Congreso de Guerrero aprueba reformas integrales contra la extorsión

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Chilpancingo, Gro.— El Congreso del Estado aprobó por unanimidad cuatro iniciativas en materia de extorsión enviadas por la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, con el objetivo de armonizar la legislación local con las disposiciones federales.

Las reformas abarcan cambios a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, al Código Penal del Estado, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley 847 de Ejecución Penal. Los dictámenes fueron elaborados por las Comisiones de Seguridad Pública, Justicia y Estudios Constitucionales y Jurídicos.

Al presentar el primer dictamen, la diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz señaló que la actualización a la Ley 179 busca fortalecer el combate a la extorsión mediante la incorporación de una Política Estatal específica, la formalización de los órganos de coordinación y mesas de paz, la regulación detallada de la inteligencia policial y el funcionamiento de los Centros de Comando y Control. También se refuerza la profesionalización policial, el régimen disciplinario y la creación de Unidades Especializadas para atender este delito.

Por su parte, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano explicó que la derogación de los artículos 243 y 244 del Código Penal responde al nuevo diseño normativo del delito de extorsión. Subrayó la inclusión de un artículo transitorio para garantizar la irretroactividad de la ley, de modo que los procesos iniciados antes de la entrada en vigor del decreto continúen con el marco jurídico previo.

La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez fundamentó las reformas al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, indicando que la Secretaría de Seguridad Pública asumirá la conducción de la política estatal para prevenir y combatir la extorsión, en coordinación con las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Además, se establecen mecanismos de colaboración tecnológica con instancias federales para mejorar la atención de denuncias y fortalecer la confidencialidad de la información.

Las modificaciones también incorporan la materia de extorsión al Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública y establecen medidas para inhibir señales de telefonía y radiocomunicación dentro de los centros penitenciarios, con la finalidad de impedir que se cometan delitos desde el interior.

Finalmente, el diputado Joaquín Badillo Escamilla expuso el dictamen que adiciona un párrafo al artículo 175 de la Ley de Ejecución Penal, dirigido a fortalecer el control tecnológico de los centros penitenciarios y garantizar que sean espacios seguros y libres de actividades ilícitas.

Los legisladores coincidieron en que estas reformas representan un avance significativo en la protección de la ciudadanía y en la consolidación de un sistema de seguridad y justicia más eficaz en el estado.

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