IRZA
Chilpancingo, Gro (IRZA).- El elemento del Ejército Mexicano, Hugo Humberto García de León, fue sentenciado por un juez federal a 20 años de prisión por haber incurrido en los delitos de tortura, violación y robo en agravio de Inés Fernández Ortega, indígena Me´paa de la comunidad de Barranca Tecuani, en el municipio de Ayutla de los Libres.
La denuncia ministerial del caso establece que el próximo 22 de marzo se cumplirán 21 años que elementos del 41 Batallón de Infantería abusaron de ella.
Con base a la relatoría de los hechos, el 22 de marzo de 2002, Inés estaba en su casa en acompañada de sus cuatro hijos, momento en el que aproximadamente once militares irrumpieron en su domicilio.
Luego, uno de los elementos castrenses la tomó de las manos y, apuntándole con su arma de cargo, le dijo que se tirara al suelo y cuando lo hizo, otro militar la violó sexualmente mientras otros dos militares observaban.
Por esos hechos, presentó una denuncia penal el 24 de marzo de 2002 ante el Ministerio Público del Fuero Común, fecha desde la que Inés enfrentó un sinnúmero de obstáculos para poder tener acceso a la justicia.
El 14 de junio de 2004, Inés, apoyada por la Organización de Pueblo Indígena Tlapaneco/Me´paa (OPIT) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” de la Montaña de Guerrero, hicieron una formal petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual admitió el recurso el 21 de octubre de 2006 y al emitir un informe recomendó al Estado Mexicano la adopción de una serie de medidas para la reparación integral de los derechos violados, para lo que otorgó dos meses para que se cumpliera.
Sin embargo, el Estado incumplió, por lo que la CIDH, el 7 de mayo de 2009 hizo de conocimiento del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiempo que Inés y su familia fueron amenazados, así como comunidades y sus abogados, para que se desistieran de la demanda.
El 30 de agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado era responsable por “la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1 y 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de igual manera se encuentra responsable al Estado por la violación del derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio, así como responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, por lo que el caso tendría que ser juzgado por autoridades civiles y no militares, señala un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El 6 de marzo de 2012, en Ayutla de los Libres, Guerrero, se realizó el acto de reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado Mexicano para Inés Fernández Ortega, donde quien era el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió una disculpa pública a Inés Fernández Ortega.
Este miércoles en conferencia de prensa en la Ciudad de México, Inés informó que pasado 1 de marzo el juez segundo de Distrito del XXI Circuito Judicial de Acapulco, José Artemio Navarrete Sánchez, emitió la sentencia de 20 años de prisión en contra del militar Hugo Humberto García de León.
Acompañada de su abogado Vidulfo Rosales Sierra, Inés Fernández Ortega señaló que es importante esta sentencia y advirtió que ella acusó a 11 militares de haber abusado de ella, pero que sólo pudo identificar a 2 de ellos, el que fue sentenciado y otro que murió en la cárcel militar cuando estaba sujeto a proceso.
Denunció que los mandos militares no quisieron abrir plenamente los expedientes de los militares responsables, pero advirtió que “voy a continuar luchando el tiempo que sea necesario para que se haga justicia; ahora hemos ganado una batalla al poder militar”.
Inés preguntó: “¿Qué pasó con los demás? ¿dónde está el castigo contra los otros nueve militares que también entraron a mi casa?”.
En la conferencia de prensa también participó Norma Jiménez, sobreviviente de tortura sexual en el desalojo violento de San Salvador Atenco, en el Estado de México, en el año de 2006, la que dijo que “formamos parte de la campaña Rompiendo el Silencio y es tremendamente impactante el testimonio de Inés, que siga impactando tanto, lo más grave es que se siga repitiendo tanto”.
Alán García, de la oficina de la ONU en México, también presente en la conferencia de prensa, señaló que esta sentencia de un juez federal en el marco del Día Internacional de la Mujer, “es un trabajo por la justicia y desmontar las estructuras de impunidad que existen en México”.
Indicó que la sentencia “recupera la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres, le da valor al testimonio de las víctimas”.
“Acabamos de atestiguar una de las más notables estampas de dignidad”, señaló Alán García al referirse a la lucha que emprendió Inés Fernández Ortega desde el 2002.
