(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Por primera vez desde que 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron desaparecidos, la máxima
tribuna social en el país estará abierta para los padres de familia que tienen
5 años buscando a sus hijos, y que esperan hallar pronto, vivos o muertos.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
acordó ayer -tal y como lo anunció el líder de la bancada de Morena, Mario
Delgado-, abrir por primera vez la tribuna nacional a los padres de los
normalistas, y eso sucederá pasado mañana jueves, día en que se cumplen 5 años
de la desaparición de los muchachos.
En el marco de la glosa del informe del presidente Andrés
Manuel López Obrador, uno de los padres tendrá su tiempo para exponer ante los
diputados la situación del caso, y hacer un pronunciamiento por aquellos hechos
que enlutaron al país entero, que conmovieron a la comunidad internacional, y
que expusieron a un gobierno y a una sociedad podridos desde sus entrañas.
Justo cuando están programadas las comparecencias de varios
secretarios, entre ellos el de Hacienda, Arturo Herrera, los diputados abrieron
un espacio para uno de los padres.
Entonces, ojalá que no sea el vocero el que tome la palabra,
porque él es un cetegista que se le pegó al movimiento, aunque ninguno de los
desaparecidos sea su hijo.
Ojalá que tampoco tome la voz el abogado de los padres,
Vidulfo Rosales Sierra, empleado del Tlachinollan, organización defensora de
los derechos humanos que dirige Abel Barrera, pues ha estado trascendiendo en
estos últimos días que esa agrupación ya conoce el paradero de los estudiantes,
al menos de oídas, y no exigido que se revise el sitio, además de que también
le ha sado raja económica al caso, pues este tipo de organizaciones no
gubernamentales suele recibir financiamiento internacional, y por lo tanto
tienen que demostrar trabajo para seguir recibiendo dólares y euros de
gobiernos y grupos homólogos de otros países.
Digo, no es que la labor de Tlachinollan en este asunto no
sea valiosa, pero tampoco podemos soslayar que no es algo desinteresado, sino
más bien parte de un quehacer que ya tomaron como un “modus vivendi”. Y, como
tal, actúan para mantenerse vigentes.
Retomo, por ejemplo, lo dicho por el ex procurador general
de justicia del estado, Iñaki Blanco, quien señaló que gracias a Tlachinollan
–que se empeñó en denunciar que los detenidos por el caso fueron torturados, en
lo que fue un abierto juego de juez y parte-, fue que los principales
cabecillas del grupo delincuencial que atacó, detuvo y desapareció a los
muchachos hoy están libres.
Incluso, Iñaki Blanco pidió investigar a Tlachinollan, que
se revise qué juego están jugando; si de defensa de los agraviados, o de los
victimarios.
Y si no se investiga al grupo de Abel Barrera, al menos que
explique por qué, en efecto, se determinó a hacer ese doble juego.
Decíamos que algo se cocina en el ambiente. Se sabe que el
comisionado especial para el Caso Ayotzinapa ha estado sosteniendo reuniones
con todo tipo de personas; incluso con presos en penales locales, para ir
tejiendo la trama de aquella fatídica noche y sus consecuencias, así como ir
armando el rompecabezas con tiempos, lugares y personas.
Debe ser un trabajo descomunal, por cierto, algo que al gobierno
anterior le tomó años construir, está siendo a hora deconstruido para volver a
empezar.
Pero también se dice que la gente tiene miedo de hablar,
sobre todo porque las reuniones con Encinas no son en privado, sino que siempre
está presente el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, a quien no le tienen
plena confianza.
Tal vez entonces Encinas deba considerar cerrar sus
reuniones, sobre todo las que son confidenciales, atendiendo el llamado que
hizo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que todo
aquel que tiene información que aportar, lo haga; con plenas garantías del
gobierno federal.
