Lilia Arellano
Gobernadores piden fondos para seguridad pública
Como si no resultara suficiente el panorama actual registrando solamente en el área de salud 77 mil defunciones sospechosas o 75 mil y más oficiales, exigencias de los padres a quienes no les son entregados los medicamentos para sus hijos padeciendo cáncer, las reacciones cargadas de enojo, de decepción de médicos y enfermeras, don Andrés profundiza en los frentes abiertos con los gobernadores y con organizaciones sociales demandantes de restituir recursos para seguridad. Como se sabe, desintegraron, desaparecieron el Fortaseg, por lo tanto, ni estados ni municipios recibirán asignaciones suficientes para cumplir con la labor. Y si bien se han destinado miles de millones de pesos a este rubro sin obtener los resultados prometidos, exigidos y deseados, salta a la vista la necesidad de supervisarlos dentro de un piso parejo porque, Alfonso Durazo, al igual que los Fiscales y los Secretarios de Seguridad Ciudadana, le hacen al muerto cuando se les exigen cuentas sobre las asignaciones recibidas, a las cuales, sin miramiento, le sacan la vuelta con todo y la etiquetación.
A través de un desplegado dirigido a la Cámara de Diputados, mandatarios, académicos y representantes de organizaciones sociales solicitaron modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, pues argumentan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso reducciones importantes en materia de seguridad a estados y municipios. A pesar de contemplar un gasto de $6,257.1 mmdp en el 2021, un recorte con respecto a lo aprobado en el ejercicio fiscal anterior, “es una cobija que francamente está más reducida que nunca”, debido a la crisis económica y sanitaria por el coronavirus Covid-19, como lo señaló la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho.
Los gobernadores rebeldes, quienes abandonaron la Conago, porque simplemente “no sirve para nada”, firman el desplegado de referencia. Aparecen: Diego Sinhue, de Guanajuato; Enrique Alfaro, de Jalisco; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Martín Orozco, de Aguascalientes, y Silvano Aureoles, de Michoacán, quienes sostienen el proyecto de presupuesto prevé una reducción en términos reales, e incluso la eliminación de algunos apoyos federales para la seguridad de estados y municipios. Su alegato también es respaldado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Futuro 21, México Unido Contra la Delincuencia, Observatorio Ciudadano; así como académicos como Mariclaire Acosta, Alberto Athié, Beatriz Pagés y Eduardo Cano.
Con el argumento de que la actual administración federal debe pagar el servicio de deuda adquirida por los gobiernos anteriores, el tabasqueño ha negado, desde el año pasado, más dinero en materia de “participaciones federales” a las entidades federativas, con lo cual la crisis en las finanzas estatales comienza a recrudecerse de manera preocupante con tendencia a ser aun más profunda en próximo año. En su último y decepcionante encuentro con los integrantes de Conago, AMLO informó se acordó con los mandatarios estatales “ayudarles en la medida de lo posible”, pero fue claro al señalar no se puede transferir más dinero a los estados porque la Federación tiene que “tapar los boquetes” del monto de la deuda federal. Aunque el inquilino de Palacio Nacional señaló: a ninguna administración estatal se le deben recursos de las participaciones federales, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello le recordó la Secretaría de Hacienda no ha entregado mil millones de pesos, los cuales serían destinados al sector de la construcción.
El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, indicó: “No pedimos más gasto para nosotros, ni más participaciones federales, porque sabemos esas dependen de la recaudación federal, pero si pedimos se busquen alternativas como el Fondo de Estabilización o el dinero que obtendrán por la desaparición de los fideicomisos, para que el gobierno central invierta más en proyectos y sectores en las entidades, necesitamos generar más empleo y dinamismo económico, no para nosotros, sino para nuestros habitantes y para el país”. También el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sostuvo “la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, pone en riesgo la gobernabilidad del país con la eliminación de apoyo y fondos para las entidades federativas el próximo año. La situación michoacana es terriblemente preocupante, pues además de la pandemia está el grave derrumbe económico, el cual viene desde antes de la contingencia”. De aprobarse el paquete económico tal como lo envió el Ejecutivo al Congreso, Michoacán tendrá una reducción superior al 4 por ciento, lo que significaría un “recorte” de al menos 4 mil 300 millones de pesos para atender las necesidades de la población que habita en los 113 municipios. Y así, el resto de las entidades.
De mantenerse el actual proyecto presentado por la SHCP a la Cámara de Diputados, sostienen los mandatarios resultarán afectados con una reducción de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública en municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (Fortaseg). “Dichos fondos constituyen las principales fuentes de financiamiento para apoyar a estados y municipios a llevar a cabo labores de seguridad a nivel local, profesionalizar a las policías, pagar salarios, mantener los centros de llamadas de emergencia y adquirir insumos tales como chalecos, armas o uniformes. Además, sirve para efectuar programas de prevención y atención a la violencia contra la mujer y búsqueda de personas desaparecidas”, destacaron.
Precisaron que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), principal fondo en materia de seguridad para los gobiernos estatales, mantiene sus recursos en términos reales, pero el Fortamun se reduce en un 4.6%. Por ello solicitan a los diputados federales restituir los recursos de esos fondos con base en lo ejercido en 2020, e incluso considerar un aumento.
Farsas y mentiras
Sin ningún rubor y conscientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador miente abiertamente a la sociedad mexicana. Un día sí y otro también sostiene frases, no creíbles ya para la opinión pública, como: la pandemia ha sido domada, cuando se alcanzaron ya más de 74 mil fallecimientos; no tenemos problemas de capacidad hospitalaria; el huachicol disminuyo 80%; he cumplido 95 de los 100 compromisos asumidos; no hay funcionario de gabinete que gane más que yo; Trump nos trata con respeto; la corrupción ha sido desterrada; quedaron prohibidas las adjudicaciones directas. Todo absolutamente falso y lo más grave para su investidura presidencial: totalmente comprobables tales mentiras.
Apenas el martes pasado, en su conferencia de prensa matutina, autocalificó como exitosas sus estrategias tanto de salud como de economía, asegurando que las dos crisis están por concluir. La terca realidad demuestra se tienen las peores cifras de muertos porque no hay tal dominio de la pandemia y se da el lujo de manda condolencias a los países en donde los registros no se acercan a la tragedia de tener un porcentaje de letalidad que triplica el mundial y eso con cifras oficiales, si se sigue la multiplicación hasta por tres sugerida por estudiosos y profesionales epidemiológicos, estamos muy cerca de las muertes ocurridas en EU y con una población muchísimo menos. No hay saturación en los hospitales porque los infectados prefieren terminar sus días en su casa. El huachicoleo no solamente no se ha desterrado sino garantizaron un aumento importante, según lo revelan las cifras de Pemex. No solamente los del gabinete sino los presidentes municipales y los diputados locales ganan más que el titular del Ejecutivo.
El respeto hacia México se lo pasa el magnate pelirrojo en funciones de presidente por el Arco del Triunfo y eso se ve en cada declaración en donde hace alusión al país o a sus ciudadanos. Como nunca las adjudicaciones y contrataciones se hacen de manera directa, tal parece no saben, no quieren o así conviene a sus movimientos implementar correctamente las licitaciones. La seguridad está en su peor momento, con masacres y ejecuciones negadas pero con una criminalidad resentida en todo el territorio nacional, la cual avanza, se hace presente cada días. Con el tema de corrupción rompió López todos los límites, cercanos, lejanos, familiares, van cerrando el círculo que lo rodea y la impunidad es hoy más clara que nunca o ¿no basta con la exoneración a Osorio Chong y sus cómplices? ¿Tampoco le resultó suficiente la denuncia de Jaime Cárdenas a quien tachó de miedoso y fatigado? ¿Tampoco los señalamientos con nombre y apellido de los negocios viento en popa en Dos Bocas o las fortunas acumuladas de integrantes de su gabinete?
Ante tantos engaños, mentiras y farsas, a la 4T se le acumulan las insatisfacciones políticas y sociales, como: la protesta contra los feminicidios; la de los productores agrícolas por el problema del agua; los bloqueos de vías de ferrocarril y carreteras en Michoacán; el secuestro de casetas en las carreteras del país; el plantón del movimiento que exige la renuncia del presidente; la de antiguos compañeros de lucha, como Javier Sicilia, quien lo acusa ahora de promover “demasiado odio, desprecio y agresión como para seguirte queriendo”; o de la viejos aliados como Dante Delgado, quien le reprocha: “has cumplido la amenaza de mandar al diablo a las instituciones”; o la de los 650 intelectuales, investigadores, académicos y miembros de la sociedad civil que le exigen respetar las libertades.
