Guillermo Arteaga González
La política como el arte de gobernar, debería basarse en principios de respeto, ética y responsabilidad, sin embargo, en México, una vez más, nos enfrentamos a un episodio lamentable que demuestra lo contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su afán de señalar irregularidades, ha traspasado límites éticos al divulgar información personal sobre María Amparo Casar, viuda de Carlos Fernando Márquez Padilla García, ex coordinador de asesores de Pemex, las acusaciones de AMLO contra Casar sobre la recepción indebida de una pensión de Pemex han desencadenado una polémica que va más allá de una simple discrepancia política, al revelar detalles íntimos sobre la vida personal de Casar, incluida la naturaleza de la muerte de su esposo en 2004, AMLO ha cruzado una línea que no debería ser cruzada por un líder presidencial.
El argumento del presidente, de que la pensión de Casar no procede debido a que la muerte de su esposo fue un suicidio y no un accidente, es problemático en varios niveles, los términos legales y contractuales, podría ser legítima, la decisión de AMLO de airear públicamente esta información personal es alarmante, un presidente debe ser un ejemplo de respeto a la privacidad y a los derechos humanos, no un perpetrador de violaciones de la intimidad de los ciudadanos, al revelar detalles sobre la vida personal de Casar, AMLO no solo muestra una falta de tacto y empatía, sino que también socava la confianza en la institución presidencial y en el respeto a la privacidad de los ciudadanos, por igual, esta situación plantea hipótesis sobre la independencia del poder judicial y la separación de poderes en México, no se puede considerar apropiado o pertinente que el presidente se inmiscuya en asuntos que deberían ser tratados por el sistema judicial, podría verse como si el presidente estuviese utilizando su posición para influir en decisiones que no le corresponden u obteniendo información que debería estar alejado de su conocimiento.
Así mismo Octavio Romero Oropeza, director de PEMEX, quien ha calificado como un acto de corrupción el cobro de la pensión vitalicia por parte de María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, esta declaración ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad y la ética en la administración pública.
Este acontecimiento y declaración adquiere una dimensión aún mayor debido al contexto en el que se desenvuelve, MCCI ha sido una de las organizaciones que más ha señalado actos de corrupción durante la administración de López Obrador, lo que lleva a muchos a cuestionar si las acusaciones contra Casar son realmente un acto de justicia o más bien una represalia por parte del actual régimen, sin embargo, es fundamental recordar que, si se han cometido actos de corrupción en los trámites administrativos de la pensión, los culpables deben recibir el castigo que estipula la ley, independientemente de su afiliación política.
Las declaraciones de Romero Oropeza cobran aún más relevancia debido a los comentarios vertidos por el presidente López Obrador en su conferencia matutina, al afirmar que en el caso de que alguien atente contra su propia vida, no procede el pago de la pensión ni el seguro de vida, el presidente parece estar estableciendo una conexión entre la naturaleza de la muerte de un trabajador, esta postura plantea interrogantes éticos y legales sobre el tratamiento que se debe dar a situaciones tan delicadas como el suicidio, y si es justo privar a los familiares de las víctimas de sus derechos en función de la causa de la muerte, en última instancia, lo que este caso pone de manifiesto es la necesidad de un sistema de justicia transparente e imparcial, que no se vea influenciado por agendas políticas o venganzas personales, si María Amparo Casar ha incurrido en irregularidades al cobrar su pensión, debe ser investigada y, en caso de ser culpable, sancionada conforme a la ley, no obstante, esta investigación debe llevarse a cabo de manera objetiva, sin prejuicios ni sesgos políticos, para garantizar la integridad del proceso y la confianza en las instituciones.
Es necesario recordar que, en un Estado de derecho, todos los ciudadanos, independientemente de su posición política o social, tienen derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Las acusaciones públicas de AMLO contra Casar no solo son irrespetuosas, sino que también socavan estos principios fundamentales.
El caso de María Amparo Casar y las declaraciones de Octavio Romero Oropeza nos recuerdan la importancia de defender la justicia y la integridad en todas las esferas de la vida pública, en un país donde la corrupción ha sido un problema arraigado durante décadas, es fundamental que las autoridades actúen con transparencia, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, de igual forma las acusaciones hechas por AMLO en su ya acostumbrada conferencia mañanera, son un memorándum de la importancia de defender los principios éticos y democráticos en la política mexicana, los líderes políticos deben actuar con responsabilidad, respetando la privacidad y los derechos de los ciudadanos, y evitando el uso indebido de su poder para fines personales o partidistas, la obtención de justicia debe estar separa de la política al igual que un presidente debe estar lejos de actos que pretendan ser visto como de interés nacional, siendo más bien que pintan como hechos más vengativos que dé busca de la verdad, los actos de corruptela y malos manejos de administraciones pasadas deben ser investigados en su totalidad y los culpables si es que los hay deben hacerse responsables de sus actos, pero también las acusaciones de corrupción de esta administración deberían ser atendidos con el mismo carácter enérgico que se investigan las posibles conductas erróneas y fuera de la ley de los que son identificados como enemigos del presidente.