Lilia Arellano
* AMLO en la ONU: corrupción y neoliberalismo
*Inseguridad, ola de violencia, asignaturas pendientes
*Ricardo Anaya, y el show del combate a la corrupción
“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”: Horacio.
Este martes, en su segundo viaje al extranjero, el presidente López Obrador asistió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en donde habló sobre la desigualdad producida por el neoliberalismo, particularmente en Latinoamérica. Los especialistas esperaban se enfocará en la “gran corrupción” que implica el abuso de poder de jefes de Estado y altos funcionarios públicos quienes manejan fuertes cantidades de dinero para llevar a sus arcas personales, como comprueba el caso Pandora Papers. Y obviamente que haría una defensa de su gestión en el tema de la corrupción y una justificación del por qué no se ha logrado avanzar en la materia.
En realidad se puso en evidencia, pues el “combate a la corrupción” de su administración deja mucho que desear, toda vez que los casos judicializados sirvieron para tender una cortina de humo sobre los temas fundamentales de México: la imparable ola de violencia e inseguridad, la cual ha dejado más de 103 mil víctimas a la fecha; la crisis económica resentida por los mexicanos por lo que se vislumbra todo un sexenio perdido en este terreno; y la terrible mortandad por los efectos del mal manejo de la pandemia por Covid-19 en el país, llegando a registrar hasta la fecha más de 700 mil muertes, aunque las autoridades de salud sólo reconozcan menos de la mitad.
La campaña permanente del “combate a la corrupción” le ha redituado a López Obrador en el terreno político-electoral y para mantener sus niveles de popularidad. Sin embargo, los resultados son pobres: de los altos funcionarios del sexenio pasado, sólo dos: Rosario Robles –una ex aliada “traidora”- y Emilio Lozoya –un delator que no pudo aportar pruebas de sus dichos- están tras las rejas, el resto goza de total impunidad, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda y ex canciller, Luis Videgaray. Sin embargo, los reportes y sus comunicados de la autodenominada cuarta transformación (4T) dan cuenta de grandes éxitos en la lucha anticorrupción con datos difícilmente comprobables.
Las sanciones económicas contra funcionarios para recuperar desfalcos y las denuncias penales por corrupción al interior del gobierno federal se dispararon en niveles históricos en lo que va de la actual administración; en comparación con sexenios anteriores, reportó este lunes el régimen de la 4T: en dos años y medio, entre 2019 y el primer semestre de 2021, la Secretaría de la Función Pública aplicó sanciones monetarias a servidores y ex servidores públicos federales por más de 2 mil 800 millones de pesos, una cifra superior a los 56.9 millones de pesos de sanciones de este tipo aplicadas durante los 19 años previos, entre 2000 y 2018. Si así fué el desempeño de Irma Eréndira Saldoval ¿por qué el despido? ¿era necesario cambiarla solamente por tener una riqueza inexplicable?
En cuanto a los casos judicializados, en dos años y medio, la SFP presentó 750 denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 341 funcionarios y ex funcionarios, la mayoría acusados de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos. En el sexenio de Peña Nieto, las denuncias penales presentadas por la SFP ante el Ministerio Público apenas sumaron 38. Contra licitantes, proveedores y contratistas, las multas en este sexenio también han sido superiores: en 2019 sumaron mil 450 millones 378 mil 290 pesos, un monto que en 20 años no se había registrado. A la fecha, las sanciones contra empresas impuestas por la SFP este sexenio suman mil 628 millones 752 mil 405 pesos. Puros éxitos reportados, ninguno fielmente comprobado, ni siquiera en sus ingresos en Hacienda o ¿en dónde están todos los millones de pesos reportados y cuál ha sido el rumbo de las carpetas de investigación? ¿Por qué no hay por lo menos el 10 por ciento de los acusados en la cárcel?
Pero, con esas cuentas alegres se pretende desviar la atención sobre cuestiones fundamentales como la pacificación del país y el freno a la ola de violencia las cuales no han merecido encontrarse en la jerarquización para conformar estrategias de solución o, tal vez, se han descuidado con la política de “abrazos, no balazos” con la que el presidente López Obrador ha apapachado a las organizaciones criminales, en especial al Cártel de Sinaloa. El resultado es el récord de las ejecuciones, las cuales van creciendo mes tras mes y la comercialización y tráfico de estupefacientes sigue en aumento. Además, los organismos internacionales dan cuenta de las fallas de esta administración en la materia. De acuerdo con el Índice Global de Política sobre Drogas, creado por el Consorcio para la Reducción de Daños Internacional, donde se agrupan 190 organizaciones civiles especializadas en derechos humanos, la política antidrogas de México está lejos de apegarse a las recomendaciones de la ONU en esa materia.
En dicho índice internacional, divulgado el lunes, México obtuvo 35 puntos sobre 100, y sólo está por arriba de cuatro países: Kenia, Indonesia, Uganda y Brasil, por lo cual se coloca en la posición 26 de entre 30 países evaluados, los cuales, en su mayoría, no cumplen con las recomendaciones básicas propuestas por la ONU, y ninguno alcanza el puntaje de 100. La puntuación más alta la obtuvo Noruega, con 74 puntos, y Brasil la más baja, con 26. El análisis estableció una puntuación de 0 a 100 para cada país, según criterios como la existencia o no de la pena de muerte, la despenalización y el financiamiento de las políticas de reducción de daños.
De acuerdo a esa herramienta de evaluación internacional, la cual marca 75 indicadores, en México prevalece el enfoque militarizado y represivo en las políticas sobre drogas, y el impacto desproporcionado del control de los estupefacientes sobre las personas marginadas en función del género, etnicidad y situación socioeconómica. Además, indica, la aplicación de la ley en esta materia se centra en los delitos no violentos, especialmente por parte de las personas usuarias de drogas; hay un déficit de financiamiento para la reducción de daños; existe una enorme brecha entre las políticas gubernamentales y su aplicación para garantizar el acceso a los medicamentos bajo fiscalización, y los programas de desarrollo alternativo en zona de cultivo ilegal siguen atrincherados en la prohibición y la erradicación.
Los especialistas no esperan avances en esta materia en el resto del sexenio de López Obrador. Luego del resultado de las elecciones del 6 de junio, el triunfo de Morena en 11 de las 15 gubernaturas en disputa tiene un impacto en geo-criminalidad, con un reacomodo de las distintas organizaciones criminales en 10 de los 11 estados ganados por el partido de AMLO. En Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, el gobierno de López Obrador pretende consolidar su plan de “pacificación” con acuerdos con los cárteles de la droga, al igual que lo hicieron sus antecesores del PRI y del PAN, bajo la pretensión de lograr disminuyan los homicidios dolosos y algunos tipos de criminalidad a cambio de que el gobierno federal y los nuevos locales se hagan de la vista gorda del negocio de producción y tráfico de estupefacientes.
En los hechos se trata de implementar la paz mafiosa, operada en su momento por los regímenes del PAN y del PRI, cuya columna vertebral fue “dejar hacer, dejar pasar”, a cambio de cuantiosos sobornos. Se trata de una negociación Estado-mafia, Estado-carteles de la droga, cuyas guerras y las redes de corrupción creadas en distintos niveles de gobierno han causado masacres infames y éxodo de miles de mexicanos al obligarlos a abandonar sus comunidades, más de 800 mil desaparecidos, y cerca de 300 mil ejecutados en los últimos tres sexenios. En esta administración van más de 103 mil ejecutados. Es la concreción del ofrecimiento de López Obrador: “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”, dijo el inquilino de Palacio Nacional en febrero de 2019.
Destaca el agradecimiento público de López Obrador al comportamiento del crimen organizado en la jornada electoral. “Se portaron muy bien”, resaltó. Y, con esos datos se presentó en un foro en el cual Juan Ramón de la Fuente ha hecho esfuerzos sin límite para captar la atención internacional sobre nuestro país, esperando se tengan resultados favorables.
Caso Anaya
Ya con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en la cárcel, el show de la 4T del combate a la corrupción no puede parar y los reflectores apuntan al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien ya está apuntado para volver a participar en el proceso presidencial próximo. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó la audiencia de Anaya se pospuso hasta el 31 de enero del próximo año a las 9 de la mañana al no alcanzar a imponer la totalidad de las constancias. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) pediría prisión preventiva contra Anaya por su presunta responsabilidad de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lo hizo la semana pasada en la audiencia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La primera ocasión en que se difirió la audiencia fue en agosto, luego de que la defensa de Anaya alegó no tuvo acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada.
López Obrador pidió a su ex contrincante Ricardo Anaya dar la cara y responder ante las acusaciones sobre la presunta recepción de sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario opinó que el panista, quien se perfila de nueva cuenta como un rival en la siguiente elección presidencial, debe regresar al país para aclarar su situación, además de recomendar a la FGR presentar pruebas porque, no se trata de fabricar delitos.
De los pasillos
Tras reportarse en las primeras horas largas filas de autos y hasta de personas que dejaron sin reservaciones a los hoteles, en los municipios fronterizos, los cruces hacia Estados Unidos reportaron una baja afluencia este lunes. “Aquí se ve el reflejo de la buena voluntad de la sociedad, que de alguna forma entendió que los cruces sólo eran los necesarios”, señaló en entrevista el director de Obras e Infraestructura Urbana de Tijuana, Javier Delgado Garibay…
El autogobierno funciona y muy bien en las cárceles mexicanas. Juan Collado está en la zona VIP del Reclusorio Norte y ahí tiene como vecino al campechano José Luis Lavalle. Ninguno de los dos ha manifestado el deseo de convertirse en soplón y por lo tanto rechazan, y así lo acordaron con el director de reclusorio, se ingrese en esa misma área en donde los privilegios sobran un sujeto con las características del ex director de Pemex, quien además de sapo es mitómano.