Armando Ríos Piter
Uno de los temas más polémicos en materia laboral ha sido el llamado “outsourcing”, también conocido como subcontratación o terciarización. A lo largo de los últimos años, este esquema ha generado gran controversia pues mientras genera ventajas para las empresas al brindarles mejores capacidades para especializarse, en nuestro país ha servido para que unos cuantos se “agandallen” a los trabajadores.
El oursourcing presenta ventajas tales como la colaboración con empresas externas que permiten ahorrar gastos. Tal es el caso de los costos asociados a la inversión en infraestructuras o tecnología. También los destinados a la contratación de nuevos trabajadores que se hagan cargo de tareas que no son una función específica de la empresa. Lo anterior permite la especialización y enfoque. La subcontratación también permite contratar procesos complejos mediante proveedores externos especializados, reducir riesgos, mejorar la calidad en el servicio y aumentar la productividad de la empresa. Gracias a la flexibilidad que permite la terciarización, la empresa puede adaptarse mejor a los cambios que se producen en el mercado, al contratar servicios con terceros solo en el momento en el que lo necesita.
No obstante, en el caso mexicano, diversas empresas se han aprovechado de la ley para simular ser especialistas en contratar personal, con lo que han dañado las finanzas nacionales y las del trbajador. La débil supervisión oficial ha propiciado el surgimiento de firmas que simular cumplir. La Asociación Mexicana de Capital Humano estima que alrededor de 900 compañías se ha enfocado en evadir las obligaciones legales en materia de outsourcing.
En este contexto, AMLO presentó una iniciativa en la que se busca acabar con los abusos que ha generado la subcontratación, especialmente evitar que los trabajadores sean inscritos al IMSS por debajo de lo que realmente perciben en su salario y con ello acabar con las “afectaciones en sus fondos de vivienda, liquidaciones, indemnizaciones, licencias de maternidad o incapacidad”.
El proyecto busca terminar con la simulación sobre quién es el verdadero patrón y las afectaciones a la antigüedad, a través de la reguación de tres figuras: 1) La subcontratación de personal. Queda esctirctamente prohibida la existencia de empresas que simulen su relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros. 2) Los servicios especializados que no formen parte del objeto social. Se va a requerir una autorización de la Secretaría del Trabajo y formarán parte de un padrón público; 3) Agencias de Colocación. Éstas podrán intervenir en el proceso de reclutamiento, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón o contratar en sustitución.
Cabe destacar que tras la presentación, la Coparmex criticó que una prohibición total del esquema de outsourcing provocaría “una grave afectación más al deteriorado panorama económico”. La organización patronal señaló que podrían perderse empleos legítimos y bien remunerados, toda vez que empleada de la forma correcta, esta figura apoya al fomento de empleo, a la economía formal y a la inversión. El “outsourcing” fue incluido en la reforma laboral del 2012 y permite que una empresa delegue a una tercera la prestación de servicios, lo cual puede representarles hasta un 50% de reducción de los costos.
La iniciativa establece que la violación a las nuevas disposiciones implicará multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización; esto significa que para 2020, los valores irían de los 173,760 pesos hasta los 4 millones 344,000 pesos. En caso de aprobarse la reforma, entraría en vigor el 1 de enero de 2021. La STPS deberá expedir reglas, con el fin de que las empresas prestadoras de servicios especializados soliciten la autorización de la dependencia para desarrollar sus actividades.
