Lilia Arellano
*En seguridad, nuevas reglas México-EU
*Se regularía actuación de la DEA en México
*Revisión empujada por el caso Cienfuegos
*Corrupción e influyentismo en torno a AMLO
La captura y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos marcó el inicio de una reestructuración de la relación de México con Estados Unidos en materia de cooperación bilateral en combate al narcotráfico e impulsó el cambio de las reglas impuestas al ex presidente Felipe Calderón con la Iniciativa Mérida o Pacto por México, las cuales, en la práctica, dan manga ancha a los elementos de las agencias estadounidenses para operar libremente en territorio mexicano, y fueron aplicadas también en la gestión de Enrique Peña Nieto, régimen desde donde los carteles del narco penetraron las estructuras del gobierno federal al más alto nivel. La administración del presidente López Obrador, renuente a seguir colaborando con los agentes estadounidenses, está ante la oportunidad de reformular una estrategia integral de seguridad, aprovechando se fue Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde hizo un papel lamentable, al nivel de florero, igual a otros funcionarios incluyendo a una fémina. Además, el cambio de gobierno en Estados Unidos, con la derrota de Donald Trump y ya en manos del demócrata Joe Biden, abre la puerta para revisar y realinear objetivos y prácticas de las relaciones.
Es en este contexto en el cual se da el envío de una iniciativa presidencial al Senado de la República para modificar la Ley de Seguridad Nacional, la cual regula la actuación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y otras corporaciones de seguridad extranjera operando en México. López había advertido sería su administración donde se revisarían los acuerdos en seguridad con Estados Unidos, y consideró México debió haber sido advertido sobre el arresto e investigación de Cienfuegos. De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, la propuesta de AMLO ayudará a transparentar un “añejo reclamo” sobre la presencia y participación de agentes del extranjero en territorio mexicano, para enmarcar su actuación dentro de la cooperación bilateral. Un mes después de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, quien fue acusado de haber protegido a un cártel de drogas, elevando las tensiones entre ambos países en materia de seguridad, la propuesta busca evitar “nuevas amenazas a la estabilidad y gobernabilidad” del país, así como impedir se “vulnere la soberanía”, totalmente violada en estos momentos teniendo al territorio nacional mexicano como patio trasero de Estados Unidos y convertido en un cementerio por la guerra subterránea contra las organizaciones criminales y entre ellas por el control del territorio.
Según el legislador zacatecano, otro de los propósitos de la iniciativa es limitar la actuación de agentes del extranjero únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas. Monreal Ávila publicó en su página web un decálogo sobre los propósitos de esta iniciativa presidencial, lo cual en la práctica es un cambio de reglas del juego con los agentes de EU, pero desde ahora se ve muy difícil puedan cumplirse, dada la naturaleza de las actividades de los agentes estadounidenses la lucha contra el narcotráfico, el combate a los cárteles mexicanos y otras actividades de espionaje realizadas en territorio nacional a favor de Estados Unidos, y muchas veces en contra de los intereses mexicanos.
En primer lugar, pretende regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas desarrolladas por agentes del extranjero en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, las cuales contribuyen a preservar la seguridad nacional; establecer la definición de agentes del extranjero, a fin de especificar se trata de personas nombradas como funcionarios del exterior quienes en sus países de origen ejercen actividades policiales, de inspección o de supervisión de las leyes, y otras disposiciones de carácter técnico especializado o reglamentario; señalar es, en el marco de la cooperación internacional, cómo las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deben informar por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores los hechos de su conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad.
También, establecer que las y los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información, pero solamente en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral; regular a las y los servidores públicos de las entidades federativas y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para entregar un informe escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones sostenidas con agentes del extranjero; limitar la actuación de agentes extranjeros únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas, en términos de los dispuesto en la acreditación expedida a su favor.
Asimismo, establecer la obligación de agentes del extranjero de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información capturada en el ejercicio de sus funciones, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de presentar ante la SRE y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral; se propone las y los agentes extranjeros no tengan ninguna impunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos e infracciones o por infringir las disposiciones informativas prohibidas a personas extranjeras el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas; establecer un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, para la atención y gestión de los convenios, programas y temas estratégicos de cooperación; y establecer un Grupo de Coordinación Operativa, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar y supervisar la ejecución de los convenios, programas, acciones o acuerdos de cooperación suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, con las agencias de seguridad de países extranjeros determinada por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
Antes y después
de Cienfuegos
Tras el arresto del general Cienfuegos por la DEA, el canciller Marcelo Ebrard advirtió el gobierno mexicano revisará su relación con la agencia, a fin de replantear los términos de su cooperación bilateral en materia de drogas. “Cooperación habrá, pero tendrá que ser sobre otras bases. Todo deberá ser diferente”. La aprehensión del ex titular de la Sedena marca un antes y un después en la cooperación bilateral para combatir drogas y lavado de dinero, la cual incluye la operación de 54 agentes de la DEA en EU.
El ex funcionario capturado no operó solo y la DEA tendría una lista con los nombres de los altos mandos militares y generales quienes formaron parte de la estructura operativa para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Esto amenazaba con generar nuevas órdenes de detención por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de ahí las presiones de la jerarquía militar a AMLO para forzar la liberación de Cienfuegos. En los altos mandos militares se generó un sentimiento de traición por parte de las autoridades estadounidenses al ir en contra de uno de los suyos cuando se supone que había una colaboración cercana. Los jerarcas militares presionaron para reducir, e incluso, congelar las relaciones de colaboración con el gobierno norteamericano. La promesa presidencial de realizar una limpieza al interior del Ejército Mexicano hasta demostrar los cargos por narcotráfico que la justicia de EU le imputa al general Cienfuegos, quedará en eso, sólo otra promesa incumplida, al concretarse su liberación.
La detención fue un duro golpe para el prestigio de la Fuerzas Armadas mexicanas, la segunda institución de mayor confianza de los mexicanos. Impactó en la gestión del actual Ejecutivo federal de quien dependen ampliamente de los castrenses no sólo en tareas de seguridad, sino en una multiplicidad de actividades como el encargó al Ejército de la construcción de una aeropuerto de 3.2 mil millones de pesos, la edificación de bancos del Bienestar, entre otras 13 actividades a realizar, además de la orden a la Marina de tomar el control de puertos.
Medios estadounidenses como The Washington Post revelaron que en la negociación para retirar los cargos al general Cienfuegos, su repatriación y liberación a su llegada a México, el gobierno de López presionó con la amenaza de limitar a la DEA en nuestro país. El cambio al interior de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York se dio ante “amenazas del gobierno mexicano de limitar el papel de la Administración de Control de Drogas en el país”. Un funcionario estadounidense aseguró: “un funcionario mexicano confirmó la posibilidad de excluir a la DEA del país”. En la Corte de Brooklyn, Nueva York, donde se llevaba el proceso contra Cienfuegos -aprehendido a mediados de octubre en el principal aeropuerto de Los Ángeles, acusado de facilitar la operación del cártel H-2-, de los hermanos Beltrán Leyva, a cambio de sobornos- se precisó accedió Estados Unidos a dar marcha atrás a la acusación contra el general al enterarse de estarse llevando en México otra investigación. Pero aquí nadie ha confirmado acciones en contra de Cienfuegos, por lo cual se fue tranquilamente a su casa, corroborando el papel alcanzado por las jerarquías militares en el gobierno emanado de Morena y López no pierde oportunidad para agradecer el apoyo militar a esta administración, ni de llenarlos de tareas y privilegios.
De los pasillos
Tras el escándalo detonado por la difusión de los contratos asignados a la prima del presidente López Obrador, Felipa Guadalupe Obrador Olán, Pemex ordenó la rescisión de cualquier contrato expedido a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de la pariente del titular del Ejecutivo federal, incluyen cualquier participación directa o con otra firma. La petrolera indicó indagará los otros tres concursos de licitación en los cuales se presume ha participado Obrador Olán en la presente administración. El medio Latinus dio a conocer los contratos asignados a la familiar del presidente fueron otorgados en 2019 y 2020. Tres de ellos asignados a Litoral Laboratorios suman más de 133 millones de pesos y fueron entregados este año. Además, esa empresa ha recibido del gobierno de su primo adjudicaciones directas de menor monto, sin concurso ni licitaciones, del Instituto Mexicano del Petróleo, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, del IMSS y del ISSSTE…. Falta aún indagar otros 265 millones de dólares asignados a otra parienta…
