(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Pese al Covid-19, a nivel nacional se están gestando cambios muy profundos, en materia administrativa y que tienen que ver con el combate a la corrupción. Los mexicanos no estamos enterados, por ejemplo, de cuánto dinero se mueve a través de unos 380 fideicomisos aún vigentes en el país, heredados del viejo régimen, pero de los cuales únicamente 19 cuentan con controles suficientes para seguirle la ruta al dinero (6 por ciento del total). Es decir, 94 por ciento de estos fondos se maneja en forma discrecional por funcionarios y beneficiarios del dinero que es público.
Cuando se nos dice que el Fondo Nacional de Atención a Desastres Naturales (Fonden), va a desaparecer, no es así. La intención del gobierno federal no es suprimir los fondos, y menos cuando se trata de algo tan importante como la atención en caso de desastres naturales, sino regularlos, según lo explicó el diputado federal por el Distrito 08, Rubén Cayetano García.
El caso llama la atención, desde que el presidente de la República anunció la revisión de los fideicomisos ¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué tantas medias verdades y medias mentiras? ¿Qué es un fideicomiso y qué es un fondo? Casi no sabemos nada del asunto y, por lo tanto, nos vamos con la finta de lo primero que dicen en redes sociales.
El tema tiene muchas aristas. Primero, entender que un fondo de recursos es una bolsa de dinero que se destina para determinado fin, generalmente bueno. En cambio, un fideicomiso es una figura administrativa que permite que los fondos sean manejados, sean por entidades públicas e incluso por particulares.
En el caso de Fonden, sepamos que también es un fideicomiso. En resumen, fondo es dinero y fideicomiso es un instrumento de control financiero de ese dinero.
Hablemos primero de la parte buena de los fideicomisos: Permiten destinar bienes y recursos para fines como la construcción de proyectos de infraestructura, otorgar apoyos a pequeños productores, financiar causas sociales, fortalecer la defensa a los derechos humanos; todo esto sin que estos puedan ser tocados por otras entidades ni utilizado para otros fines, aun en procesos de transición.
Al transferirse bienes a una institución financiera para que los administre, permite que estos tengan rendimientos y se incrementen, generando un patrimonio autónomo.
Los recursos públicos que están integrados en un fideicomiso no tienen que ejercerse en el mismo año que ingresaron, lo que permite que la proyección del gasto sea mejor planeada. Es decir, hablando del Fonden, que en caso de que no se ejerzan todos los recursos, tampoco se reintegran a la Federación, sino que el fondo se va acrecentando y generando intereses.
Un fideicomiso permite flexibilidad para la realización de distintos negocios y contratos, sin importar si se cumplen los fines por los cuáles se crea.
Lo malo de los fideicomisos públicos es la forma como se usan y se abusa de éstos. Sólo 19 fideicomisos públicos a nivel federal cuentan con controles propios de vigilancia. Pero 360 de ellos no tienen estos controles.
Crearlos es muy fácil, pues basta un simple contrato entre distintas entidades, en donde se diluyen las responsabilidades y se dificulta el seguimiento del gasto y de la información.
Existe mínima información que explique y justifique su ejercicio. La mayoría sólo tiene disponible información general de los montos de sus ingresos, egresos y contrato de creación, pero no tienen disponible información detallada del destino de los bienes o los negocios que se realizan, ni mucho menos si existe seguimiento sobre el cumplimiento de sus fines.
Lo feo, según la organización Fundar México, es que a pesar de que está prohibido el secreto bancario o fiduciario respecto al ejercicio de recursos públicos, los fidecomisos públicos -que por cierto son administrados por instituciones financieras privadas-, tienen la posibilidad de resguardar la información de las operaciones que realizan como confidenciales.
A través de los fideicomisos, las entidades públicas evitan regresar a la Tesorería de la Federación lo que no gastaron de su presupuesto, sin señalar a qué fideicomisos ni la justificación de ese gasto. De esa forma podrían crear nuevos fideicomisos sin ninguna utilidad social o transferirlos a fideicomisos privados, en donde no existe la posibilidad de seguir el destino final de estos.
Cada año se destinan del presupuesto montos a las entidades públicas para que éstas los transfieran a los fideicomisos que administran, pero estas transferencias se sobre-ejercen de manera exponencial sin que exista justificación de dicho sobre-ejercicio y sin que se especifiqué a cuáles fideicomisos van esos montos. “Por ejemplo, en 2017, se aprobó en el presupuesto que 42 mil millones pesos de destinarían para fideicomisos, sin embargo, las dependencias en realidad transfirieron 310 mil millones pesos, es decir 600% más. Lo cual muestra un problema de control presupuestario en estas figuras”.
No hay seguimiento del cumplimento de sus fines y su utilidad. A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho diversas observaciones sobre los riesgos de discrecionalidad que permiten los fideicomisos y las afectaciones que pueden generarse en las finanzas públicas, siguen las prácticas de opacidad y no se vigila su uso. Éste es el punto. Al conocer tantos detalles, la discusión termina. Los fideicomisos deben regularse.
