El respetable señor Bartlett
Para fortuna suya, Manuel Bartlett Díaz cuenta con la confianza y el respeto presidencial. Eso dota al actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de una coraza de impunidad que lo libra de una historia de tropelías sin cuento, justo en el Gobierno de la supuesta transformación.
Y es que la suya es una trayectoria de más de 60 años –iniciada en 1962 como Secretario del legendario cacique Javier Rojo Gómez— que lo describe como un político prototípico del sistema priista, corrupto, abusivo, autoritario y represor.
Es ya lugar común que como Secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid (1982-1988) fue responsable directo en su calidad de presidente de la Comisión Federal Electoral del negro episodio conocido como “la caída del sistema”, que opacó los comicios presidenciales de 1988 en los que oficialmente ganó Carlos Salinas de Gortari. Y autor directo, confeso, del histórico fraude electoral de 1986 en el estado de Chihuahua, cuando personalmente diseñó desde su despacho de Bucareli el operativo que involucró a todas las maniobras conocidas para la manipulación del resultado electoral a favor del PRI, por encima de la voluntad de miles de ciudadanos que se resistieron durante más de tres meses a la imposición.
Bartlett Díaz, a quien el Presidente de la República dispensa ahora su confianza y su respeto, estuvo involucrado también en las amenazas a los directivos del semanario Proceso a través de su director de Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Martínez, documentada por Vicente Leñero, así como en el asesinato nunca cabalmente aclarado del columnista Manuel Buendía Tellezgirón en mayo de 1985.
También como Gobernador de Puebla (1993-1999) Bartlett Díaz se distinguió por su mano dura y autoritaria, que incluyó la defensa de cacicazgos regionales, la imposición de alcaldes y la represión de movimientos populares como el de los colonos y los locatarios de mercados. Y también despojos electorales como el perpetrado en el municipio de Huejotzingo, donde la resistencia ciudadana de varios meses impidió finalmente la consumación del atraco.
Frustradas sus apariciones presidenciales en el año 2000, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León lo hizo senador de la República y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en ese órgano legislativo. Seis años más tarde ocurrió su conversión al lopezobradorismo, lo que implicó su salida del PRI y su ingreso al Partido del Trabajo (PT), en el que hasta la fecha milita. Ello le valió ser nuevamente Senador entre 2012 y 2018 y hoy alto funcionario federal.
A toda esa historia se suma ahora la investigación prolijamente documentada de la reportera Arelí Quintero y difundida en el espacio radiofónico de Carlos Loret de Mola sobre las propiedades ocultas del actual director de la CFE, no incluidas en su declaración patrimonial. Se trata de 23 casas y dos terrenos, a nombre suyo, de sus hijos o de su actual compañera, cuyo valor se estima en unos 800 millones de pesos. Lo que equivale, según el reportaje, a unas 16 veces más el monto de 51 millones declarado por el funcionario.
No obstante las evidencias, y antes de cualquier resultado de esa investigación, el Presidente salió en defensa del nacionalista y democrático político poblano al afirmar que “son intentos de desprestigio que no prosperarán…”
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