Instalados en la creencia
La creencia es dar por cierto algo independientemente de sus evidencias factuales. El Gobierno de López Obrador vive instalado en la creencia. Eso y no otra cosa es lo que está detrás de los otros datos, otros datos que no existen, otros datos que el Gobierno contesta invariablemente a las solicitudes de información que no tiene porque que tener soporte documental ellos porque no es su obligación tener documentos de los dichos del presidente (no es broma, así contestan). La creencia alimenta la fe y la fe, según los creyentes mueve montañas, pero, cito a un cardenal tapatío, entre los múltiples milagros de Jesucristo, que hizo caminar a los paralíticos, ver a los ciegos, convirtió agua en vino (este sigue siendo mi milagro favorito) e incluso resucitó muertos no hay evidencia que le haya quitado lo bruto a nadie. La fe es capaz de provocar muchas cosas, pero no de cambiar la evidencia.
En la confrontación que el padre Alejandro Solalinde ha emprendido contra Javier Sicilia hay un abismo entre la argumentación de uno y de otro. Solalinde está instalado en la creencia, argumenta desde la fe y ha convertido, peligrosamente, al Presidente en un mesías. Que alguien crea fervientemente en el Presidente, en un partido o en una postura política tiene riesgo de convertirse en fanatismo, pero es parte esencial de las democracias. Pero Solalinde ha dejado de ser un activista por los derechos humanos para convertirse un predicador sin más argumento que su fe en el Presidente, desacreditando desde su púlpito callejero las exigencias ciudadanas de una política pública de seguridad basada en evidencias.
Paralelamente, el ministro Arturo Farela, el líder de las iglesias evangélicas agrupadas en Confraternice (que hay que aclarar que no son todas, ni siquiera las más importantes) anuncia que darán cursos de valores a los chavos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en una clarísima intromisión de las iglesias en políticas gubernamentales. Más que el Gobierno diga que el contenido no será religioso, poner el programa de valores en manos de predicadores es, desde donde se vea, una violación a estado laico, y una política pública que no apela a la evidencia sino a la fe. Nuevamente tenemos a un Gobierno instalado en la creencia: los chavos van a cambiar porque alguien los va a evangelizar.
Nos puede gustar o no el estilo personal de sermonear del Presidente en las mañaneras. Sin embargo, mientras se quede en ese espacio no pasa nada, corremos el riesgo de aburrirnos o que un reportero se descalabre en un cabeceo involuntario, pero hasta ahí. El problema es convertir la creencia, sea cual sea, en política pública y querer imponer visiones religiosas, sean católicas, como la de Solalinde, o evangélicas, como al de Farela, a los programas sociales o de seguridad.
Juárez es más que un monumento que hay que proteger de los “ataques” de las feministas. Si está ahí es para recordarnos que, por el bien de todos, para que cada uno de nosotros podamos creer lo que queramos, las iglesias y los ministros deben tener su espacio y el Estado debe ser laico. Mezclarlos es dinamita pura.
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