando cortinas de humo, como la rifa del avión presidencial y una presunta investigación al ex presidente Enrique Peña Nieto, para desviar la atención de los problemas fundamentales del país, en donde persiste una profunda crisis de derechos humanos, como lo reiteró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI). Mientras, el titular del Ejecutivo Federal “menosprecia” el rol de los defensores de derechos humanos, utiliza la Guardia Nacional para impedir el paso de migrantes y refugiados, y sigue con fallidas estrategias militarizadas de seguridad pública de administraciones pasadas ante la ola de homicidios y feminicidios. Por eso, AI urgió al presidente a no “evadir la responsabilidad y no atacar a las personas y organizaciones que señalan la crisis” de México, y se centre en acercarse “a la sociedad civil para encontrar soluciones a esta grave situación”.
Tras prácticamente agotarse el combustible de la rifa del avión presidencial, fue filtrado a un diario extranjero, The Wall Street Journal -del cual Carlos Slim es el principal inversionista individual-, que el ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las indagatorias por el caso de corrupción que involucra al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Según el diario estadounidense, un alto funcionario del gobierno mexicano confirmó se investiga si Peña Nieto está implicado en los sobornos a Lozoya por parte de la empresa brasileña Odebrecht y en la compra de Altos Hornos de México de la planta chatarra de Agronitrogenados. “La Fiscalía tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en Agronitrogenados y Odebrecht alcanza al máximo nivel”, dijo el alto funcionario lopezobradorista al WSJ. Gran parte de la conferencia de prensa mañanera de AMLO este jueves ocupó este tema. López Obrador indicó desconocer si existe dicha investigación de la FGR contra Peña Nieto y reiteró que sólo presentaría una denuncia en su contra si así lo decide la ciudadanía.
“No tengo información sobre que exista esta investigación, como sostuvo el Wall Street Journal, no tengo yo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso contra el ex director de Pemex, (Emilio) Lozoya, no hay una investigación, que yo sepa, en contra el ex presidente (Enrique) Peña”, señaló López Obrador, quien aclaró: “No estoy defendiendo a Peña Nieto, no quiero que se vaya a malinterpretar, porque la gente, que es lo que más me importa, tiene que tener todos estos elementos, no porque lo dice el Wall Street Journal”. No obstante, el tabasqueño afirmó el “negocio” de la compra de las plantas “chatarra” debió llevar el visto bueno del ex presidente Enrique Peña Nieto. “El poder ejecutivo era la fuente principal de corrupción, empezaba desde arriba, todos los negocios jugosos que se hacían, todos estos últimos escándalos de corrupción es muy difícil que no llevaran el visto bueno del presidente”, destacó AMLO.
Desperdicia AMLO
“oportunidad histórica”
López Obrador, quien arrancó con un mandato robusto tras las elecciones de 2018, tiene “una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país”, pero está desperdiciando su bono democrático. Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de AI México, explicó la solicitud de una reunión con el presidente López Obrador, responde a una invitación que él mismo hiciera a la organización cuando era candidato a la Presidencia de México.
“Es importante que el presidente escuche las propuestas que tenemos desde la sociedad civil para poner freno a la crisis de derechos humanos en el país, que se traduce lamentablemente en un alto costo en vidas y otras violaciones graves a los derechos humanos cada día”, expuso.
Desde finales del año pasado, AI publicó un balance en la materia durante el primer año del nuevo gobierno. En un informe titulado “Cuando las palabras no bastan”, denunció que a un año del mandato de López Obrador, México continúa sumido en una crisis de derechos humanos y señalaba especialmente la creciente violencia de género tras políticas “insuficientes” en la materia.
En el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación “pocos son los avances sustanciales para resolver la crisis de derechos humanos en México”. Persisten “los altísimos niveles de violencia de derechos humanos que atentan contra el derecho a la vida, la tortura aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México”, destacó Reneaum Panszi, quien resaltó las contradicciones en el discurso de AMLO: “Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente”.
Para AI la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, evidencia el mantenimiento de una política de militarización, pues del total de los integrantes de la Guardia Nacional, el 79.22 por ciento provienen de las fuerzas armados bajo el mando de un general retirado, mientras el restante 20.78 provienen de la Policía Federal. Además, “los elementos de las fuerzas armadas transferidos a la Guardia Nacional mediante oficios administrativos, siguen adscritos a las fuerzas armadas, y su deber de obediencia a la cadena militar sigue intacto, incluso su salario es pagado por las secretarías dela Defensa Nacional y de la Marina”. La Ley de la Guardia Nacional, aprobada en 2019, otorga amplias facultades a la corporación en tareas de investigación de delitos, “incluida la intercepción de comunicaciones privadas, y también la facultó para participar en el control migratorio”. Además, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que regula a la corporación “no se apega al derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.
Actualmente, “el uso de la tortura y otros malos tratos, la dramática estadística de desapariciones de personas y las detenciones arbitrarias continúan siendo una alarmante realidad del contexto de derechos humanos en México”, destacó AI. La organización reprobó el país siga siendo “un lugar hostil para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, y lamentó que el presidente “haya utilizado sus conferencias de prensa para denostar la labor de la sociedad civil organizada y para señalar a periodistas y medios de comunicación que han criticado sus políticas”.
Las recomendaciones de su informe en diciembre del año pasado siguen plenamente vigentes: que los integrantes de la Guardia Nacional no pertenezcan a las fuerzas armadas, y que mientras ello no ocurra, que “no se involucren en tareas de seguridad pública salvo de manera excepcional, limitada y restringida”, así como “que no participe en la investigación de delitos”; reconocer la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas para recibir y examinar las comunicaciones de casos individuales; aplicar una política de prevención y protección de defensores de derechos humanos, así como implementar las recomendaciones de la ONU-DH sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
También: que “ningún niño o niña permanezca detenido por motivos de inmigración”; acabar con la política de devolución de las personas migrantes en situación irregular, y que las prácticas ameriten sanción administrativa, y realizar “investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por razones de género (feminicidios) garantizando que se lleve a las personas responsables ante la justicia y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias”.