IRZA
CHILPANCINGO. El delegado del Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero, aceptó que la migración de jornaleros agrícolas de la región de la Montaña es “grave” por lo que los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipales) deben atender ese problema social y humanitario.
Lo anterior, luego que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” diera a conocer que de marzo del año pasado a la fecha más de 24 mil jornaleros agrícolas (entre niños y adultos, mayoría varones) han migrado para buscar trabajo en campos de cultivo del norte del país.
Vázquez Quintero dijo que el viaje de estos guerrerenses, en su mayoría indígenas lo hacen en condiciones inadecuadas, en medio de la pandemia del COVID-19 a bordo de autobuses cuyas empresas no cuentan con seguro de viajero.
Agregó que el pasado 23 de agosto falleció una familia completa en un accidente carretero en Jalisco, un matrimonio, los padres y cuatro menores de edad, todos de la comunidad de Juanacatlán, municipio de Metlatónoc.
La semana pasada hubo otro accidente en Chihuahua, donde falleció un jornalero de la comunidad de Francisco I Madero, municipio de Metlatónoc, quien dejó huérfano a un menor de edad que está en espera de ser trasladado a Guerrero junto con el cuerpo de su padre.
El pasado lunes un autobús que salió de Tlapa el domingo previo hacia Culiacán, Sinaloa, con 40 jornaleros a bordo, se salñió de la carretera luego que el chofer se durmiera al volante en el municipio de Acaponeta, Nayarit.
El conductor de ese transporte huyó del lugar del accidente y dejó a su suerte a los jornaleros agrícolas, de los cuales 3 resultaron heridos y tuvieron que ser internados en un hospital público en aquel estado.
El delegado del INPI indicó que en el caso de la persona fallecida en Chihuahua se le dará respaldo para el traslado del cuerpo y del menor que quedó huérfano hasta su comunidad de origen en Metlatónoc.
Respecto de los accidentados en Acaponeta, manifestó que buscarán comunicarse con ellos para ofrecerles asistencia.
Vázquez Quintero recordó que el gobierno federal está impulsando una reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos indígenas y un apartado especial dedicado a los jornaleros agrícolas: “en tanto los tres niveles de gobierno debemos tener coordinación para atender las demandas de trabajo y bienestar en las comunidades indígenas.