Boletín
CHILPANCINGO. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a cinco ordenamientos jurídicos del estado en materia de violencia sexual, con el fin de armonizarlos con los estándares internacionales, en el marco de la iniciativa Spotlight que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo.
Al exponer los motivos de la iniciativa, la diputada presidenta de la citada comisión precisó que es necesario reformar el Código Penal, la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, la Ley de la Juventud Guerrerense y la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, en concordancia con el compromiso que asumió la LXIII Legislatura con la firma del Memorándum de Entendimiento con ONU Mujeres, a fin de fortalecer las leyes locales en materia de prevención y erradicación de los diferentes tipos de violencia contra mujeres y niñas.
Y es que, refirió, la violencia sexual es el segundo tipo de agresión que más se ejerce contra las mujeres menores de edad y adultas, antecedida por la violencia psicológica, con 51.6 por ciento; y en Guerrero es la que más se ha incrementado en los últimos años, al pasar del 27 al 40.9 por ciento, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.
Abundó que es importante modificar este paquete integral para plasmar las agravantes en materia de violencia sexual cuando se ejerza en un medio de transporte público o privado, o las víctimas pertenezcan a grupos que requieren especial protección, como son mujeres, niñas, niños y adolescentes, mujeres rurales o indígenas, personas adultas mayores o con alguna discapacidad, y para eliminar el móvil de lascividad en los delitos de hostigamiento y acoso sexual, introduciendo el de naturaleza sexual, como lo marcan la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Destacó que también es importante reconocer como ámbito de ocurrencia el hostigamiento y acoso sexual en el entorno escolar, y establecer la oficiosidad en la investigación del delito cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en las medidas de reparación del daño a las víctimas.
De la misma forma, se plantea integrar como parte de las medidas de prevención el diseño de políticas públicas estatales y municipales, medidas de identificación y prevención de la violencia sexual en el ámbito social, comunitario, situacional y psicosocial, así como establecer que la prevención de la violencia contra la mujer sea un elemento explícito en la planificación urbana y rural, e incorporar obligaciones específicas en materia de atención a víctimas en lo referente al diseño de medidas y políticas de atención, en armonía con lo que establece la Ley General de Víctimas.
Esta iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para su correspondiente análisis y dictaminación.
