Lilia Arellano
*Opacidad de la 4T
*INAI va en contra del “decretazo”
*Q. Roo: las lealtades de Delgado
*Más chances para Emilio Lozoya
“Muchas son las leyes en un Estado corrompido”: Tácito
El pasado 25 de noviembre, 53 senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, además de los cinco del nombrado Grupo Plural, pidieron a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Olga Sánchez Cordero, presentara una controversia constitucional contra el llamado “decretazo” del presidente López Obrador para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de las obras de infraestructura del gobierno, con el argumento señalando se invaden las facultades del Congreso. Ayer, la ex ministra, ex notaria y madre del anatocismo rechazo promover dicha acción, por lo que los legisladores de oposición adelantaron buscarán otras vías jurídicas para combatir el acuerdo presidencial.
Doña Olga exhibió su obediencia “ciega” en temas tan delicados sin contar sería este miércoles cuando, por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) acordaría interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo referido.
En sesión ordinaria, los comisionados coincidieron en que el documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, viola los principios y derechos de transparencia en México.
Los seis comisionados del Inai presentes en la sesión pública –se ausentó Rosendo Evgueni Monterrey-, acordaron instruir al director general de Asuntos Jurídicos de la presentación del recurso de control constitucional contra dicho documento. Coincidieron en que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la información pública sólo puede reservarse por asuntos de seguridad nacional después de un análisis de cada caso y no a priori y, con dicho acuerdo, aunque no lo dice explícitamente, se puede inferir se podría proceder a reservar la información de manera previa, incluso, a su generación. Por tal motivo, consideraron la SCJN deberá determinar la compatibilidad de dicho documento emitido por el Ejecutivo Federal con la Carta Magna.
Por el contrario, Sánchez Cordero renunció públicamente, el martes pasado, a la facultad que tiene el Senado de la República para impugnar un decreto con el cual el titular del Ejecutivo se excedió en todas sus facultades constitucionales al ordenar reservar y clasificar “como de interés nacional” todas las obras públicas que realice su gobierno con el dinero de los contribuyentes. Como lo han resaltado legisladores federales y especialistas en derecho, ese decreto contraviene varias leyes, artículos constitucionales y hasta obligaciones de transparencia y combate a la corrupción a las que se comprometió el régimen de la 4T. Aun así, para la presidenta de la Cámara los argumentos no se consideran suficientes para iniciar una controversia o acción de inconstitucionalidad ante la Corte para buscar se pronuncie sobre la posible extralimitación de facultades y violaciones constitucionales graves en las que incurrió AMLO y su gabinete con el denominado “decretazo”.
Según doña Olga: “Desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto al Senado. Lo anterior no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto a revisión jurídica”, explicó en Twitter. Luego agregó que otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional. Cualquier parecido con la memorable acción de Poncio Pilatos es mera coincidencia.
Senadores de oposición reaccionaron de inmediato al posicionamiento de Sánchez Cordero. El coordinador del PAN, Julen Rementería, indicó: “Ya nos esperábamos una resolución tan absurda”, al tiempo de revelar tienen adelantada la propuesta para presentar la acción de inconstitucionalidad. Criticó la decisión de determinar improcedente la solicitud presentada por 53 senadores bajo la consideración de haberse asumido, en su nuevo desempeño, como en los tiempos en los cuales era ministra e hizo una interpretación favorable al presidente evitando ir contra su decreto.
El coordinador de la bancada de MCD, Clemente Castañeda, lamentó la respuesta de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta y recordó: “El “decretazo” presidencial pretende de facto derogar disposiciones de leyes de transparencia, climáticas, obras públicas, entre otras, como si estuviéramos en un estado de excepción”. En su cuenta de Twitter, el legislador cuestionó:
“¿Cómo va a carecer el Senado de interés legítimo si están invadiendo atribuciones legislativas?” También anunció que MC buscará otras vías jurídicas para combatir el polémico acuerdo del presidente.
En tanto, en la Cámara de Diputados, los legisladores integrantes de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) en voz del coordinador panista, Jorge Romero, señalaron: “Esto es un atentado absoluto a los derechos humanos que tenemos a la transparencia, al derecho que tenemos a acceder a la información que es pública. Por eso estamos evaluando, no solo denunciarlo mediáticamente, (sino) interponer una controversia constitucional porque consideramos es una invasión de esferas, y por lo tanto no quedarnos en la denuncia, sino usar nuestro poder político y jurídico”. A su vez, el priísta Rubén Moreira criticó no haya una explicación por parte del gobierno federal sobre por qué se publicó este decreto y consideró que no hay necesidad de tomar este tipo de decisiones.
Desde el pasado 23 de noviembre, comisionados del Inai advirtieron de una posible transgresión al artículo sexto de la Constitución, el cual señala: “toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, el derecho a la información será garantizado por el Estado”. En el recurso del Inai se buscará obtener una suspensión en contra del decreto para que no entre en vigor mientras se investiga el fondo. “
De los pasillos
Mario Delgado y sus afanes verdes están causando estragos en la militancia y la dirigencia morenista. La selección para llevar a cabo encuestas de preferencia a fin de determinar quienes serán los abanderados del Movimiento está amañada y, como sucedió en Quintana Roo en la selección para el cambio en las presidencias municipales, el manipuleo llega al extremos de inventarlas según consta en el dictamen presentado por la Comisión de Honor y Justicia de ese partido en el cual niegan se hubiese llevado a cabo encuesta para la selección de candidatos… Habiendo declarado se presentarán seis nombres -3 de féminas y 3 de varones- en las 6 entidades en donde se llevará a cabo el proceso electoral del 2022, registro a 5 en Quintana Roo, dando por un hecho podría ser mujer la seleccionada de entre tres nombres causantes de inconformidad tanto en las filas morenistas como en los quintanarroenses. El arribismo político y el uso de las siglas de Morena para alcanzar el poder está presente al poner los nombres de Mara Lezama, Laura Beristaín y Marybel Villegas. Ninguna es parte de la militancia y, al igual que en los casos de José Luis Pech y Luis Alegre ni siquiera aparecen en el último padrón de registro morenista. Curiosamente quien a toda costa Delgado pretende borrar de la selección a sabiendas de representar el triunfo y la unidad de ese partido, Rafael Marín Mollinedo, es el único cuyo nombre aparece en el registro nacional. Los movimientos en la entidad ícono del Caribe mexicano realizados por MD tienen como objetivo empoderar al Partido Verde, organización a la cual ha entregado no solo la lealtad sino el gobierno potosino y el 90 por ciento de las curules que presumen tanto en lo local como en lo federal…
Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez Artemio Zúñiga Mendoza fijó para el 13 de diciembre el cierre de la investigación por el caso Odebrecht, con lo que rechazó conceder 30 días que pedía la defensa de Emilio Lozoya para analizar una de las pruebas. A partir de dicha fecha empezará a correr el plazo de 15 días hábiles para que la Fiscalía General de la República presente la acusación formal contra el ex funcionario de Pemex.