¿Cómo financiar las políticas anticrisis?
La crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 (coronavirus) no sólo ha tenido efectos en la salud de la población mexicana; además, está generando estragos a la actividad económica sin precedentes. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los efectos de esta pandemia tendrán un impacto tan grave como la Gran Depresión ocurrida en 1929, ya que las medidas de contención y aislamiento tienen como efecto secundario la disminución de la actividad económica. El cese temporal de labores repercute en la oferta de bienes y servicios sin los cuales las micro, pequeñas y medianas empresas no pueden obtener los rendimientos necesarios para continuar operando. Si una empresa o negocio deja de laborar por falta de recursos, entrará en quiebra y tendrá que clausurar. Esto pone en peligro a las personas empleadas, quiénes se quedarán sin ingresos. Así, se genera un círculo vicioso dentro de una economía.
La intervención oportuna y eficaz del Estado es muy importante para reducir los costos económicos y sociales que ha generado esta crisis sanitaria. La política fiscal (la forma en que el gobierno recauda y gasta recursos) es la encargada de reducir estos efectos adversos; sin embargo, hasta ahora el Gobierno Federal ha anunciado diversas acciones económicas sin que sea claro cómo se aplicarán y si alcanzarán los resultados deseados.
En este sentido, el Plan Económico presentado a inicios de este mes considera los siguientes aspectos: 1) asegurar que la Secretaría de Salud tenga suficientes recursos (personal médico e infraestructura) y suministro de equipos y materiales médicos; 2) pagos anticipados de pensiones a las personas de la tercera edad por cuatro meses; 3) acelerar los procesos de licitación para el gasto público para garantizar la ejecución completa del presupuesto; y 4) considerar la creación de un Fondo de Emergencia de Salud para solicitar recursos adicionales del Congreso, que podrían alcanzar hasta 180 mil millones de pesos (0.7 por ciento del PIB de 2019). Sumando a estos aspectos, el gobierno federal ha expresado que: 5) se darán préstamos de hasta 25 mil millones de pesos a pequeñas y medianas empresas (Pymes); 6) se brindarán apoyos por parte de la banca de desarrollo; 7) que algunos trabajadores podrán acceder a préstamos vía sus cuentas de seguridad social, y 8) que se creará un instituto de crédito de vivienda pública que cubra tres meses de la deuda de los trabajadores (seis meses para las personas despedidas).
Aunque estas medidas sean importantes, el monto y la forma en que pretenden financiarse revelan que el gobierno no está dispuesto a hacer mucho más por superar esta emergencia, tal vez por escepticismo de la magnitud de las consecuencias. Esta crisis debería obligar al gobierno a atreverse a explorar otras formas de allegarse de la mayor cantidad de recursos (como el endeudamiento público o el compromiso futuro de una reforma fiscal), para luego dirigirlos hacia los sectores más vulnerables; pero todo parece indicar que la estrategia implica convertirnos en un Estado más pequeño, empeorando la situación.
Frente a una de las crisis económicas más graves del último siglo, necesitamos un Estado fuerte que garantice los derechos de todas las personas. Una vez superado el pico de contagios, a mediano plazo, será imprescindible generar un pacto nacional para realizar una reforma fiscal que solvente los gastos extraordinarios en los que incurrirá el Estado hoy.
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