La 4T y la reforma al sistema de justicia penal
Con el riesgo de ser reiterativo, pero empecemos por un recuento de los hechos sin controversia. Primero, nuestro país atraviesa, desde hace más de una década, una crisis de impunidad y violencia de dimensión masiva y sistemática. Aún estamos tratando de entender las causas profundas de esta crisis y la interrelación de los actores que la han propiciado. Vislumbramos la superficie, sabemos por ejemplo que en nuestro país se desató un conflicto violento con motivo del combate a la delincuencia organizada, las consecuencias del conflicto son aún incalculables: cientos de miles de personas asesinadas, más de 61 mil personas desaparecidas y un número aún indeterminado de personas procesadas cuyas condenas son, por decir lo menos, dudosas, en vista de las múltiples irregularidades y violaciones a derechos que se cometieron para su construcción.
Cada una de esas historias de violencia es en sí misma una tragedia y en su conjunto representan el alma quebrada de una nación. La violencia y la impunidad nos han llevado a la parálisis política, nos han convencido de que es mejor callar y no participar. Y he aquí el segundo hecho incontrovertido, la impunidad y la corrupción han roto nuestro sentido de justicia y el sentido de las instituciones. Hoy en día la mayoría de nosotros creemos que todo intento de buscar justicia a través de las instituciones es, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo y, en el peor, un riesgo para nuestra vida, porque nunca se sabe el rumbo que pueda tomar una investigación o si las mismas instituciones de justicia forman parte del entramado criminal (1).
En el conflicto que vivimos la línea divisoria entre “buenos y malos” se desdibujó. Casos como la detención de Genero García Luna en Estados Unidos nos confirman ciertas hipótesis sobre la existencia de un entramado de intereses económicos, políticos y criminales que deliberadamente producen y sostienen el contexto de violencia, impunidad y corrupción estructurales que vivimos. Ante este contexto, llegamos a un tercer hecho incuestionable, debemos tomar medidas radicales. Empero, la radicalidad que aquí se propone es la del sentido original de la palabra: lo relativo a la raíz y la raíz de nuestros problemas de impunidad no está en el hecho de que nuestro sistema no sea capaz de poner a gente en prisión (2). De hecho, una buena parte de la motivación de la reforma constitucional de 2008 que dio pie a la instauración del sistema penal acusatorio en México fue la evidencia contundente de que nuestro sistema había saturado las prisiones con casos de personas que, en varios casos, ni siquiera debieron haber sido procesadas.
Para encontrar el origen profundo de nuestra crisis debemos, cuando menos, respondernos ciertas preguntas previas: ¿quiénes están en prisión actualmente, por qué y cómo llegaron ahí?; y la otra cara de la moneda, ¿quiénes no lo están, pero deberían estarlo, por qué no lo están y cómo han logrado mantener esa situación? Quienes defienden los documentos que se publicaron recientemente como la posible reforma al sistema de justicia penal esgrimen que el marco normativo actual no les da herramientas para investigar y dar resultados. Ante este argumento hay que preguntarnos ¿nuestras fiscalías y procuradurías aprendieron a investigar?
¿A qué vamos a llamar resultados en este contexto?