De acuerdo con el columnista Raymundo Riva Palacio, el convenio que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, realizó con la Fiscalía General de la República (FGR) para acceder a su extradición, implica ofrecer información -testimonial y documental- que incriminaría al expresidente Enrique Peña Nieto y a su “brazo derecho”, Luis Videgaray, en actos de corrupción.
El autor de “Estrictamente Personal” afirma, en la columna que publicamos en esta edición, haber tenido acceso a los documentos mediante los cuales se concretó el acuerdo entre los abogados de Lozoya y la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, a partir de los cuales ofrece datos de lo que podría ocurrir en los próximos meses con este caso.
En particular, Riva Palacio detalla cómo se habría registrado la compra, por parte de Pemex, de la empresa “Agronitrogenados”, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA) -que antes se la había comprado al Gobierno Federal-, retratando tal operación como un pago de favores por la inversión que Alonso Ancira habría realizado en la campaña de Enrique Peña Nieto.
Si lo relatado por el articulista es, en efecto, un buen resumen del expediente que la FGR ha armado en torno al “affaire AHMSA”, podríamos estar en la antesala de un hecho no visto en generaciones: el inicio de un proceso en contra de un expresidente.
Lo más cercano que los mexicanos hemos atestiguado a un hecho como éste es el enjuiciamiento a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, quien fue acusado de diversos delitos durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Pero lo inédito del proceso no sería signo, como todo mundo sabe, de que los mexicanos hayamos despertado un día enterándonos con asombro de que en las más altas esferas del poder se registraran actos de corrupción. Por el contrario, la sociedad mexicana tiene décadas leyendo cotidianamente historias de este tipo sin que pase absolutamente nada.
De lo sería signo -y uno de carácter alentador- es de que podría estar en proceso la más importante transformación de la vida pública del país, la cual implicaría que se rompa, de una buena vez, la cadena de complicidades gracias a la cual se ha construido uno de los más amplios espacios de impunidad que puedan documentarse en el planeta.
Para ello hará falta, desde luego, no solamente que se castigue a quienes en el pasado han cometido actos ilegales que, en mayor o menor medida, se encuentran a la vista de todos, sino que el combate a la corrupción esté desvinculado de toda estrategia electoral, es decir, que no se registre una “persecución selectiva”.
Porque así como en el pasado reciente de nuestra vida pública es posible encontrar innumerables ejemplos de corrupción, en el actual período gubernamental se han documentado no pocos escándalos que no deben dejar de señalarse y, menos aún, de castigarse.
Si esto se hace así, sin duda que todos deberemos festejar el inicio de una nueva era en la vida pública del país.
