De 315 estancias infantiles, solo 54 están en regla, dice gobierno federal

IRZA

CHILPANCINGO. De las 315 estancias infantiles que operan en Guerrero, sólo 54 cumplen con los requisitos que establece el programa federal y se investigan irregularidades en la atención a los infantes, padrones de niños alterados, inmuebles inseguros y cobro de cuotas a un servicio que ya estaba subsidiado.

Eso reveló este jueves el delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones de la ex Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora del Bienestar, en la colonia Burócratas, en donde habitualmente despacha este funcionario.

El funcionario federal indicó que ofrecía esa conferencia para desmentir que el programa de estancias infantiles sólo se va a aplicar en 23 municipios como se indicaba en unas reglas de operación, que dijo sólo eran sólo “una propuesta”.

Aseveró que “no son reglas emitidas” y que este jueves es el plazo límite para que se emitan estas normas: “esos 23 municipios son solamente para identificar los municipios indígenas que serán susceptibles de atención en el programa, pero no es cierto que se quiten los demás municipios y que se quedarán sin ese derecho”.

Pablo Amílcar Sandoval reiteró que el objetivo de este programa es que los beneficios “llegarán de manera directa a madres y padres que los recibirán en todos los municipios donde hasta ahora ha funcionado el programa de estancias”.

Explicó que el objetivo principal del programa es atender a los municipios en los que el ingreso per cápita esté por debajo de la línea de bienestar, pero en Guerrero el 64 por ciento de las estancias están en los 12 municipios que tienen muy bajo de nivel de marginación como por ejemplo Acapulco, Chilpancingo e Iguala”.

Abundó que en el programa en Guerrero se reporta que el 88 por ciento de las estancias son “viables”, pero que en las cédulas de los supervisores que tienen en su poder se reporta otra situación: “sólo el 16 por ciento, es decir 54 estancias están en  condición de estar en funciones”.

Sandoval Ballesteros manifestó que entre las irregularidades administrativas que encontraron entre lo que reporta el sistema y las cédulas de los supervisores “como por ejemplo en la atención a los infantes; el padrón alterado de niños, hay casos en los que las estancias y sus inmuebles no son viables y con deficiencias tienen un rango alto; inmuebles inseguros sin servicios de calidad”.

Agregó que entre esas irregularidades detectaron que había algunas estancias infantiles que a pesar de que recibían un subsidio del gobierno federal, cobraban cuotas de 500 y hasta mil 400 pesos mensuales: “se trataba de un modelo de atención privatizante subsidiado con recursos públicos, muy pocas estancias no cobraban, como las ubicadas en la Montaña de Guerrero”. Agregó que en este proceso de revisión encontraron “documentos apócrifos, declaraciones en falsedad; esto es parte del proceso de investigación que se está abriendo, necesitamos pruebas para turnar a las autoridades correspondientes y es un proceso interno que está por concluirse”.

Pero que además en esta revisión del programa no se sabe quiénes son los dueños de las estancias y que sólo se sabe de los encargados o encargadas con registro oficial.

Hizo un llamado a “no politizar este tema, los beneficiarios finales que son madres y niños seguirán recibiendo estos beneficios, habrá un programa a través del DIF y de la Secretaría de Salud para supervisar las estancias de manera más estricta y determinar las estancias idóneas para beneficiar a madres de este programa”.

Indicó que buscan que “no haya actos de corrupción en el ejercicio de recursos públicos; no habrá municipios excluidos en este programa y se verá el apoyo de manera directa a los padres de familia”.

Agregó que en este programa se destinaron 129 millones el año pasado, de los cuales se invertían 95 millones de pesos para subsidiar de manera directa a los niños en las estancias y que 34 millones de pesos se utilizaban para el pago de seguros, para apoyos por 70 mil pesos para estancias nuevas o remodelaciones y paquetes mensuales de 10 mil pesos para materiales didácticos.

Finalizó diciendo que respetan el planteamiento de que el gobierno estatal y el Congreso del Estado estén proponiendo que se harán cargo de subsidiar este programa con recursos combinados: “nos parece bien que asuman esa responsabilidad, nosotros tendremos una relación directamente con los padres de familia”.

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