Policiaca

El edén inundado

By Despertar Redacción

November 23, 2020

Armando Ríos Piter

Desde el pasado 4 de noviembre, fecha en la que la Comisión Federal de Electricidad abrió las compuertas de la presa Peñitas, Villahermosa y varios municipios de Tabasco y Chiapas llevan mas de 20 días bajo el agua. Cientos de miles de personas en dichas entidades, han sufrido los estragos provocados por las intensas precipitaciones pluviales.

Alrededor de estos hechos ha prevalecido una continua polémica. Primero se suscitó una agria discusión pública entre el gobernador Adán Augusto y Manuel Bartlett, titular de la CFE. El tabasqueño acusó la “irresponsabilidad y negligencia criminal” por parte de las autoridades federales en torno al manejo de la presa. Por su parte, Bartlett respondió: “hay gente que anda buscando a ver a quién le echa la culpa de sus torpezas”. De acuerdo con Bartlett, el agua de las presas no está bajo el manejo de la CFE, sino de una comisión en la que participa la Conagua e instituciones académicas. “Quien define el manejo del agua hasta hoy es esa esta organización”, dijo.

Posteriormente, el presidente López Obrador reconoció haber autorizado la inundación de zonas indígenas para evitar más daños en la capital Villahermosa. Se difundió un video en el que AMLO señala que debido a la intensidad de las lluvias registradas en aquella región del sureste, se tuvo que optar por abrir parcialmente las compuertas de las presas para evitar que se registrara una inundación mayor en Villahermosa. Esta decisión implicó afectaciones en los municipios de Centla, Jalpa y Nacajuca, habitadas principalmente por los indígenas chontales. Su declaración generó fuertes reacciones en redes sociales, pues el propio mandatario reconoció que su decisión afectó a “los más pobres”. Hubo quienes incluso elucubraron que la razón por la que se decidió inundar las zonas bajas del estado fue para evitar que se inundara el área donde se construye la refinería de Dos Bocas.

El presidente también fue duramente criticado por no bajarse de los helicópteros que utilizó para recorrer el área de desastre sin mojarse los zapatos. Las comparaciones con presidentes de otros sexenios estuvieron presentes en las redes sociales. El presidente dijo que “no me puedo mojar nomáspara la foto”.  En su conferencia matutina enfatizó “yo nací ahí, padecí inundaciones desde niño. Conozco todo eso, pero no sólo conozco sino que fui director del INI seis años en Nacajuca precisamente, y enfrenté seis años de inundaciones”.

Mas allá de la polémica y el “linchamiento” en redes que prevaleció en contra del gobierno federal, este episodio ha evidenciado lo delicado de las recientes decisiones tomadas en torno a la desaparición de 109 fideicomisos, entre los cuales destaca el del Fondo Nacioal de Desastres (Fonden). Lo ocurrido en el sureste ha dejado clara la trascendencia de contar con un mecanismo que dé certidumbre presupuestal, en cualquier momento del año, a las entidades de la República que subren las devastadoras afectaciones de los fenómenos climatológicos.

La certidumbre que brindaba el Fonden, permitía en primerísima instancia a los gobiernos estatales, tener capacidad de respuesta inmediata con despensas y otro tipo de apoyos a la población afectada. Saber que contarían con apoyo del Fonden, bajo reglas de operación claras, le permitía a las entidades, responder con recursos propios, toda vez que sabían que éstos les serían restituidos posteriormente por parte de la federación. La desaparición del fideicomiso, el manejo de los recursos en la lógica del presupuesto tradicional e incluso la condición “caprichosa” que llega a haber en la relación del gobieno federal con algunos estados, abre espacios de incertidumbre que pueden ser sumamente dañinos.

Es fundamental atender a las familias que hoy sufren en aquella región del país, pero aprender lección de lo ocurrido, para diseñar un esquema que garantice la atención a las entidades. El debate en esta materia seguirá presente en el país. Los propios gobernadores de la alianza federalista han planteado una controversia constitucional para restituir los 109 fideicomisos que el Congreso decidió eliminar.