Lilia Arellano
*AMLO, IP y trabajadores, sin acuerdos
*Iniciativa sobre outsourcing se va hasta al año entrante
*Resistencia de las empresas a cancelar subcontratación
•Ayudas del gobierno llegan sólo a 36% de los hogares
No se alcanzaron acuerdos entre el sector obrero, la iniciativa privada y el gobierno federal en torno a la iniciativa de ley sobre outsourcing o subcontratación y el reparto de utilidades, enviada el pasado 12 de noviembre a la Cámara de Diputados, la cual proponía en principio eliminar este tipo de contratación y regular la prestación de la subcontratación cuando no forme parte de la actividad económica de la empresa. Tras recibir la iniciativa en San Lázaro, se sometió el dictamen a “parlamento abierto”, pero no fueron tomadas en cuenta las observaciones de los empresarios, lo cual generó un airado reclamo al inquilino de Palacio Nacional. El sector privado y el tabasqueño han intentado llegar a acuerdos en los últimos días, sin resultados hasta el momento.
En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario informó solicitó al Congreso de la Unión frenar el tema de la subcontratación, el cual esperaban aprobar esta semana, por lo cual la discusión de esa norma se realizará en el próximo periodo de sesiones en febrero de 2021. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), insistió en la necesidad de poner orden en el outsourcing, y definir de mejor manera el tema de reparto de utilidades. Pidió a las empresas dejen de buscar prácticas contra los trabajadores, y advirtió podrían aplicar procesos administrativos o penales de encontrar estos procedimientos. Los empresarios solicitaron tiempo para dar espacio al diálogo con todos los sectores para entender las consecuencias de la iniciativa. Carlos Aceves del Olmo, secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) llamó al sector empresarial a trabajar en el tema para lograr un acuerdo.
Las negociaciones dividieron a las cámaras empresariales. El gobierno federal, junto con el sector empresarial y el obrero, acordaron este miércoles firmar un documento de cuatro puntos referente a la iniciativa de subcontratación: las partes se comprometen a resolver el problema de abuso de subcontratación personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal; el esquema de reparto de utilidades, en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago; ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, los empresarios solicitaron un plazo para llevar a cabo este proceso. El IMSS, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y de encontrar irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente.
Negociaciones
dividen a la IP
De nueva cuenta López logra generar división. Ahora entre los empresarios. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el acuerdo de referencia con el gobierno federal y las organizaciones sindicales para dar cumplimiento a la regularización de las empresas que hacen uso de la subcontratación pero la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron dicho convenio. A través de un comunicado de prensa, las tres organizaciones empresariales sostienen la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende coartar la libertad de la subcontratación y atenta contra la creación y preservación de empleos formales, los cuales dan sustento a las familias mexicanas. “Su aprobación en estos términos dañaría además seriamente la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Ante ello, hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el gobierno federal en referencia a esta iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”, explicaron.
También rechazaron se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. “La responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización”,. Los empresarios consideraron “resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos han sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría”. Señalaron estar a favor de las prácticas legales favorecedoras de la creación de empleo y promotoras de inversionistas con dimensión social y, finalmente, se dijeron dispuestos a mantener el diálogo abierto con el Poder Ejecutivo federal y, en su momento, con el Congreso de la Unión para lograr no se prohíba la subcontratación, sino sólo se regule.
“Este diálogo debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos.
Apoyos
Para la próxima elección federal intermedia, donde se renovará la Cámara de Diputados, la administración del presidente López Obrador apuesta a la rentabilidad electoral de los programas sociales implementados en la auto denominada cuarta transformación. De ser así, la gestión del tabasqueño enfrentará grandes dificultades para poder mantener la mayoría en el palacio legislativo de San Lázaro, a lo que habrá de sumarse el acentuado desgaste de la figura presidencial y la ausencia de resultados en la contención y atención de las tres crisis simultáneas resentidas en el territorio nacional: la pandemia por Covid-19, la crisis económica, y la incontenible ola de violencia, acentuada por la militarización, la cual preocupa incluso a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Para López Obrador “no hay nada que temer” pues su gobierno no tiene una oposición “muy fuerte”. “La verdad es que no tenemos una oposición muy fuerte, además los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia, entonces no hay nada que temer”, señaló confiado. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos de Covid-19 en el Bienestar de los Hogares, realizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana, se estima 36% de los hogares mexicanos han recibido recursos en octubre, a través de ayudas o programas sociales, por parte del gobierno federal ante la situación actual por la pandemia. El porcentaje se redujo por segunda ocasión ya que en julio, durante la encuesta que realizaron, alcanzó 41%, mientras para agosto pasó a 37%. De acuerdo con esos datos, 30 por ciento de los hogares en México recibieron apoyos de programas sociales en octubre, mientras que 11 por ciento recibió algún tipo de ayuda por la pandemia. Algunas familias recibieron tanto ayudas como programas. “Sólo uno de cada tres mexicanos está recibiendo algún tipo de ayuda”, destacó Graciela Teruel, directora de EQUIDE.
La encuesta reveló datos preocupantes ante la falta o reducción de los ingresos, pues los hogares mexicanos han debido aplicar estrategias para solventar sus gastos y destaca el pedir prestado. En mayo, 24% de los hogares habían acudido a esta estrategia, un porcentaje que se incrementó a 37% en octubre pasado. Otras de las acciones es no pagar sus deudas (30%); no pagar su renta o servicios (28%); vender algo o buscar otro empleo (23%); empeñar o vender algo (21%). Así, AMLO no va en caballo de hacienda en la elección federal intermedia.
Reto del plan
de vacunación
En México, se superan las 111 mil muertes por el coronavirus Covid-19 y los contagios superan el millón 190 mil. La mortandad es exorbitante y lamentable. Irresponsablemente el gobierno habla de nuevo de ver la luz al final del túnel con la vacuna, pero el reto de su aplicación es mayúsculo y lo marcado en las etapas de aplicación es, de nueva cuenta, un invento al cual ni las sumas le cuadran. El reto de su aplicación masiva es mayúsculo. De acuerdo con los expertos, en la primera fase de vacunación los militares y trabajadores sanitarios deberán aplicar 243 vacunas por minuto cada 24 horas para cumplir con la inmunización de la población mayor de 60 años, pero deberá elevar el ritmo a 368 dosis al día para cubrir a la población menor de 40 años. Habrá 15 millones de personas de la tercera edad que deberán ser vacunadas en su totalidad en un plazo de 89 días naturales (febrero-abril 2021). El reto de la aplicación de la vacuna anticovid aumenta al aplicarse dos dosis a una misma persona, en un lapso de 21 días, para alcanzar niveles altos de protección contra el virus. En realidad se necesitarán 30 millones de aplicaciones para atender al grupo poblacional de mayor riesgo ante esta enfermedad.
Entre abril y mayo se pretende atender a la población de 50 a 59 años. En esos 61 días, las autoridades sanitarias deberán aplicar 297 dosis por minuto para vacunar a la totalidad de los 13 millones de habitantes que habrá el próximo año en dicho grupo de edad. De mayo a junio pretenden aplicar el antídoto a los 16.3 millones de mexicanos de 40 a 59 años de edad. Deberan aplicar 372 dosis por minuto para cubrir al 100 por ciento de ese grupo poblacional. A partir de junio del año entrante, aplicarán la vacuna contra el Covid-19 al resto de la población, es decir, 84.5 millones de habitantes de 39 años o menos. El plan de vacunación pretende cubrir al menos al 75 por ciento de la población de 16 años o más en el país y en este grupo poblacional deberá de aplicar 223 dosis por minuto
Según Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ,México ha firmado acuerdos con diversas farmacéuticas como AstraZeneca, CanSino Biologics y Pfizer, para adquirir dosis suficientes de vacunas para cubrir, junto con las adquiridas por el mecanismo internacional Covax, hasta 116 millones de habitantes. En sus declaraciones el funcionario sostuvo se aplicarán mensualmente un millón de vacunas, lo cual contrasta con las cifras manejadas en EU por Biden “en 100 días se aplicarán 100 millones de vacunas”. La letalidad en nuestro país es mucho mayor a la del vecino del norte y, si nos atenemos al número de aplicaciones, al de ciudadanos, al de las entregas por parte de los laboratorios, enfrentamos de nueva cuenta un manejo perverso en esta otra etapa erróneamente considerada de gran alivio.