Impunidad y la militarización
Ayer, 11 de mayo de 2020, se publicó un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que se “dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. El mismo, faculta a las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad pública –adjudicadas a la polémica Guardia Nacional– regulando con esto la actuación de militares y marinos hasta marzo de 2024, fecha en que deberían regresar a sus cuarteles. En concreto, las funciones que adquieren el Ejército y la Marina son de prevención del delito, participación en puntos de control migratorio, detención y aseguramiento de bienes, fungir como primeros respondientes en la preservación y procesamiento de escenas del crimen, así como en funciones conjuntas de vigilancia, verificación e inspección, entre otras.
En resumen, se formalizan las funciones que las Fuerzas Armadas venían realizando de facto en la estrategia de militarización de la seguridad pública del país. Este hecho era previsible: dicha posibilidad ya había sido aprobada en la Reforma Constitucional de 2019 sobre Guardia Nacional, con la anuencia de todos los partidos políticos del Senado de la República.
Tomando en cuenta lo anterior, desde Fundar vemos tres preocupaciones principales con este Acuerdo: 1) la continuidad de una política pública de seguridad que falla en su diagnóstico de la crisis de impunidad que vivimos; 2) la salida de dicho acuerdo en el contexto de una crisis sanitaria; y 3) las fallas legales de origen que centralizan y amplias facultades al poder militar, en un contexto donde la experiencia y recomendaciones de organismo internacionales han concluido que las fuerzas armadas no tienen la formación y capacidad para actuar en tareas de seguridad pública y que actúan, por lo general, sin controles estrictos de carácter civil.
En el debate legislativo sobre la Guardia Nacional, fijamos una postura donde aceptamos que vivimos una situación de violencia sumamente compleja que requiere de acciones decididas y medidas de carácter extraordinario, pero disentimos de la solución de la militarización, por una premisa falsa que la sostiene: el naufragio y corrupción de las policías estatales y municipales ante el poder del crimen y la violencia; junto con la falsa percepción de que las Fuerzas Armadas son inmunes a la corrupción. Para nosotras, tanto las fuerzas civiles como las militares han sido rebasadas por la violencia, se han envuelto en la dinámica del crimen; así como han sido parte o causa de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, no se trata de situaciones extraordinarias que representan una amenaza para la paz (previstos en la Constitución), sino de ausencia de Estado de derecho: una crisis de impunidad.
Por otro lado, el Acuerdo es publicado en medio de una crisis sanitaria por la COVID-19. Según los modelos y la evidencia mostrada por las autoridades federales estamos en el punto crítico de la pandemia: en el nivel de mayor contagio y saturación hospitalaria. De manera paralela, hemos vivido los meses más violentos de los últimos años a la par de la implementación de las medidas sanitarias (confinamiento, distanciamiento, atención diferenciada) establecidas por el Gobierno Federal para hacer frente a la pandemia.