Entre la muerte del jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, y el juicio de la figura más emblemática del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, hay un cuarto de siglo en donde lo único que ha cambiado ha sido el escenario de la guerra al narcotráfico impulsada por Estados Unidos.
Colombia y México no son los únicos teatros de la tragedia, pero sí los más importantes en América Latina. A la muerte de Escobar, en 1993, siguió la atomización del narcotráfico y el surgimiento de otras organizaciones delictivas.
Con la recaptura de Guzmán y su extradición a Estados Unidos, donde se da por descontado que será sentenciado a cadena perpetua, con un montaje escenográfico de fondo, el cartel de Sinaloa ha entrado en un reacomodo, pero está lejos de su desaparición.
Desapareció el cartel de Medellín y el de Sinaloa se reinventa. Pero persisten el tráfico de drogas y la estrategia de Estados Unidos de hacer del narcotráfico un asunto de su seguridad nacional que le permite administrar las políticas de seguridad en la región. El Plan Colombia es la máxima expresión, seguido de la Iniciativa Mérida.
En esa lógica, los grupos delictivos de ambos países han reforzado su cooperación. A la tradicional experiencia del cartel de Sinaloa en Colombia, se ha sumado el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las autoridades colombianas acaban de dar a conocer que en la cárcel de Tumaco, un municipio del Pacífico colombiano, hay más de medio centenar de mexicanos que han sido detenidos en meses recientes en el departamento de Nariño, al que pertenece aquel municipio, en la frontera con Ecuador.
Según los reportes de la Fiscalía colombiana dados a conocer el domingo por el periódico El Tiempo, en Colombia, el cartel de Sinaloa cuenta con “un brazo armado” identificado como Guacho, que le ha permitido hacerse de plantaciones de coca en ese país. El CJNG, según la misma versión, está asociado a la llamada Guerrilla Unida del Pacífico, una disidencia de la guerrilla y de paramilitares.
La presencia de esos grupos mexicanos es todo un reto para el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que forma parte de los acuerdos de paz de Colombia.
El juicio contra El Chapo es también un desafío, pero para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su plan de seguridad, pondrá énfasis en las estructuras que están detrás de los cárteles.
En agosto pasado, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que el nuevo gobierno no solo irá por los cabecillas de los carteles, sino por los principales componentes de las organizaciones, en particular lo que hace al lavado de dinero.
Lo que diga El Chapo en el juicio proveerá información para las nuevas autoridades. Si se lo proponen, podrían obtener más información que la que Estados Unidos haga pública.
Esa información les permitiría actuar contra las empresas y prestanombres que han ayudado a la expansión del cartel de Sinaloa en México. Pero también, de quienes durante los dos sexenios del PAN en el poder permitieron la consolidación y expansión de ese grupo delictivo dentro y fuera de México. A menos, claro, que se opte por una amnistía de facto, como ha ocurrido durante décadas y que ha llevado al país al derrumbe de instituciones de seguridad y justicia, por lo menos.
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