Marchan normalistas de Ayotzinapa y bloquean parcialmente el bulevar Vicente Guerrero

*Se cumplieron 8 años del asesinato de 2 estudiantes a la altura del Parador del Marqués

IRZA

CHILPANCINGO. Unos 800 normalistas de Ayotzinapa y abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, han pedido formalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República (FGR), que se reabran las investigaciones por el desalojo violento en el bulevar Vicente Guerrero de Chilpancingo del 12 de diciembre del 2011, en donde a la altura del parador del Marqués,  fueron asesinados a balazos los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.

Así lo dieron a conocer este jueves en el marco del octavo aniversario del crimen de los dos normalistas en el bulevar de Chilpancingo, entre las gasolineras Eva 1 y 2, donde murió Gonzalo Riva Cámara, un despachador de combustible que intentó apagar las llamadas de una bomba que fue incendiada.

A las 12:00 del día iniciaron  una marcha desde el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla hasta el punto conocido como el Parador del Marqués, donde fueron asesinados los dos estudiantes el 12 de diciembre del 2011.

En la marcha llevaban pancartas exigiendo justicia, pues a ocho años de ese crimen no hay ninguna persona sujeta a proceso penal y el caso sigue impune; en particular exigen que se aclare el crimen de los dos estudiantes y se deslinden responsabilidades en los gobiernos federal y estatal.

En el transcurso de la manifestación, los normalistas realizaron pintas en paredes de edificios públicos, privados y en la infraestructura urbana; el punto más álgido de esta manifestación fue cuando pasaron por el edificio del PRD estatal, en donde pintaron la fachada del inmueble y arrojaron petardos hacia el interior.

Después hicieron una parada y un mitin a la altura del monumento a las Banderas, donde el vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz exigió al alcalde Antonio Gaspar Beltrán que repusiera el pino navideño que colocaron en el antimonumento a los 43 y que aseguró que personal de la administración municipal lo retiraron de ese lugar.

Advirtió que de no colocar el pino, van a radicalizar sus protestas en los próximos días en contra de la administración de Antonio Gaspar.

La manifestación siguió su trayectoria hasta el Parador del Marqués y cuando ingresaron a lateral del bulevar con dirección al sur, se registraron dos accidentes vehiculares por intentar ganarle el paso a la marcha.

Los percances ocurrieron a la altura del puente elevado del museo La Avispa; en el primero un automovilista impactó a un motociclista y provocó que derrapara sobre el pavimento. El conductor de la motociclista salió con lesiones menores y, en el segundo, una camioneta Jeep Grand Cherokee, color vino, placas HCS-94-96 de Guerrero, impactó con la parte trasera de la caja de un trailer, luego impactó con el muro de contención lateral y se volcó, quedando su conductor entre los fierros retorcidos de la unidad y severamente lesionado.

Durante el transcurso de la marcha dieron a conocer que en el desalojo del 12 de diciembre de 2011, intervinieron 121 elementos de la Policía Federal y 11 de la división de Seguridad Regional; 73 elementos adscritos a la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero y 34 de la Policía Estatal.

Sostuvieron que el “uso desproporcionado de la fuerza contra las protestas sociales es una práctica sistemática de los gobiernos; en Guerrero hay una deuda histórica que no ha sido saldada desde la Guerra Sucia, por eso, estos hechos infames deben de investigarse a fondo para poder transitar a un Estado donde prevalezca el respeto a los Derechos Humanos y el combate frontal a la impunidad, que garanticen verdad, justicia y reparación integral del daño”.
Aseveraron que las familias de los dos normalistas “siguen buscando que se cumpla su derecho a la verdad, es decir su derecho a saber quiénes ordenaron reprimir con balas la manifestación, pero también quiénes tuvieron conocimiento de los hechos y no hicieron nada para impedirlo, y finalmente quiénes manipularon las pruebas para encubrir a los responsables”.

Indicaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH), emitió una recomendación, pero “las investigaciones se encuentran estancadas y más bien se sigue encubriendo a los responsables materiales e intelectuales. Por lo mismo, el clima de impunidad es lo que impera en nuestra entidad, y es lo que sigue permitiendo la consumación de graves violaciones a los derechos humanos”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra lamentó que el caso siga en la impunidad, “no se ha logrado resolver, se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en esa instancia es un trámite muy lento”.

Detalló que en Guerrero “el caso está cerrado, hay una posibilidad de reabrir el asunto, pero no se ha hecho y el nuevo titular de la Fiscalía General de la República (Alejandro Gertz Manero) tiene la posibilidad de abrir una investigación contra las autoridades federales que participaron en la agresión, pero no lo han hecho”.

Anunció que han solicitado de manera formal al subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez “que se reabra la investigación contra todos los que resulten responsables, incluido el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero; el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Publica, Ramón Almonte Borja”.
La marcha concluyó en el Parador del Marqués a donde llegaron alrededor de las 15:00 horas, donde en un nicho con cruces de madera en memoria de los dos normalistas asesinados, ubicado a un costado de los carriles de sur a norte del bulevar, colocaron ofrendas florales y realizaron un mitin exigiendo justicia bloqueando la vialidad sólo en ese sentido, mientras que la circulación hacia Acapulco quedó completamente libre.

El bloqueo a los carriles de Acapulco a Chilpancingo, tanto de la autopista del Sol como del bulevar Petaquillas-Chilpancingo, provocó grandes filas de vehículos que se quedaron varados y muchos ciudadanos optaron por bajarse de las unidades de servicio público y caminar con dirección a la capital.

Al finalizar la manifestación, al lugar llegó el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien encabezó una pequeña homilía y manifestó su solidaridad con las familias y estudiantes de Ayotzinapa.

 “Estamos con ustedes, estaremos con las causas justas y particularmente con los caídos de Ayotzinapa, incluidos con los padres de los 43 desaparecidos”, dijo.

Rangel Mendoza señaló que el asesinato Herrera Pino y Echeverría de Jesús, aunado a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, “es una llaga que sigue abierta en el corazón de México, de Guerrero y de Ayotzinapa; es una llaga que se va a cerrar cuando sepamos la verdad y se haga justicia por todo esto”.

Agregó que la iglesia católica “estará del lado de los indefensos y estaremos en contra de quienes rompan las normas, contra aquellos que no aprecian la vida, que no aprecian la dignidad de las personas”.

Luego de la intervención del obispo, se concluyó la manifestación y en el lugar quemaron unos monigotes que llevaban y que representaban al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y otro de un elemento de la Policía Federal, con el que simbolizaban la exigencia que se deslinden responsabilidades a este doble crimen de los normalistas.

Poco después de las 17:00 horas, abordaron 20 autobuses y se retiraron con dirección a la normal rural de Ayotzinapa, en Tixtla.

Se renovará el siguiente año 2020 el CPE y los Comités Municipales en el estado: EAM

Notymas

CHILPANCINGO. El presidente del CDE del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, afirmó que la renovación del Consejo Político Estatal, así como de las dirigencias de los comités municipales que se darán el próximo año, servirán para renovar las estructuras priistas en el todo el estado, y con ello fortalecer la unidad y la fuerza de los priistas.

Además, continuó, “con los comités municipales renovados, se facilitará en su momento elegir a quienes serán los candidatos a los distintos cargos, pues habiendo unificado a los diversos grupos y sectores locales, la elección de los candidatos será consensada y contará con el apoyo de los priistas de cada lugar, para que aquella o aquél que reúna la empatía de todos y tenga más posibilidades de ganar, sea quien los represente en las urnas”.

“Iremos a las elecciones de 2021, con las y los mejores candidatos, con los que elijan los priistas de cada municipio o región, aquél que tenga posibilidades de ganar”, aseguró.

“Sin duda, si el Revolucionario Institucional, elige de esta manera a sus abanderados, tendrá muchas posibilidades de ganar la mayoría de los cargos de elección popular en las próximas elecciones, pues el candidato contará con el respaldo ciudadano y de su partido”, finalizó diciendo el dirigente estatal.

Toño Gaspar le recuerda a AMLO la trascendencia histórica de Chilpancingo

-“Que la transformación nos alcance a todos”, le dice

IRZA
CHILPANCINGO.
Este jueves el alcalde Antonio Gaspar Beltrán le pidió púbicamente una audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, para plantearle directamente los problemas que enfrenta su administración.

“Que la transformación nos alcance a todos”, demanda el edil perredista en un vídeo que publicó en su perfil personal de Facebook, el cual fue grabado al medio día en la despacho de la Presidencia Municipal.

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Toño Gaspar, Alcalde de #Chilpancingo de los Bravo, le pido audiencia para tratar los retos y necesidades inaplazables de la capital de Guerrero”, se presenta de inicio Gaspar Beltrán.

A través del citado vídeo le pide públicamente a López Obrador que le autorice una audiencia, porque “hay muchos temas pendientes en la capital de las y los guerrerenses (Chilpancingo), que requieren de su ayuda. Chilpancingo, Guerrero, estuvo con usted (en los comicios del 1 de julio del 2018); esperemos que usted esté con Guerrero y con Chilpancingo”.

Cabe recordar que Gaspar Beltrán invitó formalmente a López Obrador para que visitara Chilpancingo, durante la visita que realizó el 22 de marzo a Ciudad Renacimiento, en Acapulco, donde puso en marcha el programa de mejoramiento urbano.

También, que desde diciembre del 2018, Gaspar  Beltrán gestiona el “rescate financiero” del Ayuntamiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido el déficit de 240 millones de pesos que recibió de su antecesor, Marco Antonio Leyva Mena.

Ha pedido que la SHCP, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, intervenga la nómina municipal de más de 3 mil 500 trabajadores que recibió de la pasada administración, la cual es una “carga financiera” que no puede solventar.

Recientemente, en el contexto de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, el edil participó en las protestas que realizaron alcaldes de todo el país en Palacio Nacional, en busca de un acercamiento con el presidente López Obrador, para gestionar la ampliación de recursos del Ramo 33 para proyectos de obra pública.

En el caso de Chilpancingo, explicó Antonio Gaspar, es urgente atender por lo menos seis barrancas que no han recibido la atención adecuada desde hace varios años y que representan un peligro para las familias que habitan cerca de ellas.

Cabe mencionar que el presidente López Obrador visitó Gurrero por lo menos seis veces en este 2019: el 11 de enero, estuvo en Tlapa, donde puso en marcha el programa de apoyo a personas discapacitadas; el 7 de febrero, en Iguala entregó las becas “Benito Juárez”, y el 8, en la región Tierra Caliente, arrancó el programa de fertilizante.

Regresó el 22 de marzo a Ciudad Renacimiento, Acapulco, a poner en marcha el programa de mejoramiento urbano. Recientemente, el sábado 23 de noviembre, visitó Chilapa, y anunció la operación del programa “Sembrando vida” para el 2020 y, un día después, el domingo 24, fue nuevamente a Tlapa.

En la agenda del presidente López Obrador durante este año, en ninguna de esas giras ha incluido a la capital del estado.

En el video, el alcalde Gaspar Beltrán resalta la importancia de Chilpancingo. Recuerda con énfasis que el general José María Morelos y Pavón proclamó los “Sentimientos de la Nación” en la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, el 14 de septiembre de 1813, y esta ciudad fue la primera capital de la América Septentrional.

Desconocen padres de ABC a Alejandro Encinas

Agencia Reforma

HERMOSILLO. Familiares de las víctimas del incendio de la Guardería ABC anunciaron que en la reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador van a desconocer como interlocutor al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

 A su llegada al hotel donde se llevará a cabo la tercera reunión con el Mandatario, Julio César Márquez, padre del niño del mismo nombre fallecido en el incendio, dijo que ya no confían en el funcionario.

 “Sabemos que él confía plenamente en Alejandro Encinas, sin embargo, nosotros ya no confiamos en Alejandro Encinas porque él está al tanto de estos abusos, de todas esta revictimización por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y sin embargo, no hace absolutamente nada para detenerlo cuando en reuniones nos ha dicho que la CEAV no va a litigar en contra”, explicó.

 César Márquez, quien dijo representar a unos 40 padres, puso como ejemplo el caso de su esposa, a quien la CEAV no reconoce como víctima con secuelas a pesar de que hay un dictamen del IMSS que así lo avala.

 “Ya no es nuestro interlocutor, Alejandro Encinas nos ha mentido, ese será el tema principal que voy a tratar el nombre de mis compañeros”, mencionó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arribó a las 14:40 horas al hotel Santorian, a diez minutos del centro de Hermosillo, donde se llevará a cabo la reunión de caracter privado.

López Obrador entró sin hacer declaraciones, entre empujones de ciudadanos que llegaron a hacerle solicitudes y a apoyarlo.

Uno de los padres calculó que adentro están unos 150 familiares.

Ofrecen nuevo decreto

 En la reunión de este jueves, el Gobierno federal ofrecerá la emisión de un decreto que les garantice el cumplimiento de los acuerdos logrados en las dos reuniones que han tenido hasta ahora.

 Principalmente brindar atención vitalicia a las familias y víctimas de la tragedia, el pago por el resarcimiento de daños y la garantía de llevar a sus últimas consecuencias la denuncia del IMSS para que se indague la responsabilidad no sólo de funcionarios, dijo Julio César Márquez, quien estuvo en una reunión previa con autoridades del IMSS el lunes pasado.

 “Es importante que se hable de un decreto presidencial, fue lo que exigimos desde un principio porque sabíamos que no había ninguna certeza jurídica”, comentó.

 Al mismo tiempo, los padres confían en que López Obrador les informe sobre los avances de la denuncia del IMSS contra el ex Gobernador de Sonora Eduardo Bours; el ex Alcalde de Hermosillo, Eduardo Gándara, y el ex director del IMSS Daniel Karam, entre otros señalados por negligencia.

 Así como la homologación de la “Ley 5 de junio” sobre la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en todos los estados de la República.

 “Supongo que el Presidente va a dar algún avance de los acuerdos que tomamos desde la primera reunión, temas que algunos son penosos, como el apoyo para las familias que tuvimos, familias que perdieron a un familiar”, mencionó Abraham Fraijo, padre de Emilia, quien tenía tres años cuando murió en el incendio.

 Otro compromiso citado son la construcción de un memorial para las víctimas del incendio, donde murieron 49 niños y 106 resultaron heridos.

 La reunión de este jueves entre el Presidente y los padres de los niños será la tercera luego de la del 5 de junio en Palacio Nacional y la del 2 de septiembre en Hermosillo.

Llevará caso de García Luna juez de Chapo

Agencia Reforma

CIUDAD DE MEXICO. El juez federal de Nueva York que condenó a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán llevará el proceso contra Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública detenido este lunes en Dallas, Texas.

 La Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, aceptó hoy la solicitud del Departamento de Justicia para que el caso del ex mando quede a cargo del juez Brian M. Cogan, que en en julio pasado impuso prisión vitalicia al líder del Cártel de Sinaloa y lo condenó por “su abrumadora maldad”.

 El 4 de diciembre, cuando se presentó en secreto la acusación contra García Luna por cuatro cargos de narcotráfico y declaraciones falsas, el expediente fue turnado a Raymond Dearie, otro de los jueces de la misma Corte.

 El 9 de diciembre, el fiscal Richard P. Donoghue presentó una carta bajo sello en la que pidió reasignar el caso a Cogan.

 En una orden emitida hoy, este último determinó que la audiencia de imputación de García Luna, que aún no tiene fecha, estará a cargo de un juez magistrado, una figura similar a la de los jueces de control en México.

El martes pasado, Donoghue pidió a la Corte colocar a García Luna bajo detención permanente a la espera de su juicio, pues considera que representa un alto riesgo de fuga y no hay manera de garantizar que seguirá compareciendo. Esta solicitud la decidirá el juez magistrado.

Cogan supervisará el resto del proceso e impondrá la condena a García Luna, tanto si acepta declararse culpable, como si decide ir a juicio y un jurado lo encuentra responsable.

Donoghue enfatizó que uno de los principales testigos contra el ex funcionario mexicano será Jesús “El Rey” Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, quien durante el juicio contra “El Chapo” en febrero pasado afirmó haber entregado al ex Secretario en al menos dos ocasiones maletas con entre tres y cinco millones de dólares.

“Por estas razones, García Luna está presuntamente relacionado con ‘El Chapo’ Guzmán. El Gobierno respetuosamente propone que reasignar el caso al juez Cogan sería apropiado, ya que resultaría en un ahorro significativo de recursos judiciales y serviría al interés de la justicia”, explicó el fiscal.

Como presidió el juicio contra Guzmán, Cogan está familiarizado con buena parte de los “múltiples testigos colaboradores” que según la fiscalía están dispuestos a declarar contra García Luna, acusado de recibir sobornos millonarios del Cártel, sobre todo de 2006 a 2012 cuando encabezó la SSP.

El ex mando está preso en Dallas, donde el 17 de septiembre comparecerá ante el juez David L. Horan en una audiencia para confirmar su detención provisional, después de la cual seguramente será enviado a Nueva York.

Desechan plan de Morena de recorte a partidos

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. Entre críticas de la Oposición, diputados rechazaron reducir en un 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos.

En la votación hubo 274 votos y 207 en contra, por lo que no se reunió la mayoría calificada y fue desechado el dictamen.

Verónica Juárez, coordinadora de PRD, advirtió que bajar el financiamiento no resolvería que haya mejor gasto público.

“El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para reducir el financiamiento público no tiene otro fin más que la propaganda interesada del partido del Gobierno y descalificar y debilitar al sistema de partidos, Oposición y a las minorías”, denunció.

Marco Gómez, de PVEM y ex consejero electoral, anunció que este partido no acompañaría la reforma electoral.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Recordamos, amable lector, lectora, el numerito del extravío de armas de la Policía Preventiva del municipio de Acapulco? Aquel escandalillo, que desnudó al gobierno del perredista Evodio Velázquez Aguirre, destapó una cloaca en la corporación cuando fue intervenida por elementos de la Marina, pues resulta que 350 armas simplemente no aparecieron.

Ahora se dice que poco a poco se fueron recuperando, pero aún se tiene un faltante de 150 armas “perdidas”.

Un dato oficial revela que en 60 por ciento de los municipios de Guerrero, los uniformados y los jefes policiacos “pierden” las armas de cargo, registradas y avaladas por la licencia colectiva que les otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y nadie se hace cargo de ello.

Hay informes también de que las armas no se extravían, ni se pierden, sino que son robadas o sustraídas de las corporaciones para su venta en el mercado negro; y en algunos casos son sustituidas por vejestorios sin valor.

La pérdida de armas fue revelada este año por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, David Portillo Menchaca, quien dijo que los municipios del estado tienen un grave faltante de armas y deben acreditar cada uno de los casos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Son una cantidad tremenda de municipios que tienen armas perdidas y que no llevan la carpeta de investigación. Un aproximado del 60 por ciento tiene problemas con las armas, no una cantidad grande, pero son armas al final de cuentas”, dijo.

¿Qué sucede en estos casos? Que cada ayuntamiento debe hacer un reporte a la Fiscalía, denunciando la desaparición del arma, para que se investigue su destino final. De lo contrario, los gobiernos municipales se exponen a que se les finquen responsabilidades.

Pues bien, parece que estos líos están próximos a desaparecer, porque la noche del miércoles los senadores avalaron la creación de un padrón de uso o extravío de armamento dentro del territorio nacional.

El Pleno del Senado de la República aprobó adiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para establecer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elabore un registro nacional de armas.

En dicho registro se deben incluir armamento extraviado, robado, destruido, asegurado o decomisado.

Además, todo aquel que cuente con licencia de portación de armas, tendrá que reportar el robo o extravío de éstas; de lo contrario, será sancionado con penas de dos a cinco años de prisión.

Ahí les hablan señores alcaldes, señores directores de Seguridad Pública, jefes de grupo y policías. No más armas perdidas, ni robadas, ni sustraídas. Mucho menos “prestadas” a criminales, como se cree que sucedió en Acapulco, donde una parte de la plantilla de policías no eran propiamente policías, sino gente civil que portaba solamente el uniforme y, por supuesto, también el arma.

“La pena aumentará hasta en dos terceras partes cuando se trate de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, y de los cuerpos de reserva”, dicta el dictamen de los senadores, y esto tiene que ver con el calibre de las armas, pues hay algunas que no son de exclusividad de las fuerzas armadas. Tengo entendido que pistolas del calibre .9 y .380 ya entran en esa categoría. De los rifles, solamente el .22 queda fuera, el resto es de uso exclusivo.

Resulta increíble que México apenas esté haciendo este registro de armas. Y que ni siquiera se hayan puesto exigentes en ese aspecto, a raíz de la grave violencia que se desató cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra los grupos delincuenciales, guerra que ahora sabemos que fue una vil estafa al país y un vil engaño, pero que enlutó y sigue enlutando a la nación.

También es interesante ver que por fin habrá multas para los gobiernos y particulares que extravíen armas de uso exclusivo, aunque tengan permiso para portarlas, y que no reporten de esta pérdida con oportunidad, pues hasta ahorita sólo la portación era penalizada, pero ahora también lo será el extravío de ellas.

Y qué bueno, porque extraviar un arma no es como extraviar cualquier otro objeto, sino que pueden ser utilizadas para la comisión de delitos de toda índole.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Ajustan la estrategia de seguridad

Raymundo Riva Palacio

La captura en Estados Unidos del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le abrió un enorme e inesperado espacio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el 17 de octubre, cuando sucedió el culiacanazo, había perdido su magia por la mala estrategia en el combate a los cárteles de la droga. La caída de García Luna proporcionó la excusa ideal. “Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’ de seguridad del pasado”, escribió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en su cuenta de Twitter. “La detención… la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de (Felipe) Calderón al Cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia”.

Los datos no le dan la razón al secretario Durazo, pero eso no es lo importante en este momento. Tampoco la narrativa política para justificar el fracaso del gobierno en el combate a los cárteles de la droga, ni la política laxa que ha llevado a México a una Pax Narca. Menos aún la discusión sobre García Luna, que deberá defenderse ante las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn y probar que las imputaciones son falsas. Lo que es importante, porque apunta en la dirección correcta, es lo que sucedió en las vísperas, un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para ajustar la estrategia de seguridad.

La visita del procurador general estadounidense, William Barr, la semana pasada a México, y su plática con López Obrador, selló ese acuerdo. Los detalles permanecen ambiguos, perdidos en los espacios de opinión pública. Un comunicado del Departamento de Justicia, indicó que Barr había discutido con el gobierno mexicano el combate a las organizaciones criminales trasnacionales, y un fortalecimiento en la cooperación bilateral para llevarlas a tribunales. El comunicado del gobierno mexicano aportó un dato adicional, al informar que se reforzaría el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos, integrado en agosto pasado sin que hubiera dado señales de vida.

Los acuerdos a los que llegó Barr con el gobierno de México hicieron que el presidente Donald Trump se desistiera de clasificar a los cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas. Reactivar un grupo de coordinación bilateral no habría sido suficiente para que reculara Trump, pero frente a la vorágine de información sobre las negociaciones de último minuto del acuerdo comercial norteamericano, nadie reparó en ello. La postura de Barr, como todas las que han mantenido en situaciones críticas con el gobierno de López Obrador, fue inflexible.

El presidente había anticipado pocas horas antes de recibir al procurador, que analizarían un documento que iba a presentar. El plan que llevó Barr tenía una exigencia, la de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, y trabajar conjuntamente con el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General, para combatir a los cárteles de la droga. Abrazos no, y balazos cuando fuera necesario para someter a las organizaciones criminales. No importaría el discurso que quisieran usar el presidente y el gabinete de seguridad, porque en todo caso sí se haría el ajuste exigido por Trump para impedir que su amenaza se concretara.

No esperaríamos un cambio de narrativa. Si López Obrador la pudo mantener, aunque con gran desgaste, en los momentos más difíciles de su gobierno en la materia, el culiacanazo y la matanza de la familia Le Barón, tras la captura de García Luna, de la cual fue notificado el gobierno mexicano pero no fue producto de una negociación, esa retórica le podrá dar frutos renovados y fortaleza política. Para efecto de la seguridad de los mexicanos, no importa. La pusilanimidad ante las organizaciones criminales y la pérdida de Estado ante su violencia, tendrá un corrector que en un principio difícilmente se verá, pero que deberá funcionar.

Lo fundamental es detener el avance territorial de los cárteles y la colonización de las instituciones. Previamente a la visita de Barr, pero tras la experiencia de Culiacán, se reactivaron diversos sistemas de inteligencia en el viejo Cisen, llamado actualmente Central Nacional de Inteligencia, que fueron apagados al llegar el gobierno de López Obrador. Igualmente, se ha comenzado a recuperar inteligencia y equipos tácticos de la Marina para trabajar en el desmantelamiento de las bandas criminales en la Ciudad de México. Un reciente trabajo en ese sentido, de acuerdo con funcionarios federales, permitió que volvieran a acercarse a José Antonio Yépez, El Marro, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, renaciendo la posibilidad de que capturen al rey del huachicoleo en El Bajío.

Aunque producto de un desastre y tragedias, lo que está sucediendo por fuera del escrutinio público en materia de seguridad, es positivo. La rectificación que se está haciendo ayudará al gobierno a ir recuperando la paz, aunque ciertamente, pronto, si se empieza a confrontar a los cárteles de la droga, se empezarán a notar bajas en las fuerzas federales. Sólo no combatiendo se evitan víctimas en el Ejército y la Guardia Nacional. Sólo enfrentándolos, la promesa de recuperar la paz y la tranquilidad nacional, de mantener la nueva estrategia, va a ser una realidad.

Tras el respiro que le dará a la economía la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, frenar el alza de los índices delictivos y el incremento de homicidios dolosos, debe ser el siguiente objetivo. López Obrador no perderá cara. Sólo necesita no a empatar en términos definitivos su discurso y la narrativa sobre el fenómeno, con las acciones. El presidente ha demostrado su pragmatismo y que está dispuesto a tomar riesgos aun mediante políticas en las que ideológicamente no cree. Enfrentar criminales es una de ellas, y lo que está haciendo es encomiable.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

La honestidad del PAN

En sus doce años de gobierno y aún antes, esto es en la administración de Ernesto Zedillo, los panistas han tenido personajes polémicos en las instancias de seguridad y justicia, algunos de los cuales son perseguidos y acusados de realizar actos ilegales como Eduardo Medina Mora  y Genaro García Luna, lo cual mina esa imagen de honestidad que fue la bandera que por años blandieron en el panorama político.

La historia negra del paso de los panistas por la impartición de justicia comenzó en el gobierno de Zedillo con Antonio Lozano quien ocupó la Procuraduría General de la República. La llegada del abogado causó esperanzas en un sector de la sociedad porque su militancia en un partido cuya bandera era la pulcritud y la honestidad generó la ilusión de que serían garantías de un trabajo impecable. Pero esto no sucedió.

Esa imagen pronto se desvaneció cuando Lozano contrató a una vidente, La Paca, para encontrar los restos del diputado tamaulipeco del PRI, Manuel Muñoz Rocha. El fraude costó a la procuraduría cuatro millones de pesos, pero el costo para Lozano fue mayor pues tiempo después tuvo que dejar el puesto y se dedicó a litigar en su despacho.

Otro panista célebre por sus tranzas en los tribunales es Diego Fernández de Cevallos alias El Jefe. Sin mayor prurito este abogado se dedicó a litigar mientras era legislador. Sus negocios le redituaron millones de pesos de ganancias.

Sólo por citar dos casos: por la devolución de impuestos a Jugos del Valle recuperó mil 540 millones de los cuales se llevó entre 30 y 50 por ciento. Luego, en el litigio por el predio en Santa Úrsula Coapa de la familia Ramos Millán ganó un porcentaje similar por los mil 214 millones de pesos que recuperó para dicha familia.

Cabe recordar que por el despacho de Diego Fernández han pasado prominentes socios como Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación; Arturo Chávez Chávez y Antonio Lozano Gracia ambos extitulares de la Procuraduría General de la República.

Otros miembros del PAN metidos en el mundo de las leyes o en la procuración de la justicia y que son investigados en México y en otros países por negocios turbios, son: el magistrado Eduardo Medina Mora y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Medina Mora, diplomático, exprocurador General de la República, director del extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), asesor de algunos organismos privados y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es investigado por el gobierno de Reino Unido mediante la National Crime Agency tras detectar transferencias millonarias hechas desde México a sus cuentas por dos millones 383 mil 526 libras esterlinas en los dos últimos años.

En tanto que García Luna, quien al igual que Medina Mora colaboró con el gobierno de Fox y el de Felipe Calderón, fue detenido este martes en Estados Unidos acusado de ayudar al Cártel de Sinaloa a “operar con impunidad” a cambio de millonarios sobornos, según informó el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue.

El hombre fuerte del gobierno de Calderón, tiene un largo historial de escándalos, entre ellos haber organizado con Televisa el escenario para la detención de una banda de secuestradores en la que incluyeron a la ciudadana francesa, Florence Cassez, quien resultó ser inocente.

Los panistas han manchado uno de sus principios rectores: la honestidad, y sin esta pierde confianza ciudadana en este tiempo de crisis en el que su fuerza esta menguada. Por cierto… Los planes de Felipe Calderón y Vicente Fox de erigirse como la oposición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador van al fracaso con los escándalos de sus correligionarios y excolaboradores. Difícilmente alguien puede creer que no estaban enterados de los negocios turbios de García Luna, Medina Mora, Antonio Lozano, Gómez Mont, Fernández de Cevallos y algunos otros que están en los expedientes de la justicia mexicana y extranjera.

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