Congreso de Guerrero refuerza ley para gestión de residuos y sanciona plásticos de un solo uso

Boletín

Chilpancingo, Gro.- El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado para fortalecer la gestión municipal, sancionar prácticas que dañen el medio ambiente y fomentar el aprovechamiento de residuos, incluyendo medidas para separar residuos desde su origen, prohibir plásticos de un solo uso y establecer sanciones más severas para quienes incumplan la norma.

Al fundamentar el dictamen de una propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, a nombre de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, la diputada Obdulia Naranjo Cabrera destacó que la Comisión considera, bajo un estudio normativo, que la legislación ambiental del Estado debe estar a la vanguardia y armonizarse con el artículo 4 constitucional, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano como derecho humano fundamental, obligando al Estado a garantizar su protección y restauración.

Por ello, agregó que para cumplir con el mandato constitucional, la legislación guerrerense debe incorporar mecanismos que promuevan la separación de residuos desde la fuente, el reciclaje obligatorio y la valorización de materiales, lo que permitiría reducir la presión sobre los rellenos sanitarios y minimizar la contaminación.

Además, la incorporación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados en la legislación estatal radica en que establecen los lineamientos técnicos y estratégicos necesarios para garantizar un manejo adecuado de los residuos desde su generación hasta su disposición final.

Asimismo, permite armonizar las políticas públicas con las obligaciones constitucionales de protección al medio ambiente y la salud pública, ya que estos programas definen responsabilidades claras para los distintos niveles de gobierno y sectores productivos, promueven la economía circular y previenen daños ambientales irreversibles al incorporarlos en la normativa.

También se fortalece el marco jurídico, evitando vacíos legales que puedan derivar en prácticas contaminantes, asegurando que las acciones de prevención, gestión y remediación se realicen bajo criterios científicos y técnicos estandarizados que protejan tanto los ecosistemas como el bienestar de la población.

Con estas reformas se cambia la cuantificación de sanciones de salarios mínimos a UMAs, ya que estas se calculan con base en criterios económicos, objetivos e independientes del salario, permitiendo mantener estabilidad en el valor real de las multas y obligaciones sin impactar negativamente en la recuperación del poder adquisitivo del mínimo vital, al evitar que el monto de las sanciones se vea erosionado por incrementos salariales o que, por el contrario, se vuelvan excesivamente onerosas en periodos de baja inflación.

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