Guillermo Arteaga González
El 1 de junio del presente año, el Gobierno Federal de México publicó un acuerdo que anunciaba la desaparición de 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas a la salud pública. En medio de una crisis sanitaria global, el órgano gobernante elige descartar normas críticas que garantizan la calidad de los servicios de atención médica. Un acto así no sólo desafía la lógica, sino que también parece reflejar una preocupante indiferencia hacia la salud de la ciudadanía.
Estas NOM, incluyendo el control de la diabetes mellitus, la prevención y tratamiento de adicciones, la atención de salud mental, la promoción de la salud prostática, y la vigilancia del cáncer cérvico uterino y de mama, han sido guías esenciales en la prestación de servicios médicos de calidad, son pilares en el control de las condiciones de salud más prevalentes y devastadoras en México, y su desaparición sólo podría desembocar en una pérdida masiva de progreso en la lucha contra estas enfermedades.
Para contextualizar, cada NOM es revisada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades (CCNNPCE) cada cinco años para decidir si se modifica, cancela o ratifica, sin embargo, el reciente anuncio del Gobierno se ha hecho de forma arbitraria, sin respetar el proceso estipulado. Esto no solo subvierte la normatividad establecida, sino que también pasa por alto el invaluable aporte de expertos y profesionales médicos que forman parte del CCNNPCE, es una desconsideración para aquellos que han dedicado su carrera a la protección y promoción de la salud pública en México.
El retiro de estas normas, aparte de ser un acto precipitado, amenaza la calidad de los servicios de salud pública. Al eliminar estas directrices, se corre el riesgo de desorientar a los proveedores de atención médica y debilitar los sistemas de control de calidad, lo que puede resultar en una atención inconsistente y potencialmente perjudicial, es una violación a la seguridad de los pacientes y un potencial punto de partida para la desigualdad en la atención de la salud.
Además, es importante destacar que muchas de las NOM que están siendo eliminadas se refieren a enfermedades crónicas y condiciones de salud que afectan a las poblaciones más vulnerables del país, como los adultos mayores y los sectores en situación de riesgo. ¿Cómo justifica el Gobierno esta decisión que deja a los más vulnerables en mayor riesgo? Esto debería estar acompañado de un plan de prevención sobre enfermedades degenerativas y de cuidados para la prevención de estas, sin embargo, en el anuncio no se maneja nada parecido a atacar de raíz estas enfermedades siendo México uno de los países con mayores índices de enfermedades degenerativas en los últimos 10 años.
Se podría argumentar que la eliminación de estas normas se hace con el fin de abrir paso a nuevas, más actualizadas. Pero ¿cómo garantizar que estas nuevas normas llegarán a tiempo? ¿Y si llegan, quién asegura que serán efectivas, dada la desconsideración del proceso normalizado de revisión y ratificación? Mismo que se ha omitido comiendo una falta grave al procedimiento previamente establecido.
Es imperativo que el Gobierno Federal reconsidere ésta a todas luces precipitada decisión. Las NOM son más que meros documentos: son herramientas esenciales para garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención médica en México y el eliminarlos a ciegas es jugar con el bienestar y la vida de la población mexicana.
Esperemos que esta medida se revise y que las normas regresen, no solo para cumplir con un protocolo, sino para proteger la vida y la salud de todos los ciudadanos. La salud pública no puede, ni debe, ser un juego de ajedrez político. La salud es un derecho, y es deber del Gobierno Federal garantizar su adecuada protección y promoción.
Desde este espacio de opinión jurídica, no podemos asegurar sobre cuestiones de salud porque no somos expertos en la materia, sin embargo, la lógica y razonamiento nos dictan que las decisiones que están por tomarse afectan directamente a los mexicanos y suponen un detrimento a la calidad de los servicios médicos relacionados con las normas que se pretenden extinguir, esperando que se replantee la decisión o se eche para atrás, por el bien de los usuarios y el porvenir de nuestro país.
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