Nayeli Rubí Pérez Ochoa.
Esta semana ha sido noticia ampliamente difundida la aprobación del decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil, Código Procesal Civil y Ley del Registro Civil de esta entidad suriana; para tal se encargaron las y los diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, quienes en la sesión llevada a cabo el pasado 25 de octubre, emitieron 34 votos a favor, 6 en contra y 2 fueron nulos.
Estas reformas beneficiarán a la comunidad LGBTTTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis, Transexuales y Queer -que no encajan dentro de ninguna de las anteriores-), por permitirles contraer nupcias con la persona del sexo de su preferencia.
Recordemos que el artículo 422 del Código Civil determina que la finalidad es “el establecimiento de una comunidad íntima de vida, donde ambos encuentren ayuda, solidaridad y asistencia mutua”, sin establecer la obligatoriedad de la procreación, por lo que el insistir en que sólo puede darse entre el hombre y la mujer no obedece más que a creencias religiosas que limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos, como el de formar una familia.
Derivado del acontecimiento anteriormente descrito, resonó por todos los medios el júbilo de toda la comunidad LGBTTTIQ, así como de aquellos que apoyan la erradicación de la discriminación que sufren, el cual fue aún mayor al hacerse del conocimiento público que Tamaulipas, el último estado faltante en aceptar que el matrimonio no sólo puede celebrarse entre el hombre y la mujer, avalándose así el matrimonio igualitario en todo el país.
Y es que las legislaturas de las entidades, quienes pueden reformar las legislaciones locales, facultad que les ha otorgado la Constitución Federal, habían mostrado una dura resistencia a un cambio en beneficio de las personas, siendo que desde el año 2015 la Suprema Corte de Justicia emitió jurisprudencia respecto de la discriminación por razón de orientación sexual.
En la sentencia bajo el rubo: “matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”, emitida en junio del 2015, el órgano supremo de justicia del país se pronunció al respecto del matrimonio igualitario, estableciendo que debido a que la procreación no es la finalidad del mismo, es inconstitucional cualquier restricción a los derechos, por basarse en da discriminación hacia un grupo de personas con motivo de la orientación sexual.
Era evidente que las leyes tenían que cambiar tarde o temprano, la población LGBTTTIQ es bastante numerosa, de acuerdo con el censo del INEGI en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (INDISEG) 2021, casi un 5% de la población total del país de 15 años y más, se sume parte de esta población por su orientación sexual, lo que se traduce en que 1 de cada 20 personas se auto identifica de esta manera.
Guerrero fue la penúltima entidad en aceptar un derecho tan fundamental, como es el elegir libremente con quien se desea compartir el lecho matrimonial, lo cual es sorprende si tenemos en cuenta que las cifras del censo también arrojan que sólo en esta entidad, un 8% de la población se autoidentifica LGBTI+, siendo además el tercer lugar con mayor número de personas a nivel federal, después de Colima y Yucatán.
Pero, aunque es una realidad en el País, esto no significa que el acceso sea el mismo ni con la misma facilidad, ya que falta reformar las legislaciones de Chihuahua y Guanajuato que lo permiten únicamente por decreto, así como en Aguascalientes, Chiapas y Nuevo León que solo lo hacen por orden judicial al interponerse el amparo.
El logro es enorme, pero falta mucho por hacer, la discriminación está latente, se ejerce por personas de todas las edades, todos la hemos observado en alguna ocasión o hemos caído en realizar conductas y/o comentarios de esta naturaleza, lo importante es reconocer y enmendar los errores, progresemos, no sólo porque la ley no los indique, sino porque es lo ideal, lo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad.