La obstinación por la “normalidad”
A casi 5 semanas de inicio de la cuarentena y de que algunas instituciones entre ellas las de actividad jurisdiccional y cuasijurisdiccional comunicaran la suspensión o modificación de sus actividades, algunas conversaciones dentro del movimiento de derechos humanos han ido en torno a la necesidad de cambios estructurales que permitan a toda la población tener la posibilidad de tomar decisiones en casos extremos como los que estamos viviendo.
La pandemia nos ha puesto de frente a la desigualdad que se vive en nuestro país. Sin reconocer el estado de pobreza en el que se encuentra casi la mitad de la población mexicana, existen quienes exigen medidas similares a las de los países más ricos manteniendo la invisibilidad histórica de aquellas personas cuyos derechos han sido históricamente vulnerados. Hay quienes reniegan de los que no se quedan en casa sin tratar de entender las razones que hay detrás y llegan, incluso, a exigir al gobierno que se les reprima. Hay gobiernos – no solo en México-, que por mostrar autoridad han sido parte de esas medidas extremas de las cuales se han tenido que retractar al reconocer la incapacidad económica para sufragar el hambre. En algunos casos, estas medidas han resultado contraproducentes exacerbando el descontento social. En otros, las medidas más duras han derivado en el incremento de la criminalidad y la violencia.
En los últimos días nos han informado que la tasa de mortandad por COVID 19 en México va por encima de la media mundial y tampoco nos preguntamos ¿por qué? La simplicidad del análisis conviene solamente a los que no quieren ver; a quienes les gusta la idea de regresar a la “normalidad”.
Esa normalidad por ejemplo, que asume que la garantía de los derechos al agua, a la salud, a Internet y a la información dependen del código postal, de la lengua o del color de piel. La normalidad para instituciones como las del Sistema Nacional de Transparencia es aquella en la que se asume que el acceso a la información es solamente un acto administrativo que puede suspenderse sin mecanismos alternativos que garanticen que la información llegue a la gente, principalmente a la más vulnerable. No se ve ni se reconoce la esencialidad de la información en un contexto de crisis. También la normalidad es aquella que inhibe la capacidad creativa e innovadora del servicio público, de lo más altos funcionarios, para promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información en lugar de estigmatizarlo o criminalizarlo.
Hay muchas personas que creemos que esto debe de cambiar, pero si las instituciones encargadas de garantizar el acceso al derecho a la información y la libertad de expresión no lo creen, si no generan mecanismos eficientes para acercar información lingüistica y culturalmente relevante a todas las personas y si no se reconoce la escensialidad del periodismo y de la información en un contexto como este, los que perdemos somos nosotros, la sociedad. La falta de información profundiza las desigualdades y las brechas siempre, pero lo hace de forma aún más significativa en una situación de emergencia en donde las acciones que se tomen de manera individual y colectiva marcarán el futuro de las comunidades.