Lilia Arellano
México, un pavoroso cementerio
Por corrupción, G. Ruiz Esparza en la mira de la FGR
Escribo esto a unas horas del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, justo cuando se observa que los problemas fundamentales de la Nación no se han resuelto, ni están en vías de solución; por el contrario se han agudizado a pesar de los esfuerzos del tabasqueño, quien no es acompañado adecuadamente por los responsables de cada una de las carteras de su gabinete. Esto es especialmente grave en materia de seguridad pública, en donde la inseguridad sigue sin ser combatida correctamente, los homicidios dolosos se mantienen a la alza, así como la serie de delitos relacionados con el crimen organizado, donde cobra especial relevancia la desaparición de personas, más de 45 mil según los propios datos oficiales, además de la existencia de 37 mil cuerpos sin identificar. Decenas de miles de familias mexicanas se encuentran lastimadas y vulneradas por esta crítica problemática.
Ante la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a derechos humanos en el país, el gobierno de la Cuarta Transformación presentó a principios del mes de febrero el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó se estima hay alrededor de 45 mil personas desaparecidas, así como más de mil fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos sin identificar. El funcionario detalló el principal grupo de personas en esta situación se ubica entre la población cuyas edades fluctúan entre 17 y 29 años, además de que en los últimos años se ha incrementado la desaparición de niños. México es una enorme fosa, declaró Encinas en Palacio Nacional en esa ocasión, cuando informó de la aplicación de un presupuesto de 400 millones de pesos para su búsqueda, y aseguró se daría prioridad al rastreo de personas con vida.
Siete meses después, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se admite oficialmente la situación se ha agravado. La crisis forense y de desapariciones en el país se traduce en números desgarradores. El Sistema Nacional de Búsqueda reporta en los primeros siete meses del gobierno de López Obrador se localizaron 207 sitios de inhumación clandestina, principalmente en Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Colima y Zacatecas, que acumulan 66 por ciento del total. Además, se localizaron 326 fosas clandestinas y 79.5% se concentraron en Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Chihuahua. En estos lugares se encontraron 671 cuerpos. En total, del 2006 a la fecha se han localizado 4 mil 974 cuerpos en 3 mil 24 fosas clandestinas, informó Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda. Las madres, hijas, hermanas y esposas, llamadas “rastreadoras”, se han organizado y logrado la localización de cientos de fosas clandestinas en todo el territorio nacional. Debieron emprender sus propios procesos de investigación, búsqueda, exhumación e identificación de restos, ante la indolencia y corrupción de las autoridades (in) competentes.
Afuera de Palacio Nacional, el pasado viernes, integrantes de colectivos de familiares del Movimiento por Nuestros Desaparecidos se manifestaron para exigir que las buenas intenciones del presidente López Obrador se conviertan en resultados concretos. En un pronunciamiento demandaron: “que no exista un límite presupuestario para la búsqueda, que todas las autoridades federales, estatales e instituciones de gobierno se coordinen y se comprometan. Es indispensable que el Fiscal General de la República –quien hasta el momento no ha recibido a las familias- actúe porque su trabajo es fundamental para buscar y poder acceder a la justicia”.
En un pliego respaldado por más de 100 mil firmas de ciudadanos, más de 60 colectivos de familiares de desaparecidos, provenientes de 22 entidades federativas y de tres países de Centroamérica, demandaron crear la Ley sobre desaparición de personas, se implemente correctamente en los estados y se les asigne un presupuesto para funcionar adecuadamente; una búsqueda inmediata con protocolos precisos para que las Fiscalías y Comisiones Locales de Búsqueda se puedan coordinar para la exploración efectiva y bajo la presunción de vida; ante la crisis de identificación forense, se cree un “Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”, con recursos propios, apoyo internacional, técnico y financiero, el cual incluya una perspectiva trasnacional para la identificación de personas extranjeras desaparecidas en México; y se ponga fin a la impunidad para que las desapariciones dejen de suceder.
Durante la conferencia de prensa mañanera del primer mandatario, donde estuvo presente Alejandro Encinas, Quintana Osuna informó durante el gobierno actual 116 de 200 cuerpos exhumados han sido entregados a sus familiares. A la fecha, se han instalado 25 comisiones de búsqueda en los estados y siete más están en proceso de creación en Sonora, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Chiapas, indicó la funcionaria quien precisó se prevé la entrega de 123 millones de pesos en subsidios a comisiones en septiembre para apresurar el proceso de búsqueda e identificación.
A través de Encinas, López Obrador instruyó siete puntos a distintas dependencias del gobierno para la búsqueda de desaparecidos: refrendar el compromiso del gobierno federal que la localización de personas es prioridad de la actual administración; aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales, caso por caso; invitar al Comité contra la Desaparición Forzada a realizar una visita oficial en México en el segundo semestre del año 2020; atender las decisiones internacionales para avanzar en la construcción de soluciones amistosas; establecer distintos convenios de colaboración científica; presentar de manera inmediata, una iniciativa legislativa o normativa la cual permita hacer efectivo el mecanismo extraordinario forense; y se comisione a la Unidad de Búsqueda de Segob al menos a 200 elementos, con sus binomios caninos, para realizar las tareas de localización de personas en nuestro país.
Ruiz Esparza en
la mira de la FGR
El “señor del socavón”, Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario federal de Comunicaciones y Transportes (SCT) y ex secretario de Comunicaciones en el Estado de México, está en la mira de las autoridades de administración y procuración de justicia del país, y en vías de convertirse en otro “gran pez” del combate a la corrupción del régimen de la Cuarta Trasformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A la fecha existen cinco denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Ruiz Esparza con un denominador común: corrupción.
La Iniciativa Ahora pidió investigarlo este mes por la compra con sobreprecio de 20 millones de dólares en 2009 de un sistema de barrera móvil (abandonado) con cargo al Circuito Exterior Mexiquense a una empresa relacionada con un compadre del ex presidente Enrique Peña Nieto. También por otorgar en 2008 a OHL México (ahora Aleatica) la concesión del Viaducto Bicentenario a pesar de haber existido una oferta económica más alta, lo cual generó un daño al erario público de la entidad por mil 629 millones de pesos.
Cuatro denuncias más se habían presentado por la misma organización en noviembre de 2018. Entre otros posibles delitos destaca la presunta transferencia de 3 mil 600 millones de pesos al gobierno del Edomex, supuestamente para la campaña del actual gobernador Alfredo del Mazo. El Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México admitió la semana pasada una petición para reabrir esa investigación contra Ruiz Esparza.
La denuncia admitida por ese juez es sólo una de las cinco demandas en contra de Ruiz Esparza. El 29 de noviembre pasado, la Iniciativa Ahora, representada por el senador Emilio Álvarez Icaza y la diputada Lucía Riojas, interpuso cuatro denuncias ante la PGR contra el ex titular de la SCT entre 2012 y 2018 y secretario de Comunicaciones en el Edomex entre 2005 y 2011. Una de ellas pidió investigar la transferencia de la Constructora Proyectos Viales de México, subsidiaria de OHL México, de 1.4 millones de euros a Suiza para presuntamente financiar una campaña electoral en España, sede de OHL.
Una segunda denuncia cuestiona la ampliación a 30 años de la concesión de la autopista Amozoc-Perote otorgada a OHL, a pesar del retraso en la puesta en operación. La tercera querella es sobre una posible reinversión en la concesión de la autopista federal Atizapán-Atlacomulco de OHL México, obra no terminada pero ya pagada. La cuarta acusación pide investigar precisamente la transferencia de 3 mil 600 millones de pesos de la SCT al gobierno del Edomex, a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SASCAEM), de los cuales una parte habría sido utilizada para la campaña del gobernador Del Mazo Maza.
Veremos qué tan largo es el brazo de la 4T.
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