En Guerrero… Solicita la Fiscalía al Congreso local el desafuero de un servidor público

IRZA

– Se reservan su identidad, por respeto al debido al proceso

Chilpancingo, Gro.-(IRZA).- La Mesa Directiva del Congreso local turnó a la Comisión Instructora el oficio de “declaratoria de procedencia” que solicitó la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), Margarita Azucena Sánchez Gutiérrez, en contra de un servidor público que, aparentemente, goza de fuero constitucional, cuya identidad fue reservada por el Poder Legislativo para no violar el debido proceso ni entorpecer la investigación ministerial.

El recurso enlistado en el Orden del Día de la sesión de este martes inconformó a la diputada Leticia Mosso Hernández, integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “porque no se ha socializado la información” del caso.

Abordados por separado por Agencia de Noticias IRZA, diputados de la Comisión Instructora y de la Junta de Coordinación Política se negaron a revelar la identidad del servidor público que la FGE solicitó desaforar.

Sin precisar cuándo, coincidieron en que a la Secretaría de Servicios Parlamentarios llegó una carpeta “sellada” con la petición de “declaratoria de procedencia”, la cual sólo conocerá la Comisión Instructora que preside el diputado Arturo Álvarez Angli, del PVEM, a la cual la Mesa Directiva turnó el asunto este martes.

El artículo 27 de la Ley 760 de Responsabilidades Políticas, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, precisa que la “declaratoria de procedencia” es necesaria para el “ejercicio de la acción penal” en contra de algún “servidor público”.

“La Comisión Instructora analizará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del servidor público denunciado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita”, indica.

El mismo artículo indica que la Comisión Instructora tiene un plazo de 60 días hábiles para dictaminar, salvo que considere necesario disponer de más tiempo. En caso de que la “imputación fuese notoriamente improcedente”, lo tiene que informar de inmediato al pleno del Congreso, el cual determinará si el trámite continúa o se desecha.

Fuentes consultadas por IRZA explicaron que la reserva de identidad del servidor público no constituye un “ocultamiento” de información, sino respeto al debido al proceso, porque, en caso de ventilarse, el caso podría “caerse”, como ocurrió recientemente con el exgobernador del estado de Morelos y actual diputado federal acusado de agresión sexual, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La FGE y el Congreso deben “proteger” el debido proceso, incluyendo la protección de los datos personales, por tratarse de una investigación ministerial y garantizar el derecho a la presunción de inocencia, como prevé la Constitución.

Para tal efecto el tercer párrafo del artículo 336 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que las reuniones de las comisiones de Examen Previo e Instructora “serán secretas, salvo disposición en contrario”.

Sobre ese caso el diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Jucopo, explicó que al interior de ese órgano de gobierno acordaron la “secrecía” y “resguardar esta información” por “la responsabilidad que conlleva”. “Es importante decir que en todos los procesos se tienen que resguardar los datos personales”, en apego al “debido proceso”.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena comentó que en “en su momento” se conocerá el nombre del servidor público imputado, tras enfatizar el compromiso de atender el caso de inmediato.

“La intención es que se atienda sin retraso, sin dilación y que demos a conocer de inmediato los resultados”, señaló, y agregó que en este caso están unidas todas las fracciones y representaciones parlamentarias. (www.agenciairza.com)

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