Agencias
CIUDAD DE MÉXICO. Los primeros 15 aspirantes de
un total de 27 al cargo de fiscal general de la República comparecieron este
lunes ante la Comisión de Justicia, con distintas propuestas para fortalecer la
autonomía e independencia del organismo.
Plantearon la creación de fiscalías regionales
sólidas y eficientes, evitar duplicidades, respetar los derechos humanos, crear
un “frente común” en la lucha contra el crimen organizado y terminar con las
investigaciones “amañadas”.
En la primera de dos sesiones en el seno de la
Comisión de Justicia comparecieron las candidatas mujeres: Verónica De Gyves,
Mónica Cecilia Luna Barrientos, Estela Cadena Azcona, Lizbeth Xóchitl Padilla
Sanabria e Ivonne Olvera Lezama.
De Gyves, integrante de la terna original
enviada por el Ejecutivo federal, se comprometió a defender la autonomía de la
Fiscalía ante cualquier injerencia pública o privada, además de trabajar de
forma coordinada con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“Se buscará detener las vejaciones a los
derechos humanos y los abusos de autoridad”, afirmó.
Luna Barrientos dijo que pretende dirigir una
institución que persiga e investigue los delitos, pero también buscar
soluciones alternas. Coincidió en respetar los derechos humanos y “empoderar a
la víctima”, y propuso que la Fiscalía rinda cuentas sin menoscabo de su
autonomía y que en la primera etapa se realice un “saneamiento” de los
integrantes.
Cadena Azcona propuso un “modelo integral” que
permita optimizar recursos y articular la política de seguridad y justicia, y
visualizar una proyección de resultados en el corto y mediano plazos. Indicó
que la Fiscalía requiere “un programa de sensibilidad y gestión del cambio”.
A su vez, Padilla Sanabria subrayó que está
dispuesta a “meter a la cárcel a cualquier persona que lacere, en cualquier
rubro delictivo, a la sociedad mexicana”. Se comprometió a combatir la
corrupción en el país y a recuperar activos para fortalecer el Estado Mexicano.
Olvera Lezama detalló que los delitos que más
afectan al país son el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas
y el huachicoleo o robo de combustibles. Planteó crear un Plan de Persecución
Penal con un sistema estadístico confiable, ya que el actual –dijo– contiene
datos erróneos.
En la primera sesión de la mañana también
comparecieron los candidatos José Alberto Rodríguez Calderón, Gabriel Hernández
Campos, Jorge Alberto Cruz Medina y Arturo García.
Rodríguez Calderón propuso fortalecer el
servicio civil de carrera de la Fiscalía, promover la descentralización de
funciones mediante fiscalías regionales sólidas y eficientes, y realizar una
redistribución de personal de la institución. Se pronunció por ampliar las
facultades en relación con la atención a las víctimas.
En su oportunidad, Hernández Campos exhortó a
todos los sectores de la sociedad a construir un clima de paz en el país, y
destacó que la Fiscalía deberá convocar a diversas corrientes ideológicas,
sociedad civil, especialistas en derecho y procuración de justicia.
Cruz Medina llamó a crear un “frente común”
entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad. “De otra manera nos estamos
dividiendo, y los únicos beneficiados de que el gobierno no se coordine y la
fiscalía no se organicen, son los delincuentes”, sentenció. Luego explicó que
ahora él trabaja en la fiscalía de San Diego, California.
Aturo García Jiménez afirmó que se requiere
capacitación sin sesgos ni investigaciones “amañadas”, respeto irrestricto a
los derechos humanos, así como asistencia y reparación del daño a las víctimas
del delito.
Fiscal ajeno a vaivenes
políticos
En la segunda parte de las comparecencias de
este día, Julio Ángel Sabines Chesterking urgió a combatir la corrupción e
impunidad, y sentenció que el fiscal general “debe estar lejos de los vaivenes
políticos”, ser un servidor con plena autonomía, pero con estrecha colaboración
con otras instituciones.
Propuso aumentar el número de investigadores,
materializar el Sistema Nacional Anticorrupción y contar con un modelo de
investigación científica, moderna y tecnológica.
Florencio Hernández Espinoza planteó que se
requiere reformar el artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo, sobre
los delitos graves, para aumentar el catálogo de los que requieren prisión
preventiva oficiosa.
“Sí hace falta la capacitación. Por eso se
caen las investigaciones ministeriales, porque en su carpeta de investigación
no observan los protocolos de actuación”, apuntó.
Félix Manuel Méndez García afirmó que es
necesario recuperar la confianza de la ciudadanía, y pidió que no exista
favoritismo para ninguno de los aspirantes.
Por su parte, Mauricio Moreno Vargas consideró
que el problema de la ineficiencia de la Fiscalía es institucional, “no es una
cuestión normativa, sino operativa”.
Ernesto López Saure aseguró que debe existir
una separación entre los intereses políticos y la procuración de justicia, y se
comprometió a aplicar un sistema de empoderamiento y dignificación de los
funcionarios, así como capacitación permanente.
Finalmente, Roberto Valero Chávez indicó que
el país tiene la oportunidad de “enderezar las cosas, reconciliarse con la
sociedad. No se trata de entrar en conflicto”. El fiscal debe ser impecable
para combatir los delitos en todos los niveles, precisó.
