Establecen penas de hasta 8 años de prisión a servidores públicos que filtren archivos e imágenes de feminicidios

Edwin López

CHILPANCINGO. La LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para establecer una penalidad de hasta ocho años de prisión a los servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite, máxime cuando se lesione la dignidad o memoria de las víctimas directas o indirectas de un delito.

Se expuso que constantemente las mujeres son “revictimizadas” por las propias instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, ante la ausencia de protocolos de actuación con perspectiva de género actualizados para los casos de muertes violentas de mujeres.

Y es que en varios casos los servidores públicos han filtrado de manera amarillista imágenes, documentos, videos o audios obtenidos en cumplimiento de su labor relacionados con hechos constitutivos de delitos, que transgreden la dignidad de las mujeres y las revictimizan, al exponer y difundir en medios de comunicación imágenes explícitas de sus cuerpos violentados.

Por lo anterior, en el dictamen aprobado se establece un tipo penal para los servidores públicos que retarden, entorpezcan u obstruyan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en cualquier etapa del procedimiento, o que difundan a través de cualquier medio imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo; indicios, evidencias, objetos e instrumentos relacionados con el procedimiento penal.

Además, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y multa de 500 a 1,500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos; y cuando el delito sea cometido por persona integrante de alguna institución policial, las penas se incrementarán hasta en una mitad.

La fundamentación de este dictamen estuvo a cargo de la Comisión de Justicia, derivado de una propuesta de la diputada Mariana García Guillén

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