IRZA
Chilpancingo, Gro.-(IRZA).- El cuerpo de un hombre ha permanecido durante siete días en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad capital, pese a que, mediante pruebas de genética, ya fue plenamente identificado como Luis Alberto Catalán Miranda por sus familiares.
La Fiscalía General del Estado se ha negado a entregar el cadáver bajo el argumento de que falta por realizar trámites administrativos, y la situación se torna aún más indignante porque los familiares afirman que les ofrecieron dos opciones: pagar 25 pesos para obtener la orden de liberación en un día -un cobro simbólico, pero sin sustento legal- o dar 30 mil pesos para agilizarlo y recibir el cuerpo en cuestión de una hora.
Este lunes los familiares aseveraron que enfrentan un calvario marcado por la insensibilidad y la presunta corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Nosotras no tenemos ese dinero. Solo queremos llevar a mi tío a su pueblo, a Yextla, parte de la Sierra de Guerrero, y darle cristiana sepultura. Esto ya es demasiado, ya van a cumplir ocho días. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando?”, reclamó una de sus sobrinas visiblemente molesta.
Luis Alberto fue asesinado con una puñalada en el cuello y golpes en el pecho. Fue encontrado en avanzado estado de descomposición, escondido en medio de un colchón roto, dentro del cuarto que rentaba en la calle Privada de Bugambilias de la colonia Jardines del Sur, cerca de la bodega del DIF y de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez, en esta capital.
“Nos mataron a Luis y ahora nos matan a nosotras de impotencia. No es posible que para recuperar a nuestro familiar tengamos que pagar. ¿Qué clase de justicia es esta?”, cuestionaron las mujeres que han tenido que pasar días enteros afuera del Semefo, enfrentando no solo el dolor de la pérdida, sino un presunto “desprecio institucional”.
Los familiares del joven exigen a la Fiscalía y al Semefo una respuesta inmediata, así como una investigación interna por este presunto intento de extorsión, y para eso demandan la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.