Los partidos políticos que vienen
El Instituto Nacional Electoral ha dado a conocer el reporte final de las organizaciones de ciudadanos con pretensiones de convertirse en nuevos partidos políticos que lograron hacer al menos una asamblea con todos los requisitos de la ley. De más de cincuenta que fueron aceptadas para el proceso por el órgano electoral, quince lograron hacer al menos una asamblea distrital con 300 asistentes o una estatal con tres mil. Solo cuatro parecen haber completado las exigencias cuantitativas de asistencia a las asambleas –se debe movilizar al menos a 60 mil personas mayores de edad con credencial para votar del distrito o la entidad en la que se realiza la reunión– y de afiliación, que debe corresponder al .26 por ciento del padrón electoral, por lo que la meta de inscripciones que cada grupo debió alcanzar fue, en esta ronda, de 233, 945 personas afiliadas con credencial para votar.
A pesar de que seguramente cada uno de estos partidos en ciernes reclama una identidad propia, el hecho es que tiene un elemento en común: se trata de organizaciones que pudieron llevar a cabo sus asambleas gracias a que pudieron movilizar a grupos que responden no a un compromiso programático o ideológico con los supuestos postulados del grupo, sino a relaciones de reciprocidad con sus organizadores. Esto es evidente en tres de los cuatro casos: Encuentro Solidario responde a las redes de asociaciones evangélicas en las cuáles el vínculo original es religioso, mientras que el Grupo Social Promotor y las Redes Sociales Progresistas lograron la ingente movilización requerida por la ley gracias a las clientelas magisteriales cautivas de los líderes sindicales, de quienes depende en buena medida la promoción en la carrera de las profesoras y profesores asistentes y afiliados, más después de la contrarreforma educativa impulsada por este gobierno.
El sistema de partidos basado en asambleas es una herencia institucional del sistema electoral proteccionista de la época clásica del régimen del PRI. Si en realidad quisiéramos ampliar los causes democráticos en México, deberíamos rescatar el mecanismo de registro condicionado de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977, de manera que pudieran participar en los comicios partidos que demostraren su existencia con sus documentos básicos y una actividad política previa, sin necesidad de probar grandes militancias, casi siempre ficticias. Desde luego, esas organizaciones tendrían acceso solo a prerrogativas en especie, como acceso al paquete de tiempos en medios electrónicos, y no a recursos en efectivo y, de no obtener representación, no tendrían que ser obligadas a disolverse, sino que podrían volver a pedir el voto en elecciones subsecuentes. Mientras el acceso a la organización política se reserve a las redes de clientelas cautivas o a los grupos con recursos suficientes para comprar la movilización, la democracia mexicana estará trunca y seguiremos viviendo en el proteccionismo electoral.